Weildler Guerra
9 Febrero 2022

Weildler Guerra

Aspavientos

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Hace tan solo unas pocas semanas el presidente Iván Duque inauguró el segundo parque eólico que se erige en el país, sin embargo, siguiendo un extendido síndrome adánico, este fue presentado ante el público como el primero que se instala en Colombia en los últimos 17 años. Este parque, situado cerca al Cabo de la Vela, aún no podrá transportar energía al resto del país porque faltan obras indispensables para ello como su propia subestación eléctrica, y hay retrasos considerables en el licenciamiento de las líneas de transmisión.  

En la alocución presidencial se destacó con muchos aspavientos el apoyo brindado al proyecto por las comunidades indígenas de la zona. No obstante, tan solo unas horas antes se desmontaron, mediante promesas de inclusión, los bloqueos en las vías de acceso al flamante parque realizados por varias comunidades que se quejaron de haber sido excluidas de los procesos de consulta y de habérseles negado el reconocimiento a sus derechos territoriales. 

Si bien el desarrollo de la energía eólica trae muchos beneficios ambientales y permitirá al país tener una matriz energética más limpia, también plantea varios desafíos, en particular para la biodiversidad y las comunidades locales que en este caso corresponden a asentamientos indígenas wayuu. Las áreas en donde se levantarán 16 parques más en los próximos tres años, como lo anunció el presidente, no son baldíos nacionales sino resguardos indígenas protegidos constitucionalmente. El desarrollo de la energía eólica implica una variedad de cuestiones socioeconómicas y culturales que deben abordarse con cuidado. No se trata, como se evidencia en la actitud de los distintos funcionarios, de medir el impacto de los indígenas sobre los proyectos eólicos sino el de estos sobre las comunidades indígenas y sus territorios. 

Hasta el momento, los procesos de consulta no han proveído a las comunidades potencialmente afectadas de información suficiente y oportuna sobre los impactos ambientales y sociales de los proyectos. El desconocimiento de cómo operan los derechos territoriales de las familias indígenas ha llevado a algunos agentes de las empresas a concertar acuerdos con las primeras personas que encuentran en una comarca, desconociendo los derechos de quienes tienen una precedencia histórica dentro de esta. Cuando las autoridades tradicionales wayuu expresan su descontento, son acusados de oponerse al interés de la nación, al desarrollo y a la transición energética. La respuesta más diciente fue la de enviar un batallón del ejército dedicado exclusivamente a proteger los intereses de las empresas de energía eólica. Esto equivale en la práctica a una militarización del proceso de consulta previa.

Las utilidades para el país y para los grupos económicos, sin duda, serán significativas, pero ¿cuáles serán los beneficios para los grupos familiares indígenas que recibirán los impactos de las centrales eólicas y aportarán sus territorios para que se levanten estas gigantescas infraestructuras de generación y conducción eléctrica? Un representante de una de las empresas de energía eólica afirmó en mi presencia que los wayuu no podrían ser socios porque no conocían la lógica de los negocios y no sabían de pérdidas ni de ganancias. Esto es una muestra contundente de insondable ignorancia sobre la trayectoria histórica y los nexos comerciales que los wayuu como indígenas marítimos mantuvieron con el Caribe insular durante varios siglos.         

Existe el riesgo de que las decenas de centrales eólicas que se instalarán en Colombia en los próximos años se conviertan en auténticos enclaves económicos, tecnológicos y culturales en los territorios en donde serán instalados. En contraste con este rumbo adoptado por el país, el propio Banco Mundial ha declarado que “las turbinas eólicas no existen en un vacío social; como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”.

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