
El padre Arnoldo Acosta y la penalista Mariana Botero analizan el sistema con el que se procesa y juzga los crímenes cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 18.
Crédito: Foto: Fundación Luis Amigó y cortesía.
Por el niño que atentó contra Miguel Uribe, ¿debe reformarse la justicia para los menores en Colombia?
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El padre Arnoldo Acosta Benjumea, de la congregación religiosa de Terciarios Capuchinos, que ha trabajado en la resocialización de menores sancionados, y la penalista Mariana Botero Ruge, analizan cómo funciona el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tras la polémica que ha generado el hecho de que el agresor del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sea un menor de 15 años.
Por: Ana María Cuesta

La captura -o aprehensión- del menor de 15 años que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el tratamiento que él tendrá como una víctima y como un sujeto de especial protección constitucional en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el que pagaría una sanción máxima de ocho años de internamiento en un centro de atención especializado, ha abierto un debate sobre la necesidad de reformar dicho sistema ante este tipo de crímenes atroces.
CAMBIO dialogó con dos expertos que tienen amplio conocimiento y experiencia en el funcionamiento del sistema con el que se procesa y juzga los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. Explican por qué un menor de edad no debe ser procesado como un adulto, como piden algunos abogados y ciudadanos, ante la gravedad que supone el acto de violencia política cometido contra el senador del Centro Democrático.
El padre Arnoldo Acosta Benjumea, de la congregación religiosa de Terciarios Capuchinos, que en este momento atiende centros de atención especializados para menores de edad en Popayán, Medellín, Manizales y Tunja, y que por varios años manejó la correccional juvenil El Redentor, en Bogotá, y la penalista y politóloga Mariana Botero Ruge, experta en asuntos sobre violencia de género, advierten por qué es importante la protección integral de los menores de edad en el sistema que hoy algunos actores cuestionan.

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CAMBIO: A propósito del atentado contra el precandidato Miguel Uribe, varios actores están pidiendo que su agresor, de 15 años, sea procesado como un mayor de edad. ¿Debe replantearse el sistema para esos delitos gravísimos?
Arnoldo Acosta: A un menor no se le debe juzgar nunca como un adulto. Ese muchachito es un idiota útil, digámoslo así, y desafortunadamente lo que yo conozco de cada uno de los muchachos, así sea en faltas muy graves, no significa por ello que hay que aplicarles todo el peso de la ley como unos adultos. La legislación colombiana y el Código de Infancia y Adolescencia contempla entre uno hasta ocho años de sanción, empezando por un proceso en un centro preventivo; pero el problema es mucho más de fondo con los menores y en lo que he observado este joven pertenece a una sociedad muy pobre. Es un sistema que está muy corrompido, en el que los niños, jóvenes y adolescentes son víctimas de una sociedad de injusticia y de una serie de vejámenes que los ha llevado a estas circunstancias. Esto es un niño pagado, ¿no? Detrás de esto están los adultos. Los utilizan y ellos por la plata se dejan fascinar. Y como supuestamente la consciencia es que a los menores no les hacen nada y como la sociedad no puede ser punitiva con ellos. Pero lo que hay que replantear es qué es lo que está pasando. Es tan doloroso el atentado de una persona como la vida de un niño que llega a estos extremos de tener que delinquir por muchas razones, entre ellas porque está aguantando hambre o porque no se le han dado las oportunidades. El tema es muy candente y muy difícil, pero no me parece que es para que se diga que a este muchacho deba condenársele a cadena perpetua.
CAMBIO: Revisando estadísticas, el fenómeno de la reincidencia entre los menores que han sido sancionados por homicidio en promedio es del 10 por ciento del total de los sancionados anualmente. Es decir, vuelven a matar…
A.A.: De acuerdo con que hay una alta reincidencia, pero la situación es: ¿por qué se da la reincidencia? Por varias razones. Una, porque el muchacho no quiso asimilar o, la mayoría de las veces, porque las condiciones que se le ofrecen en el centro no son las mismas que encuentran después al terminar un proceso. Entonces, como no han cambiado las situaciones sociales que lo llevaron a una condición como esta, pues es imposible que un muchacho que salga rehabilitado y con toda la mejor intención, pero que no encuentra trabajo o estudio o mejoras, pues vuelve a reincidir. Pero hay otro sentido psicológico. Hay personalidades muy confusas, muy difíciles. Cuando nosotros estábamos en El Redentor, uno de los problemas que habíamos tenido es con muchachos que habían reincidido y que ya habían ido a la cárcel. Hay que analizar cuáles son las condiciones que han tenido estos menores. Con un muchacho que comienza a reincidir la legislación debería decir: tuvo una primera oportunidad. Pues ese tendría que tener una medida diferente y no repetir lo mismo que ya recibió.
