Entre enero de 2010 y marzo de 2025, 6.871 menores entre los 14 y los 18 años han sido sancionados por el delito de homicidio.
Los niños que se convirtieron en asesinos: una cruda realidad en Colombia
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La investigación contra el menor de 15 años que disparó a quemarropa contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha abierto un debate sobre la efectividad de la justicia que hoy se imparte a los menores de edad en el país. En los últimos 15 años, casi 7.000 menores han sido sancionados por cometer homicidios. Y son más de 96.000 los sentenciados por múltiples crímenes.
Un niño cuya madre falleció. Un padre ausente que vive fuera del país. Que tiene 15 años, dice la Fiscalía, o 14, dicen otros actores. No importa. Un niño que a fin de cuentas se hizo viral por una oscuridad que le pesa: asestar tres balas 9 milímetros con una pistola Glock en el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay, quien lucha por su vida en un cuarto de hospital tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio.
Un niño, según define la ‘Convención Internacional sobre los Derechos del Niño’ a todo menor de 18 años, que dejó su inocencia en un entorno hostil. Que rechazó la oferta para jóvenes vulnerables de la Alcaldía de Bogotá y tuvo un breve paso por ‘Jóvenes en Paz’, un programa presidencial. Ese niño que, según vecinos, pasara sus días en un parque entre el humo de la marihuana y ahora está interno en el búnker de la Fiscalía afrontando un proceso por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
El menor al que, presuntamente, le prometieron 20 millones de pesos por la 'vuelta' contra el precandidato presidencial Uribe Turbay y que actuó bajo las instrucciones de otros adultos, dijo el ente acusador, engrosa hoy la cifra de los 274.559 menores entre los 14 y los 18 años que en los últimos 14 años ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes para afrontar procesos por los mismos delitos creados para los adultos. La cifra sale del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y data de 2010, con corte a agosto de 2024.
El niño sicario que atentó contra Miguel Uribe recuerda, sin remedio, a otro niño sicario que a sus 16 años asesinó, el 22 de marzo de 1990, al candidato presidencial por la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa en el aeropuerto de Bogotá. Ese menor, Andrés Arturo Gutiérrez Maya, cuyo rostro salió en noticieros de la época, corrió la misma suerte que su víctima, pues fue asesinado en enero de 1992 tras salir libre del centro de atención para jóvenes El Redentor.
“Nosotros tuvimos aquí a un pelaíto de Cali que atentó contra un ministro y lo mataron. Tuvimos al que mató a Bernardo Jaramillo y en una salida que le dieron a su casa, lo pillaron y lo asesinaron. Esa es otra situación: hay que opacarlos para que no hablen. Son víctimas por donde se vea”, le dijo a CAMBIO el padre Arnoldo Acosta Benjumea, de la comunidad religiosa de los Terciarios Capuchinos, que por muchos años administró el centro de resocialización El Redentor y hoy maneja otros centros juveniles en varias ciudades.
Acosta expuso una dura realidad que atraviesan los menores que cometen homicidios: muchos terminan muertos. “A ellos los envían de carne de cañón. Le comentaba el caso de los niños, sobre todo venezolanos, que llegan a Cúcuta. Los captan, los ponen a llevar armas, los ponen luego en labores de sicariato y luego los matan. Así de sencillo”, reconoce Mónica Gómez Vera, juez penal de Circuito para Adolescentes en Cúcuta.
La pobreza detrás de los menores que son determinados para matar
Entre enero y noviembre de 2024, según datos del ICBF, 5.904 menores de edad ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPRA). A 180 menores les abrieron procesos por presuntamente matar. Ello equivale al 3,05 por ciento del total de los que ingresaron al sistema, pues la mayoría, 1.420 jóvenes, lo hicieron por presuntamente robar (24,05 por ciento); 726 por traficar o portar drogas (12,3 por ciento), y 532 por violencia intrafamiliar (9 por ciento). El homicidio figura como el noveno delito por el que más ingresan los jóvenes al sistema. La misma tendencia delictiva se evidenció en los años 2022 y 2023.
En el caso de los menores homicidas hay varios puntos por considerar. Contrario a lo que expresó la directora del ICBF, Astrid Cáceres, sobre la “instrumentalización” de quien disparó contra Miguel Uribe Turbay, la jueza Gómez Vera explica que los adolescentes “no son instrumentalizados”, son determinados por otros, que es distinto. También precisa que no a todos los menores los abordan como víctimas en el sistema, pues son considerados infractores que comprenden lo que hicieron pero que tienen una capacidad de culpabilidad disminuida. “Tenemos que precisar el lenguaje porque en derecho penal cuando se habla de instrumentalización es cuando el sujeto no tiene responsabilidad penal. Partir por reconocer que un adolescente en Colombia, a partir de los 14 años, es un sujeto de responsabilidad penal”, expresó.
