Comunidad del canal del Dique gana la tutela por afectación de las obras
Crédito: Colprensa
De acuerdo con 'El Reporte Coronell', el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos de Hato Viejo alegan que las obras del canal del Dique afectan el suelo, los bienes, los activos sociales, culturales y ambientales de los habitantes. Estas fueron las irregularidades encontradas.
El periodista Daniel Coronell habló en 'El Reporte Coronell' de la W Radio sobre la situación que afrontan los habitantes que viven en cerca del canal del Dique.
Según él, tanto el gobierno de Iván Duque como el de Gustavo Petro han generado alianzas público-privadas para realizar las obras del Canal del Dique con la constructora española Sacyr, que en el pasado ya ha tenido inconvenientes por atrasos e incumplimientos.
Por su parte, la Contraloría General vinculó a esta multinacional como presunta responsable de daños por 23.000 millones de pesos a raíz de deficiencias en el puente de Hisgaura.
Además, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante acción de tutela, determinó que el Gobierno nacional no realizó las consultas previas a la obra junto con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de los Olivos de Hato Viejo que exige la ley.
Para profundizar
Los voceros de la comunidad consideran que esta construcción no busca la restauración del ecosistema del canal del Dique, por el contrario, pretende una explotación del canal como una hidrovía.
La comunidad también señaló que las obras afectarán el suelo, los activos sociales, culturales y ambientales de los habitantes de los Olivos de Hato Viejo.
A pesar de que las 11 obras previstas afectan a las comunidades afrodescendientes de Los Olivos de Hato Viejo, según las acciones de tutela, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no relacionó ni consultó a dichas comunidades.
Para profundizar
Los habitantes de la zona ya habían ganado previamente esta tutela ante un juez. Sin embargo, Coronell explica que el director de la ANI, el ministro de Transporte y el gobernador del Magdalena acordaron con una líder de la comunidad que se realizaría una consulta posterior a la adjudicación de la obra. Se tumbó la tutela por hecho superado, es decir, cuando los actos que amenazan o vulneran los derechos fundamentales desaparecen y dejan de ser un riesgo.
No obstante, el Ministerio de Transporte no tiene facultades para realizar esas consultas, es una función que le corresponde, por directiva presidencial, de forma exclusiva al Ministerio del Interior. Por otro lado, no es lo mismo que efectivamente se haga una consulta, a que solo sea una promesa.
Para profundizar
Así mismo, la tutela apunta que el Ministerio del Interior debía hacer una visita de verificación al territorio. Por eso, el Tribunal de Bolívar ordenó a la dependencia a cargo de la cartera del Interior que efectúe la visita de verificación en el curso de 48 horas, para poder determinar las posibles afectaciones a la comunidad y definir la necesidad de realizar una consulta previa.
“No pasa por alto la sala que el proyecto fue adjudicado en diciembre de 2022; no obstante, el derecho de la comunidad a reclamar la consulta opera en todas las etapas o fases del proyecto”, dice la tutela.
Para profundizar
Llamó la atención de los magistrados que en la acción de tutela la española Sacyr dijo que no tenían nada que ver con la licitación. El tribunal verificó que Sacyr es el único oferente presentado en el proceso licitatorio que aparece en el portal de contratación Secop, por tanto, la española debía responder, pero no lo hizo.
Dicha compañía también fue sancionada en España, su país de origen, con una multa de 16,7 millones de euros por prácticas restrictivas de la competencia.
