Islas del Rosario: el Gobierno Petro acabó con los arriendos irrisorios de los baldíos y firmó nuevos contratos con empresarios y poderosos

Más de 120.000 hectáreas de extensión regados sobre el mar Caribe forman un rosario que acompaña oraciones. Palmeras y arenas blancas apetecidas por turistas nacionales y extranjeros a solo cincuenta minutos de Cartagena en lancha rápida. Cada una de estas islas, rodeadas de aguas transparentes de color turquesa, son un símbolo de riqueza y el escenario perfecto para lujosos hoteles que cobran hasta cinco millones de pesos por noche. Desde la década de 1970, las Islas del Rosario han sido un destino ‘top’. Por eso, desde hace unos cinco años, cuando el país empezó a enterarse de que, tras el uso de semejantes terrenos se escondían contratos de arrendamientos más baratos que el de un cuarto en un barrio estrato tres de Bogotá, la indignación fue inocultable.

Y fue mucho más grande cuando se conocieron los nombres de los arrendatarios: personalidades, empresarios y poderosos con acuerdos irrisorios con el extinto Incoder o la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en gobiernos anteriores. Por ejemplo, la Isla Majayura, de 1.600 metros cuadrados, fue arrendada en 2020 por un canon de 966.000 pesos mensuales. O la Isla Fiesta, de 600 metros cuadrados, cuyo costo de arriendo era de apenas 354.300 pesos.

Por ello, las irregularidades en la administración de los terrenos propiedad de la Nación en las Islas del Rosario no pasaron inadvertidas en el cambio de gobierno en 2022. Desde entonces, se iniciaron tortuosos procesos jurídicos para darle un revolcón a los contratos en el archipiélago y subir los precios por explotar el paraíso natural.