Gómez advierte que hay circunstancias adversas que llevan a los menores de edad a ser determinados; es decir, inducidos por otros para cometer delitos.
“Lo que nadie se está cuestionando en estos momentos es por qué un niño de 14 años se levanta un día en la mañana a agarrar un arma 9 milímetros para atacar a otra persona. Eso no se construye en la noche de la mañana. Nosotros día a día tenemos que ver y conocer cara a cara el dolor, la miseria, el hambre, el sufrimiento, el abandono, la negligencia. Principalmente de la familia, pero también del mismo Estado (…) ¿Qué pasa? Son bombas de tiempo producto de una sociedad en decadencia: una crianza negligente, descuidada, que permite que ese joven empiece a tener comportamiento de adulto porque se aguantan que hagan lo que sea con tal de que lleven un kilo de carne a la casa. Un consumo problemático de sustancias estupefacientes, una exposición a un entorno negativo, una precariedad económica donde fácilmente son captados por grupos organizados, por delincuencia organizada, por quien sea”, manifestó la jueza.
El músico y educador argentino Nicolás Gori, que ha dedicado la mayoría de su vida a trabajar con los jóvenes más vulnerables, primero en Argentina, en las villas más empobrecidas, y después en Colombia, a donde vino a parar hace 13 años, asegura que en ningún centro de atención especializado del país –donde los menores purgan sus sanciones de internamiento– hay un solo adolescente rico. El encierro, dice, es un sino exclusivo de los jóvenes precarizados, abandonados, que desde muy temprano van por las calles en modo de la supervivencia más cruda y con el porvenir agrietado y ensombrecido.
Gori, que en su trabajo lo ha visto todo, dice que los adolescentes del SRPA son, entre la población marginada, la más dramáticamente vulnerable y estigmatizada: niños y niñas a los que les fue negada la infancia y que de repente se convierten en parias que destapan las ollas podridas de nuestros países tan dramáticamente desiguales. El argentino afirma que los adolescentes encarcelados quieren lo mismo que los adolescentes de “bien”: plata para comprarse un par de zapatillas nuevas, para irse de fiesta, para darle un regalo a la mamá. Oportunidades de ocio, de educación, afecto. La gran enemiga, el gran cáncer, tiene para el argentino y para la jueza cucuteña nombre y apellido: pobreza estructural.
Los 6.871 menores que han sido sancionados por asesinar
CAMBIO estableció, en un trabajo de datos con las cifras de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura que entre 2010 y marzo de 2025, 6.871 menores entre 14 y 18 años han sido sancionados por el delito de homicidio, con castigos que van hasta los ocho años de privación de la libertad en centros especializados. También se reportan otras 18 sanciones por feminicidios en los últimos cinco años.
El mayor número de sanciones se presentaron entre los años 2015 y 2019, anualidades que registran más de 500 decisiones contra niños por el acto de matar a otros. El grueso de los sancionados –porque en el SRPA no es correcto el término condena– son varones; las niñas representan un promedio de entre el 5 y el 10 por ciento del total de los sancionados.
La privación de la libertad es la tercera modalidad de sanción más impuesta en Colombia. Se da en centros especializados a cargo del Bienestar Familiar. La primera modalidad es la libertad vigilada; la segunda, la imposición de reglas de conducta. Es probable que estas dos últimas modalidades de sanciones estén incidiendo en el fenómeno de la reincidencia en el delito.
Según cifras de la Judicatura, en 2020 hubo 94 adolescentes sancionados que reincidieron en asesinar a otros. En 2021 hubo 27 reincidentes; en 2022, 23 casos, y entre enero y septiembre de 2023, 23. Esa reincidencia se ubica en un promedio del 8 por ciento del total de sanciones. Para el mismo periodo de 2023, por ejemplo, iban 262 jóvenes sancionados por matar.
Cristina Velasco, coordinadora del Programa Distrital de Justicia Restaurativa de Bogotá, advierte que solo el 5 por ciento de los jóvenes que llegan al programa reinciden en los delitos cometidos; el 95 por ciento de las víctimas subsanadas gracias al programa se sienten satisfechas con las acciones restaurativas y de reparación efectuadas. Los datos históricos, dijo, arrojan que la reincidencia en los casos en que los jóvenes son privados de libertad y no atraviesan procesos restaurativos oscila entre el 25 y el 30 por ciento.
Pero a ese sistema de justicia restaurativa, al que llegan los menores para recibir una oferta institucional y unas rutas de atención que permitan reparar el daño que sufrieron y el que ocasionaron a sus víctimas, no llegan todos los sancionados, en especial quienes tienen expedientes por homicidio.
