Senado de Estados Unidos rechazó resolución para impedir ataques en Venezuela: ¿qué significa para la estrategia de Trump?
Congresistas del Partido Demócrata cuestionaron el hundimiento de la iniciativa que pretendía limitar las operaciones militares en el mar Caribe. Funcionarios del Gobierno de Donald Trump se refirieron a nuevas fases del despliegue en aguas internacionales.
Por: Jonathan Beltrán
En la noche de este 6 de noviembre, el Senado de Estados Unidos debatió sobre una resolución que buscaba restringir las operaciones militares ordenadas por Donald Trump en el mar Caribe. La iniciativa, que pretendía garantizar el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, se hundió por falta de respaldo de legisladores de ambos partidos.
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Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff lideraron la proposición que impediría a la administración de Donald Trump ejecutar ataques en aguas internacionales sin la autorización previa del Congreso. Los legisladores lograron el respaldo de un sector del Partido Republicano, pero el apoyo no fue suficiente para frenar los bombardeos en el Caribe.
El senador republicano Rand Paul intentó alcanzar votos favorables a la iniciativa entre el partido de gobierno para responder a las exigencias de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, la posición de Trump se impuso en el debate legislativo tras una reñida decisión en la que la bancada del mandatario republicano obtuvo 51 votos a favor y 49 en contra.
La propuesta bipartidista buscaba poner fin al uso de tropas estadounidenses para ejecutar ataques en territorio venezolano ante la escalada de disputas con la dictadura de Nicolás Maduro. Pese a los informes sobre posibles intervenciones en el país vecino, el Senado optó por permitir a Trump adoptar decisiones sin necesidad de someter a consideración del legislativo las operaciones programadas.
En su intervención en la sesión, el senador Kaine planteó que los ataques ejecutados contra embarcaciones en el Caribe han aumentado las tensiones con otros países de la región. En ese sentido, planteó que un posible operativo en Venezuela provocaría riesgos sobre la seguridad nacional, violaría convenciones internacionales y originaría riesgos de guerra
Petro pidió priorizar el diálogo ante posibles intervenciones en Venezuela
En los últimos días, funcionarios del Gobierno de Donald Trump han descartado la posibilidad de ejecutar ataques terrestres en Venezuela como parte de las acciones planificadas contra organizaciones narcoterroristas. El presidente Gustavo Petro destacó la importancia de esa postura y pidió mantener el diálogo para evitar una mayor escalada en las disputas.
“Si el Gobierno de Estados Unidos reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coincide conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los Estados Unidos, ni bajo los tratados internacionales”, afirmó el primer mandatario en la publicación en la que pidió convocar un encuentro entre ambos gobiernos para dialogar sobre la seguridad regional.
El secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en vincular a Nicolás Maduro y otros miembros de su círculo cercano al Cartel de los Soles. Sin embargo, sostuvo que entre los planes actuales de la administración Trump no se encuentra ejecutar ataques en contra de
laboratorios, pistas clandestinas, vehículos y embarcaciones vinculadas con la estructura ilegal en territorio venezolano.
El presidente Petro pidió a María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de Paz, participar en reuniones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos para acordar soluciones pacíficas. Asimismo, reiteró que el diálogo podría derivar en una convocatoria a elecciones con garantías reales para todos los aspirantes con el fin de restablecer la legitimidad democrática en el país vecino.
La proposición para impedir formalmente ataques a Venezuela se hundió solo una semana después de que la ONU reconociera por primera vez que los bombardeos estadounidenses en el Caribe, que han dejado más de 67 personas muertas, son ejecuciones extrajudiciales. Por eso, senadores demócratas reiteraron que —pese a la falta de apoyo a la iniciativa— se deben adelantar investigaciones contra funcionarios responsables de autorizar operaciones en las que civiles han sido asesinados.
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