CAMBIO: ¿Es una limitación el hecho de que un menor que ha matado o que ha intentado matar a otros no le queden antecedentes por esos crímenes que cometió?
A.A.: Creo que no se les debe juzgar a los menores ni dejar esos antecedentes, pues sería dañar una hoja de vida de una persona que apenas está en formación, que apenas está enfrentando la vida. Pero nosotros tenemos casos exitosos, casos de muchachos que después de cometer un delito grave han pasado por nuestro sistema y se han recuperado. Hoy son profesionales, padres de familia. Tenemos incluso hasta gente en el Senado que han terminado bien. Aquí, legislar para todos me parece que es muy peligroso. Pero sí tendría la legislación que entrar a determinar qué casos sí y bajo qué circunstancias. Aquí tendría que entrar muy fuertemente, quienes creemos en Dios, en Jesús y su palabra, habría que actuar con muchos criterios de misericordia y de compasión, que no es alcahuetear.

CAMBIO: ¿Qué deberíamos hacer? Pues ya es un hecho que las redes criminales instrumentalizan a los menores porque la ley es laxa con ellos…
A.A.: Es que esto es una descomposición social muy fuerte y no pueden cargar a los menores así no más. Fíjate cuántos menores están reclutando. Esto es un problema de organización criminal muy fuerte. Y no por ese hecho entonces tenemos que cargar con los menores porque se están aprovechando de ellos. Aquí el problema es cómo le trabajamos a todas bandas delincuenciales que están reclutando y cómo les damos alternativas distintas a los jóvenes. Los centros especializados no son lo mismo que una cárcel, pero hay algunos centros en condiciones muy difíciles que no están ofreciendo los parámetros de la ley para la resocialización…
CAMBIO: Usted es optimista con la efectividad del sistema y tiene casos de éxitos…
A.A.: Tenemos casos de éxitos y de fracaso. Hay como tres lugares donde los muchachos nuestros, los que hemos atendido, van: los que salen triunfantes y aprovecharon todo lo que se les dio, los que definitivamente se perdieron porque volvieron a reincidir y los que están en la cárcel o los que mataron, porque también muchos jóvenes son asesinados. Nosotros tuvimos aquí a un pelaito de Cali que atentó contra un ministro y lo mataron. Tuvimos al que mató a Bernardo Jaramillo y en una salida que le dieron a su casa allá lo pillaron y lo asesinaron. Esa es otra situación: hay que opacarlos para que no hablen. Son víctimas por donde se vea.

La sanción que verdaderamente va a ayudar a fortalecer la democracia no es a este niño, dice Mariana Botero
CAMBIO: ¿Qué escenarios le esperan al menor que disparó contra Miguel Uribe según la ley colombiana?
Mariana Botero: La indignación es absoluta y evidente frente a qué hace un menor de edad cometiendo este tipo de delitos. ¿Dónde están los papás y qué lo llevó a esto? Y obviamente generará indignación el hecho de que el trámite que se le dé al proceso de este menor de edad no va a ser el mismo ni tendrá las mismas repercusiones jurídicas ni va a tener las mismas consecuencias. Hay mucha gente que va a responder: ‘no pues es que si ya está cometiendo este tipo de delitos ya tiene que responder como mayor de edad’. Pero así no funciona el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En el caso del menor que atentó contra Uribe, sí se va a activar un proceso penal, pero este proceso va a ser regido con unas normas diferentes, porque se entiende que el hecho de que un menor de edad esté cometiendo una conducta punible es un fenómeno que responde a cosas diferentes a si lo estuviera cometiendo un mayor de edad. Porque la Constitución, en su artículo 44, advierte que los derechos de los menores prevalecen sobre cualquier otro derecho que esté en pugna. En ese sentido, lo que tiene que buscar el Estado es determinar por qué lo hizo y qué lo llevó a ello. Tenemos que estarnos preguntando qué redes criminales están instrumentalizando a los menores de edad para que cometan esos delitos y se están aprovechando precisamente de que la ley penal para menores de edad es mucho más laxa para que los niños que aceptan estas dádivas sepan que no están arriesgando lo suficiente.