“Hay un sistema de entrada en el que cualquier institución puede proponer que el adolescente entre. Se hace una evaluación de ese caso específico y se dice si entra o no entra, porque hay casos realmente muy graves que nos da susto tomar. Estoy hablando específicamente de homicidios o ciertas agresiones sexuales que van con lesiones personales y homicidios, que no estamos en capacidad de tratar porque exigen un tratamiento muy fuerte, muy especializado, psicosocial, psiquiátrico médico, que ya se nos sale de las manos como sistema de justicia restaurativa y toca preparar a las instituciones. Inicialmente, nosotros entramos solo con hurtos simples. En estos 12 años, hemos adquirido alguna experiencia que nos habilita para aceptar adolescentes de otros tipos penales que hayan cometido”, dijo Héctor Peña Salgado, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y coordinador de la Mesa de Justicia Restaurativa de la capital del país.
CAMBIO también estableció que en la actualidad no hay sistemas unificados de información entre los mismos actores del sistema que permitan medir qué fue de los menores en la etapa posterior a su sanción. La vigilancia de las sanciones les corresponde a los jueces que las imponen, quienes ya tienen una carga laboral considerable. Tampoco hay un sistema que determine qué redes criminales están detrás de los crímenes cometidos por menores como el que atentó contra el senador Uribe Turbay.
“No hemos podido compartir la información que tiene el Instituto, que tiene la Fiscalía, que tiene la Rama Judicial, que tiene la Defensoría Pública, que tienen las entidades privadas en un solo bloque informativo, o un sistema de información que nos permita sacar ciertas conclusiones, por ejemplo, del territorio. A mí me interesa mucho la delincuencia por territorio y no hemos podido determinarla”, agregó el magistrado Peña.
Los menores utilizados para matar en la violencia política
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no contempla que a un joven le queden anotaciones judiciales públicas por los delitos que cometió. Por eso la resocialización de los menores sancionados por el sistema es crucial ante su proximidad con la llegada de su mayoría de edad.
Por ejemplo, Byron de Jesús Velásquez, el conductor de la moto con la que se cometió el del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 3 de abril de 1984, 18 años tenía. “En los años noventa se da un proceso muy particular que se está repitiendo hoy y es la convergencia entre los carteles y los grupos más importantes de criminalidad organizada, con fenómenos de delincuencia juvenil como bandas locales o pandillas, o fenómenos más relacionados con dinámicas del sistema de responsabilidad penal adolescente”, expresó el doctorado en Criminología, Derecho y Justicia Jorge Mantilla.
“En los noventa, los carteles empezaron a utilizar a menores de edad con esta lógica que ellos denominaban como los ‘suizos’ para hablar de misiones suicidas en donde realmente había una instrumentalización y una utilización completa de los menores, con la perspectiva, uno, de que no hablaran. Dos, que no fueran judicializados por los vacíos legales y en términos penales que hay en el tema de los menores. Y tres, porque eran menores que empezaban a hacer parte de unas carreras criminales más específicas y sofisticadas”, agregó el experto.
En el fallo judicial contra uno de los escoltas del excandidato presidencial del M-19 Carlos Pizarro Leongómez quedó expuesta la modalidad de reclutamiento de los grupos paramilitares en los noventa para captar jóvenes para crímenes políticos. De hecho, un juez advierte que Gerardo Gutiérrez alias Yerry, que fue reclutado por paramilitares y asesinó en un avión a Pizarro, sostuvo un “lazo de amistad” con el sicario que acabó con Bernardo Jaramillo Ossa.
“Estos dos jóvenes, como se demostró en la actuación, fueron reclutados y entrenados por el grupo ilegal bajo el mando de Fidel Antonio y Carlos Castaño Gil, para ejecutar a los líderes políticos”, dice una sentencia del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá contra Jaime Ernesto Gómez, el exescolta de Pizarro que asesinó a Yerry en el mismo avión.
La Fiscalía General de la Nación aún no establece qué estructura está detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, pero ya determinó que hay otro implicado en el crimen ejecutado con frialdad por el menor de 15 años, que fue identificado por su corte mullet.
Las problemáticas estructurales que aquejan a los adolescentes del país y empujan a un porcentaje de ellos a cometer crímenes no son nuevas y merecen la atención urgente de nuestras autoridades. Un adolescente procesado, sancionado y sin una oferta atractiva de justicia restaurativa es una bomba de tiempo en un país que se indigna periódicamente por múltiples asuntos. El Congreso tiene en sus manos un proyecto de ley que modifica el Código de la Infancia y la Adolescencia para incluir y profundizar los mecanismos de justicia restaurativa y terapéutica en el sistema con el que se procesa a los menores, que van in crescendo en la criminalidad pese a los lamentos institucionales.
