¿Chao plásticos desechables?

A partir del próximo 7 de julio entra en vigencia en Colombia una prohibición de la cual poco se conoce y poco se ha hablado, pese a su impacto en nuestra vida cotidiana. Se trata de la primera fase de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe la producción y comercialización de algunos plásticos desechables: bolsas de rollo para el empaque de punto de pago en tiendas y supermercados y rollos de grandes superficies, es decir las bolsas en las que acostumbramos empacar frutas y verduras. También bolsas para embalar periódicos, revistas, facturas y las utilizadas en lavanderías. Pitillos, mezcladores, soportes de bombas para inflar y soportes plásticos de los copitos de algodón también estarán prohibidos.

Aunque faltan unas pocas semanas para su aplicación, las reglas del juego aún no están claras. La implementación efectiva de esta ley exige un proceso de regulación meticuloso, respaldado por criterios técnicos y científicos, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para establecer quién certifica y bajo qué estándares se garantiza el cumplimiento de la normativa.

El plazo para esa regulación técnica, dos años desde julio de 2022, exigía la participación activa de todos los sectores interesados en la mesa de trabajo: industria del plástico, recicladores, académicos, técnicos, científicos, ambientalistas y otros actores de la sociedad civil.

Fuentes consultadas por CAMBIO señalan que el progreso ha sido muy lento y solo en marzo de este año, se le dio prioridad.

Hay incertidumbre tanto en la industria del plástico, a la que le preocupa el corto plazo que tendrán para implementar lo que ordena la ley, como en el sector ambientalista al que le inquieta que, en el afán de regular contra reloj, el ministerio se deje presionar por la industria y no se implementen normas técnicas acreditadas, lo que abriría la puerta para que a la ley le “hagan conejo”.

“Se destapó la olla”

En respuesta a derecho de petición, el MADS informó a CAMBIO sobre cerca de 10 sesiones convocadas para la mesa de trabajo durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, con la participación de una multitud de entidades tanto del gobierno como del sector empresarial.

A primera vista, fue un trabajo récord. Sin embargo, llama la atención la poca representación que tuvieron los sectores académico y científico, convocados en una sola ocasión (17 de noviembre) y el sector de los recicladores (14 de diciembre).

Esta omisión planteó interrogantes sobre la amplitud y equidad del proceso consultivo. Con ese desbalance de intereses como antecedente, en octubre de 2023, más de un año y medio después de aprobada la ley, la ministra Susana Muhamad entregó una primera versión de la reglamentación. Cumplía con los plazos establecidos, pero no con el objetivo.

Así lo manifestó el representante y autor de la ley, Juan Carlos Losada: “Encontramos un trabajo terriblemente mal hecho y le dije a la ministra que era imperativo contratar un equipo de asesores en el tema técnico para lograr una reglamentación en concordancia con el espíritu de la ley”.

Efectivamente, en 2023, según el propio ministerio, únicamente se realizaron cuatro reuniones con entidades técnicas como el Icontec, el Sena, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (Icipc) y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) en calidad de expertos.

A finales de 2023, una reunión “prendió las alarmas”.

La industria del plástico, cuenta Losada, había estado liderando la agenda de la mesa de trabajo. Andrés Botero, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, incluso llegó a afirmar que la mesa de plásticos del ministerio era justamente un espacio para defender al sector de esas posturas ambientalistas que buscaban limitar la producción y afectar la industria plástica.

El representante denunció la situación públicamente y ejerció tal presión que, a principios de este año, algunos funcionarios al interior del ministerio empezaron a contarle lo que había estado ocurriendo hasta ese momento y, así, "se destapó la olla".

Según le contaron estos funcionarios a Losada, "había personas en el ministerio que buscaban hacerle el quite a la ley a través de la reglamentación, para beneficiar a los plastiqueros y ralentizaron el proceso. Me dijeron, por ejemplo, que Sandra Corzo, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, a cargo de la reglamentación de plásticos, estaba siendo manipulada por la industria del plástico”.

Estos secretos a voces generaron cambios al interior del ministerio. Pero ni siquiera el nombramiento de Sandra Patricia Montoya como nueva directora de Asuntos Ambientales y Sectorial y Urbana parecía tener resultados.

“No sé qué pasó, si la ministra se durmió, o qué”, dice Losada.

Solo hasta marzo de 2024, como respuesta al plantón realizado por la Cámara Ambiental del Plástico, el ministerio convocó a una serie de reuniones.

"Fui a una de esas reuniones con mi equipo de asesores. Ellos notaron la diferencia en la forma como se expresaban los representantes del sector de los plásticos en mi ausencia. La presión y el liderazgo de la industria del plástico seguía siendo evidente”, agrega.

¿Podrían hacerle conejo a la ley?

La disputa se centra en las excepciones a la prohibición, en particular en cómo se regularán y quién las determinará pues, según explicaron a CAMBIO integrantes de la actual mesa, el rigor técnico y científico que demanda el proceso ha brillado por su ausencia.

Es en este punto donde organizaciones ambientalistas como la Fundación MarViva, la WWF y Greenpeace han puesto la lupa, pues consideran que la regulación de estas excepciones podría ser manipulada por la industria del plástico para eximirse de las prohibiciones contempladas en la ley. Por ejemplo, si el productor certifica que su producto es biodegradable en condiciones naturales o de compostabilidad, conseguiría acogerse a las excepciones.

Como explicó a CAMBIO Daniela Durán, defensora legal senior del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), aún no existen pruebas científicas avaladas ni en Colombia ni en el mundo, sobre las cuáles fundamentarse, ni hay claridad de cuánto se demora en degradar el plástico. ¿100 años, 500, 1.000 o nunca? Hay industriales que aseguran tener un aditivo que acelera la biodegradación de los plásticos, solo que, según estudios recientes, no existe aún manera de certificar esas aseveraciones.

Para salir de esos impases técnicos, las propuestas de los plastiqueros han sido variadas y creativas y han incluido desde permitir la certificación a laboratorios comerciales, hasta llegar a proponer, incluso, que el productor pudiera certificarse con declaración juramentada ante una notaría.

¿Juez y parte?

Dudas de este calibre también han surgido con respecto a las demás excepciones. Los ojos están puestos encima para garantizar una regulación acorde con lo establecido en la ley. El último proyecto de resolución, publicado por el ministerio para consulta pública en abril, ha sido más inclusivo, pero mantiene en vilo a todos los actores involucrados. Estamos en junio, y aún no hay un texto definitivo.

Colombia forma parte de dos tratados internacionales, ambos vinculantes y relacionados con la contaminación del plástico: el Tratado Mundial sobre Plásticos, que se firmará en noviembre de 2024, y el Acuerdo de París al que Colombia ingresó en el 2018 para establecer metas globales en materia de emisiones de gases efecto invernadero, a los cuales la industria del plástico contribuye de manera significativa: el 99% del plástico proviene de combustibles fósiles.

Si pudiéramos comparar la industria del plástico con un país, este sería el quinto mayor productor de gases de efecto invernadero, según un estudio de 2019, de la Universidad de Santa Bárbara, California. El consumo de petróleo como combustible disminuirá en los próximos años y el sector petrolero tiene como plan B compensar esta pérdida con el aumento de la producción de plásticos.

“Si no reducimos el nivel de contaminación generada por los plásticos, corremos el alto riesgo de no cumplir con los acuerdos y vamos a seguir atrapados en la economía de los combustibles fósiles”, concluye Daniela Durán.

Por eso es tan importante jugarle limpio a la regulación de la Ley 2232.