Ordóñez, el embajador que asumiría con un millonario pleito por la destitución de Piedad Córdoba
El Consejo de Estado se prepara para fallar una demanda que presentó la Procuraduría General de la Nación contra quien fuera su máximo jefe: el exprocurador general Alejandro Ordóñez. Le reclaman más de 1.674 millones de pesos por la destitución e inhabilidad que dictó contra la fallecida exsenadora Piedad Córdoba.
Por: Ana María Cuesta
Carlos Suárez, estratega político de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, confirmó en las últimas horas que Alejandro Ordóñez Maldonado, uno de los exprocuradores generales más polémicos de los últimos años, asumirá por segunda vez como embajador del gobierno colombiano ante la Organización de Estados Americanos OEA, cargo que ya ocupó durante la Presidencia de Iván Duque.
Ordóñez, que protagonizó varias controversias en la Procuraduría, por ejemplo, por sus convicciones religiosas, que afectaron los derechos de la comunidad LGBTIQ+, afronta actualmente una demanda de repetición que la misma Procuraduría General presentó en su contra y con la que pretenden que, de su propio bolsillo, le devuelva al Ministerio Público 1.674 millones de pesos que tuvieron que pagar para indemnizar a la fallecida exsenadora Piedad Córdoba.
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La Procuraduría advierte que Ordóñez les generó un gran perjuicio por cuenta de la destitución e inhabilidad por 18 años que él dictó en contra de Córdoba, en el año 2010, por sus supuestos nexos, promoción y colaboración con la guerrilla de las Farc. Sanción que, seis años después, fue anulada por el Consejo de Estado por considerar que se basó, principalmente, en unas pruebas consideradas ilegales e inválidas: el material extraído del computador de alias Raúl Reyes, obtenido de la ‘Operación Fénix’.
La Procuraduría espera que Ordóñez, de su propio patrimonio, devuelva toda la carga económica que ellos tuvieron que asumir por cuenta de los salarios y prestaciones sociales que Córdoba dejó de recibir entre el 3 de noviembre de 2010 y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó la legislatura.
El caso está próximo a fallarse
El presidente del Consejo de Estado Alberto Montaña anunció, a mediados de julio y a través de un auto, que su despacho ya reunió todos los elementos para dictar una sentencia que resuelva la acción de repetición presentada contra Ordóñez, quien también trabajó como magistrado del Consejo de Estado entre los años 2000 y 2008.
El Ministerio Público busca que su exjefe sea declarado "responsable por culpa grave en su actuación, al haber expedido los fallos disciplinarios de 27 de septiembre y 27 de octubre de 2010" por medio de los cuales se sancionó con destitución e inhabilidad a Córdoba; decisiones que fueron declaradas nulas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en 2016.
La abogada de Ordóñez, Ruth Stella Correa, ha defendido a su cliente advirtiendo que la destitución de Piedad Córdoba estuvo “amparada en derecho” que, en ese sentido, él no actuó con “culpa grave” y que su decisión se basó en varias determinaciones de carácter administrativo que justificaron su actuación.
La culpa grave implica que Ordóñez actuó de manera negligente e imprudente, como jefe del Ministerio Público.
De fallarse en su contra, la acción de repetición no representa ninguna inhabilidad o incompatibilidad para la posesión de Ordóñez en la embajada, pues se trata de una acción de carácter civil que sólo persigue patrimonialmente a un exfuncionario por haber cometido un error, con dolo o culpa grave, que generó una condena contra el Estado.
Las sanciones que le tumbaron a Ordóñez
La destitución a Piedad Córdoba no fue el único error cometido por el exprocurador general Ordóñez quien llegaría nuevamente a la embajada de Colombia en la OEA, con sede en Washington.
Otra de las famosas sanciones que se le cayó al exprocurador fue la destitución por 15 años, impuesta en 2013, contra el hoy presidente de la República y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, relacionadas con sus decisiones por el cambio en el modelo de las basuras para la capital del país.
El Consejo de Estado anuló la sanción contra Petro y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- condenó al Estado colombiano, ordenándole adecuar sus normas internas para que, en adelante, las autoridades administrativas como la Procuraduría no puedan afectar los derechos políticos de los funcionarios de elección popular.
Ese componente de la sentencia Petro Urrego Vs. Colombia aún es una deuda que el Estado colombiano tiene por cumplir con relación al famoso fallo de la Corte IDH que, en 2020, protegió los derechos políticos de Petro.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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