"Carlos Ramón González no es un prófugo, es un asilado político": abogado Iván Cancino
La Fiscalía solicitó la prórroga de una medida de aseguramiento, que no ha podido materializarse, debido al asilo político que Nicaragua le concedió al exdirector del Dapre, considerado un prófugo de la justicia. Su abogado lo defendió con vehemencia.
Por: Ana María Cuesta
El próximo 24 de junio el Tribunal Superior de Bogotá definirá si prorroga, o no, la medida de aseguramiento que actualmente pesa contra Carlos Ramón González Merchán, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre-, a quien la Fiscalía considera un prófugo de la justicia.
El defensor de González, Iván Cancino, señaló durante una audiencia este miércoles que su cliente no es ningún prófugo, como lo señala el ente acusador.
“Carlos Ramón González, como está acreditado en el proceso, salió del país antes de tener cualquier medida de aseguramiento, inició un trámite de asilo antes de cualquier petición definitiva. De tal manera que cuando inició los trámite, o las virtudes para el asilo, con el argumento que él creyó, asilo en el que no tuve participación yo en su redacción, pero obviamente sí lo conocí, le dieron la razón. De tal manera que en este momento, para el derecho internacional, él no es un prófugo, él es un asilado político”, dijo Cancino.
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"La realidad es que la palabra asilo tiene acepciones muy claras y significados: protección otorgada a personas perseguidas en sus países", añadió el abogado.
La solicitud de la Fiscalía
La fiscal delegada María Cristina Patiño solicitó este miércoles la prórroga, por un año más, de la medida de aseguramiento dictada en 2025 contra González Merchán, por su posible participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.
A González se le investiga por los delitos de peculado por apropiación, cohecho por dar u ofrecer y lavado de activos por, presuntamente, haber determinado el pago de sobornos por 4.000 millones de pesos para los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle.
La medida de aseguramiento contra el exfuncionario, que el año pasado fue cobijado con asilo político en Nicaragua, perderá su vigencia en julio de 2026. Por esa razón, el magistrado Fabio Bernal del Tribunal de Bogotá definirá el 24 de junio si la prorroga o no, como solicitó la fiscal.
La fiscal María Cristina Patiño cuestionó en la audiencia que la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exfuncionario, considerado en su momento la mano derecha del presidente Gustavo Petro, no haya podido materializarse por cuenta del asilo que solicitó alegando una supuesta "persecución política judicial y mediática impulsada por la extrema derecha colombiana”.
Patiño está convencida de la participación criminal de González en el entramado de corrupción de la UNGRD. “Se ha demostrado que al interior de las ramas legislativa y ejecutiva se llevaron a cabo comportamientos que se enmarcan en las más altas esferas de corrupción pública”, añadió la fiscal.
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