CAMBIO: ¿Qué responde a quienes piden cambios para que menores que cometen este tipo de crímenes sean juzgados como adultos?
M.B.: Aquí tenemos tres normas principales: el Código de Infancia y Adolescencia, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Estos últimos también cobijan a los mayores de edad. Pero aquí la ley que va a estar dictando las modificaciones que se requieren es el primero: el Código de Infancia. Con él se busca aplicar a los adolescentes una sanción que debe ser revisada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que tendrá una misión restaurativa, cosa que cuando el menor de edad la termine no vuelva a caer en redes criminales y podamos evitar que, ya siendo mayor de edad, continúe con la comisión de esos delitos. Muchas personas piensan en justicia igual a años de cárcel y entre más años de cárcel mejor y se enviará un mejor mensaje a la sociedad. Sin embargo, esa teoría está mandada a recoger hace mucho tiempo, porque partiría de la base de que los seres humanos somos racionales y no lo somos realmente. Y esta teoría que decía que las penas entre más altas más van a prevenir la comisión de los delitos se ha demostrado que no va a reducirlos.
CAMBIO: ¿El menor podrá colaborar en la investigación para determinar a los autores intelectuales o no está obligado?
M.B.: Justicia no es únicamente los días que se pase en prisión. Justicia también es el derecho que tiene la familia de Miguel Uribe como víctima en este momento, por ahora de tentativa de homicidio, a saber lo que pasó. Y en ese sentido, a los menores se les facilita la posibilidad de que, a cambio de que sean restaurados y protegidos sus derechos, ellos hagan un aporte a la verdad de por qué terminaron cometiendo el delito que estaban cometiendo. La justicia penal para adolescentes no es una justicia que busque la venganza, sino que busca la resocialización. Y la justicia penal para adolescentes lo que busca es una justicia de tipo restaurativa que procure que la víctima se sienta reparada no solo desde la pena a imponer, sino desde la búsqueda de la verdad.
CAMBIO: ¿Cómo se resuelve la tensión entre el menor victimario y víctima?
M.B.: Quien cometió un delito también es víctima de algo. No sabemos de qué. Aquí se tiene que iniciar un proceso administrativo de restablecimiento del derecho en favor del menor de edad como víctima. Eso no quiere decir que no se investigue el tema y que no haya justicia porque se tiene que investigar qué fue lo que llevó a que ese niño hiciera lo que hizo. Las bandas criminales suelen instrumentalizar a menores de edad que tienen necesidades. Aquí, si se evidencia que el menor de edad cometió esta conducta por alguno de los eximentes de responsabilidad penal que están contemplados en el Código Penal, pues podríamos estar en una situación donde no se va a aplicar una pena, sino que se va a entender que el menor de edad es una víctima y se van a aplicar medidas de reparación.
CAMBIO: ¿Cuál sería la pena a imponer al menor?
M.B.: Pagaría de dos a ocho años de privación de la libertad, no en cárceles, si se consuma el homicidio. Estas siguientes horas serán clave para saber también qué va a ocurrir con el menor de edad, pues en este momento está en una tentativa de homicidio, lo que le dará una reducción a la pena a imponer a un homicidio consumado, que le puede dar entre 2 y 8 años los cuales se tienen que cumplir en total sin recibir ningún tipo de beneficio. Ahí, lo que debe observar la autoridad judicial son criterios de la responsabilidad penal, es decir, es muy diferente que sea un niño que acaba de cumplir los 14 o uno que está por cumplir los 18. Las particularidades del contexto también. Entiendo que la madre del menor falleció y que el padre no está en el país. En ese sentido, ¿bajo qué lógicas lo están cuidando? Ver si está escolarizado, si ha tenido problemas, si ha tenido abusos previos. La gravedad de la conducta punible que cometió. En este caso estamos en el rango de los delitos más graves. El daño causado y por eso te decía que es muy importante saber qué pase con la vida de Miguel Uribe. Y la necesidad que la víctima tiene y pues que la sociedad tiene que haya una sanción social. Al menor sí se le va a imponer una sanción, pero la gente debe entender que la sanción que verdaderamente va a ayudar a fortalecer la democracia no es a este niño, es a quienes lo instrumentalizaron a él para que se pusiera en riesgo.
