Polémica: Fiscalía admite que se perdieron pruebas del caso Unimetro en Barranquilla

Sigue dando de qué hablar la disputa por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, fundada por los hermanos Eduardo, Jacobo, Alfonso y Gabriel Acosta Bendek –exsenador que falleció en 2014–, y que enfrenta a dos facciones de sus descendientes, que se han denunciado mutuamente por el apetito de los hermanos por la millonaria herencia.

CAMBIO estableció que se han destapado presuntas irregularidades a raíz de que se perdió evidencia clave en el juicio contra el exrector de la Unimetro Carlos Jaller y su esposa, Ivonne Acosta, expresidenta del consejo directivo de la institución e hija del exsenador Gabriel Acosta –reconocido como el mayor gestor de la universidad si se compara con sus hermanos–.

Jaller fue acusado por la Fiscalía por un supuesto desfalco a la universidad de 8.502 millones de pesos, ejecutado, supuestamente, a punta de contratos irregulares que suscribió entre 2015 y 2016, cuando fue rector. También fue acusado de instaurar una nómina paralela, de fichar a varios allegados y familiares suyos y por ocultar el material probatorio de sus supuestas maniobras.

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Por su parte, su esposa Ivonne Acosta enfrenta cargos por un supuesto fraude que habría cometido en noviembre de 2016 cuando quiso retomar el control de la universidad, para ese momento dirigida por su medio hermano Alberto Acosta Pérez, hijo extramatrimonial del exsenador Gabriel Acosta. 

Ivonne Acosta está enfrentada en este pleito por el poder en la Unimetro con el bando que conforman su medio hermano, el exrector Alberto Acosta y sus primos, Luis Fernando Acosta Osio, excónsul honorario de Colombia en Polonia, y Juan José Acosta Osio, quien también se desempeñó como rector de la universidad. Los Acosta Osio son hijos de Alfonso Acosta Bendek.  

Contra el matrimonio Jaller-Acosta pesa una medida de aseguramiento desde febrero de 2024, cuando fueron imputados por el presunto desfalco. La medida no ha podido ejecutarse, pues la pareja vive en Estados Unidos. El exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Fernando Castro Caballero, representante de Carlos Jaller, fue quien denunció que se habían perdido pruebas clave en el juicio. 

La evidencia que se perdió

Castro denunció que se habían perdido pruebas relacionadas con la documentación de varias empresas con las que supuestamente su cliente celebró contratos irregulares.

“Está muy claro que esa documentación no aparece, están las actas de los informes, las actas son las que prueban que los documentos sí se obtuvieron, pero no están. Entonces sí es muy extraño y preocupa a la defensa porque esos documentos acreditan la ejecución de los contratos, y desvirtúan los señalamientos que hace la Fiscalía, y no aparecen. Entonces tenemos una dificultad con eso. Las empresas no necesariamente dejaron copia de todo lo que se llevó la Fiscalía (…) y bueno, esa es la situación, no es la primera vez que se pierden documentos, entiendo, entonces sí es muy preocupante una serie de situaciones irregulares que han venido ocurriendo en este caso”, manifestó el abogado Castro en una audiencia el pasado 6 de octubre.

“Es preocupante que las pruebas favorables a la defensa no aparezcan. Los documentos como tal, que son la prueba en sí, no aparecen, y entonces eso es muy preocupante para la defensa teniendo en cuenta que uno de los cargos que se hace contra el señor Jaller (…) es que esos contratos que se dicen celebrados con esas compañías no eran reales, eran ficticios y eran una forma de sacarle dinero a la universidad”, añadió Castro.

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El fiscal del caso, Luis Aldrey Pinilla, admitió que no aparecen los documentos solicitados tanto por Castro como por el abogado Jonathan Peláez, apoderado de Dorina Tapia, exsecretaria del exrector Jaller y procesada por presunto enriquecimiento ilícito en el mismo caso Unimetro. Dice que solo tienen en su poder un informe que se elaboró en 2022 con base en la documentación. El fiscal aseguró que dejó una constancia sobre lo que sucedió.

“Haciendo una trazabilidad, el funcionario investigador que rindió el mencionado informe tan solo pudo recuperar un acta de inspección de la empresa Praeco SAS, eso fue remitido a los abogados Peláez y Castro Caballero. Los demás elementos que están contenidos en las actas no se han podido recuperar, haciendo trazabilidad en los correos. Para poder recuperarlos este delegado remitió una solicitud a las empresas que remitieron dicha información para que nos hicieran llegar esas copias (…) Sin embargo, su señoría no se pudo realizar dicha situación como quiera que las empresas no contestaron y no se pudieron obtener esos elementos”, señaló el fiscal Pinilla.

“La Fiscalía como institución ha sido demasiado omisiva frente a la gravedad de lo aquí sucedido. Desde hace año y medio sabemos que está perdida la información. Hace un año y medio se le informó al fiscal Pinilla sobre la pérdida de la información”, añadió el abogado Jonathan Peláez.  

“Yo no veo que se mande a investigar a los tres fiscales que tuvieron el proceso donde se perdió la información, no veo que se mande a investigar a los seis o siete policías judiciales que hicieron las inspecciones”, puntualizó Peláez sobre las actuaciones del capitán Johan Cruz Velázquez, autor del informe de las pruebas extraviadas, y varios fiscales que conocieron previamente el caso. 

Llamado de atención de la jueza

La jueza 55 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, Laura Patricia Melo, dejó una constancia expresando su preocupación porque la Fiscalía no haya compulsado copias para que se investigue eventualmente la pérdida del material probatorio perdido.

“Quiero dejar esa constancia porque esto, doctor Aldrey, usted lo envía como compulsa de copias, pero esto no se hizo como una compulsa de copias (…) No se ha iniciado ningún tipo de compulsa de copias ni se ha instaurado una denuncia por esta situación”, señaló la jueza en una diligencia de principios de octubre.

El proceso, por el que en el año 2021 la Corte Suprema de Justicia también condenó al exsenador del Partido de la U Eduardo Pulgar, continúa su curso en medio de peticiones formales para que se esclarezca dónde están los documentos extraviados y se determinen posibles responsabilidades disciplinarias y penales de los funcionarios judiciales y de policía judicial posiblemente involucrados.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.