“Colombia enfrenta un panorama mucho más positivo en aborto y derechos reproductivos”: Catalina Martínez, abogada destacada por la revista ‘Time’

La abogada caleña Catalina Martínez Coral fue la única colombiana incluida en la lista de los 100 líderes emergentes más influyentes en el mundo de la revista Time. Fue reconocida por el medio estadounidense por proteger a las niñas de la maternidad forzada y por su lucha feminista. Actualmente, es la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos e integrante del movimiento Causa Justa.

“El trabajo colectivo y las alianzas exigen un esfuerzo inmenso: perseverancia, estrategia, generosidad, integridad, ideas audaces. Catalina Martínez Coral agrega algo más en abundancia: un buen corazón. Uno que le permite ver el lado humano de cada lucha y la humanidad de quienes luchan junto a ella”, dice un artículo escrito por Ana Cristina González Vélez en la revista.

Catalina Martínez, de 40 años, estudió dos maestrías en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Panthéon Sorbonne y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue oficial jurídica de campo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Montes de María, Colombia, en su programa de Paz y Reconciliación, y luego trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, se incorporó al Centro de Derechos Reproductivos, donde ha trabajado durante 10 años.

“Lo que están reconociendo son las luchas que nos hemos dado movimientos feministas para garantizar una conversación a nivel de la región latinoamericana en donde podamos posicionar la problemática de la violencia sexual, de los embarazos en niñas, la importancia de cambiar esas realidades. Al final, es un reconocimiento colectivo y también una plataforma, un vehículo que nos permite llegar a audiencias a las que, de otro modo, tal vez no podríamos alcanzar si no estuviéramos allí”, dijo la abogada a CAMBIO.

En Colombia, Martínez, junto a su equipo de trabajo, contribuyó en el proceso de justicia transicional, documentando todas las violaciones a los derechos reproductivos que se cometieron durante el conflicto armado colombiano para que tanto la Comisión de la Verdad como la Jurisdicción Especial para la Paz reconocieran las violencias reproductivas, como los abortos, las esterilizaciones y los embarazos forzados.

También documentaron —y quedó incluido en el informe final de la Comisión de la Verdad— cómo la aspersión con glifosato para erradicar cultivos de cocaína tuvo un impacto desproporcionado en la salud reproductiva de las mujeres: pérdidas de embarazo, malformaciones congénitas, esterilidad y otras afectaciones a su salud.

El reconocimiento a la abogada es motivo para reflexionar sobre el panorama de los derechos reproductivos en Colombia, sus avances y retrocesos en los últimos años, y de lo que hace falta para que todos los colombianos puedan gozar de ellos. Hablamos con Catalina Martínez sobre el tema.

¿Qué son los derechos reproductivos?

Para entender el panorama de los derechos reproductivos en Colombia, primero hay que saber cuál es su concepto y hasta qué punto llegan. Los derechos reproductivos, según Martínez, son la capacidad que tienen tanto hombres como mujeres de tomar decisiones libre y responsablemente sobre su salud y reproducción. La abogada explica que se deben tener en cuenta tres dimensiones a la hora de hablar de estos derechos:

• Decidir sobre la maternidad: puede decidir sobre su maternidad o no de forma informada, es decir, también tener acceso a educación sexual para tomar una decisión. Si no lo desea, puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
• Acceso a servicios de salud: los Estados deben crear las condiciones para que las personas puedan acceder a servicios de maternidad digna, de aborto y demás en temas de salud sexual y reproductiva, como las vasectomías en hombres y la ligadura de trompas en mujeres.
• Toma de decisiones sin discriminación ni violencia: las personas no tienen por qué enfrentar ningún tipo de discriminación ni violencia cuando se trata de tomar decisiones sobre temas íntimos o de acceder a servicios de salud.

Aborto legal y seguro, educación sexual y acceso a anticonceptivos

“Estamos en un panorama mucho más positivo del que hemos estado anteriormente. Colombia es un país que ha dado avances muy importantes en estos temas, específicamente sobre aborto”, dice Martínez, quien destacó la decisión que tomó la Corte Constitucional, en 2022, de despenalizar el aborto, gracias al trabajo del Movimiento Causa Justa.

