Rodrigo Lara asumirá la presidencia del CERREM: estas son las funciones que tendrá sobre la protección en Colombia
El ministro del Interior firmó una circular para dirigir sin delegar el comité que decide qué protección reciben los amenazados en el país. La medida recae sobre un comité que pertenece a una entidad arrastrada por años de denuncias.
Por: Juan David Cano
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, firmó una circular con la que asume de manera personal y sin delegar la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), la instancia que define qué medidas de seguridad reciben las personas amenazadas en Colombia.
El documento fue enviado a la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Subdirección de Protección y a la Secretaría Técnica del comité.
En él, Lara ordena que todas las sesiones que se convoquen desde esa fecha cuenten con su participación y dirección, que las convocatorias, agendas, informes técnicos y evaluaciones de riesgo lleguen antes a su despacho, y que la Secretaría Técnica se abstenga de reunir al CERREM sin su presencia.
"En tal virtud, comunico que no realizaré delegación alguna de esta función, por lo cual las sesiones del CERREM que sean convocadas a partir de la fecha deberán contar con mi participación y presidencia directa, de conformidad con las competencias que me han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico", se lee en la circular.
Según el mismo texto, la finalidad es "garantizar el adecuado ejercicio de las competencias asignadas a la Presidencia del CERREM, la transparencia en la adopción de las recomendaciones de medidas de protección y el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa".
¿Qué es el CERREM y qué define?
En concreto, el CERREM es el comité técnico donde se estudia el nivel de riesgo de cada persona que solicita protección al Estado y se recomiendan las medidas correspondientes.
Desde esquemas con escoltas, vehículos y chalecos antibalas, hasta apoyos más simples como medios de comunicación o rondas policiales. La evaluación parte de un estudio de riesgo elaborado por los analistas de la UNP, que luego el comité valida o ajusta. El CERREM recomienda; aunque la UNP es la que finalmente adopta e implementa las medidas.
El comité está integrado por delegados de varias entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Defensa, la Policía, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad para las Víctimas, además de invitados de los sectores poblacionales que evalúa.
Una entidad marcada por los escándalos
La decisión recae sobre una entidad que arrastra años de cuestionamientos. La UNP fue creada en 2011, tras la liquidación del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y desde entonces ha enfrentado denuncias por la forma en que asigna y administra los esquemas.
Entre 2023 y 2024, varios medios denunciaron un entramado de irregularidades como el presunto cobro por entregar o mantener esquemas de protección; camionetas arrendadas como blindadas que, al ser peritadas, no tenían el blindaje que se pagaba; y el uso de vehículos oficiales para transportar sustancias ilícitas.
A esas denuncias se sumaron señalamientos de favoritismo político, pues el propio sindicato ASEP cuestionó que se asignaran esquemas robustos a allegados de la dirección sin sustento de riesgo, mientras funcionarios amenazados quedaban sin protección.
¿Qué asume Lara con la decisión?
Al no delegar, el ministro se compromete a presidir personalmente cada sesión del CERREM y a revisar de forma previa la documentación técnica de los casos, una carga que en una entidad con más de 10.000 protegidos implica un seguimiento constante.
Esta no es la única decisión reciente de Lara. El ministro también expidió una circular para suspender temporalmente nuevas contrataciones y movimientos de personal en el Ministerio.
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