Martínez aseguró que, además de la decisión de la Corte, el Ministerio de Salud expidió una resolución que dice específicamente cómo se tienen que prestar esos servicios y la Procuraduría pidió el cierre de las investigaciones que existían en contra de mujeres que habían abortado en los últimos años. Para Martínez, se trata de un gran avance para el país, pues refleja progresos a nivel regional, donde naciones latinoamericanas como El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen la prohibición del aborto.

Esto se suma a un aumento de servicios de salud a personas que desean abortar, lo cual es claramente una buena noticia. “Lo que las cifras nos están diciendo es que todas esas personas que antes buscaban abortos por fuera del sistema de salud, exponiéndose a la inseguridad en muchísimas formas, ahora confían en que pueden acercarse al sistema de salud, que pueden recurrir a un profesional de la salud que las pueda guiar”, dice.

También considera que la opinión pública en Colombia ha mejorado mucho frente a estos temas, lo que va de la mano de una legislación que favorece la educación sexual integral en el país, reconocida como un derecho y, por tanto, una obligación por parte del Estado de brindarla en el sistema público de educación. “Es algo que se está implementando poco a poco, pero somos más avanzados que otros países de América Latina en esa temática”, apunta.

Además de sostener conversaciones sobre la maternidad digna y el parto respetado —también contemplados en la ley— comentó que el país brinda fácil acceso a las pastillas anticonceptivas, así como a las pastillas post day, que en otros países de Latinoamérica estuvo prohibida hasta hace poco, como Honduras, que eliminó su prohibición en 2023. “No entendemos la dimensión de ese derecho (…) son condiciones legales que en Colombia tenemos y que no podemos dar por sentadas y que tenemos que seguir protegiendo”, asegura.

Desinformación y prejuicios frenan derechos reproductivos en territorios apartados

En cuanto al principal reto que enfrenta Colombia para garantizar los derechos reproductivos de todos sus ciudadanos, está la falta de cobertura en las zonas rurales.

“Pasa que en las grandes ciudades hay mucha más facilidad de implementar y explicar la política pública. Al Estado le ha costado más llegar a territorios más alejados, a pequeñas ciudades, a veredas, a dar información. Muchas veces la falta de acceso a un procedimiento como estos no se da solamente porque la persona está en desacuerdo o no quiere, sino que es un tema de desconocimiento”, explica.

Para la abogada, el desconocimiento puede deberse a la falta de decisiones informadas —como no saber las obligaciones de los profesionales de la salud y lo que las personas pueden exigir— o a raíz de estigmas, prejuicios y miedos frente a estos temas.

Educar desde temprana edad sobre sexualidad y consentimiento, una clave para avanzar

Martínez plantea que es necesario que los niños y adolescentes reciban información desde muy temprana edad sobre educación sexual integral, lo cual no solo incluye sexualidad, sino también consentimiento y herramientas para que los niños identifiquen si se encuentran en un círculo de violencia, donde puede haber abuso sexual.

“Eso va a hacer que tengamos niños, niñas y adolescentes más empoderados, que se respeten mutuamente, que se cuiden, y por supuesto que desde muy temprana edad conozcan los servicios de salud sexual y reproductiva que tienen a disposición. Yo creo que ahí empezamos a generar una semilla importante”, dice.

También considera que, aparte de los niños, el trabajo debe enfocarse en educadores y prestadores de servicios de salud, no solo para que los servicios estén disponibles, sino para que se brinden con todas las condiciones de dignidad. “Tenemos que apostarle a tener una sociedad mucho más cuidadora y menos polarizada”, agrega.

Asimismo, mencionó la importancia de las conversaciones con personas que tienen dudas y preguntas genuinas acerca de los derechos reproductivos. Por ejemplo, aquellas que pertenecen a cierta religión y tienen dudas respecto a lo que pueden acceder o exigir. “Ir dándose esas conversaciones con las personas que tienen preguntas honestas y poder resolverles las dudas hace parte de las estrategias que tenemos”, subraya.

Tomar el espacio público, movilizarse, conversar en universidades y colegios, estar en los medios de comunicación y en las plataformas digitales, para Martínez, hace parte de una conversación pública que permite informar y generar un ambiente favorable. Se trata de abrir la mente frente a temas que para algunos han resultado difíciles, ajenos o temidos, y que deben volverse cotidianos y naturalizarse en la sociedad.