
Demandaron decreto que subió el pasaje del TransMilenio a 3.550 pesos y solicitaron su suspensión provisional
La congresista María Fernanda Carrascal y el concejal José Cuesta Novoa presentaron una demanda contra el decreto distrital que incrementó el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, al considerar que no está debidamente sustentado. Conozca los detalles.
Por: Gabriela Casanova
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas y el concejal José Cuesta Novoa presentaron ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá una demanda contra el decreto que incrementa el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) a 3.550 pesos. Según los demandantes, con esta acción no buscan “confrontación” ni “revanchismo político”, sino “defender el bolsillo de la gente y exigir decisiones bien sustentadas”.
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“Esta acción no es ideológica ni caprichosa. Es una decisión jurídica y política en defensa del derecho a la movilidad, del interés general y de millones de bogotanas y bogotanos que hoy enfrentan un aumento injustificado en el costo de un servicio público esencial para acceder al trabajo, la educación y una vida digna”, dice un comunicado conjunto en el que se informa sobre la demanda
He presentado junto al concejal @jcuestanovoa una demanda contra el decreto que sube el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), gestionado por TransMilenio S.A. a $3.550.
— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 2, 2026
Este aumento afecta a millones de bogotanas y bogotanos y carece de justificación técnica… pic.twitter.com/7BX6hpuWtn
El pasado 13 de enero, la Alcaldía de Bogotá expidió un decreto que ajusta la tarifa del SITP a 3.550 pesos. Se trata de un aumento de 350 pesos respecto a la tarifa anterior, superior a lo discutido en el Concejo de Bogotá el año pasado, donde se había planteado una tarifa de 3.450 pesos.
Aunque el incremento se sustenta en la inflación, el salario mínimo y los costos operativos del sistema, según Carrascal y Cuesta, no existe una demostración clara, estudios públicos completos, una justificación técnica sólida ni elementos verificables que expliquen cómo estos factores influyen en el valor final del pasaje. También criticaron que la Alcaldía no incluyera un análisis sobre el impacto social, especialmente en los hogares de menores ingresos, que destinan una parte significativa de sus recursos al transporte.
“Estamos hablando de un servicio público esencial, no de un bien de lujo. Incrementar la tarifa sin evaluar su efecto real sobre la desigualdad es una decisión regresiva e injusta”, subraya el comunicado.
Además, aseguraron que el distrito ignoró otras opciones para evitar que los usuarios asumieran el incremento. “No se analizó de manera responsable el uso del Fondo de Estabilización Tarifaria, no se priorizó la eficiencia operativa del sistema ni se avanzó en una mejor focalización de los subsidios”, afirmaron.
Ante este panorama, la congresista y el concejal solicitaron al juez la nulidad del decreto, la suspensión provisional de su aplicación mientras se decide el fondo del proceso y que se ordene a la administración distrital abstenerse de aplicar el aumento del pasaje del SITP.
“Es imprescindible decirlo con claridad: gobernar no puede significar trasladar sistemáticamente los costos de la mala planeación a la ciudadanía, y mucho menos a quienes menos tienen. El transporte público debe ser una herramienta de equidad y cohesión social, no un factor que profundice la exclusión”, señala el comunicado.

¿Por qué el salario mínimo está vinculado con el aumento del pasaje?
En varios comunicados, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ha explicado que los sistemas de transporte masivo, colectivo y estratégico de las ciudades capitales “presentan una alta intensidad en mano de obra”. Según la entidad, entre el 40 y el 55 por ciento de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, muchos de ellos indexados directa o indirectamente al salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).
“Los sistemas de transporte público masivo son altamente intensivos en mano de obra y tienen una estructura de costos fuertemente indexada al salario mínimo. Por eso, los ajustes tarifarios responden a análisis responsables que buscan garantizar la sostenibilidad del servicio sin desconocer el impacto que estos incrementos tienen para los usuarios”, dijo Andrés Santamaría, director de Asocapitales, en un comunicado reciente.
Por esta razón, el incremento del salario mínimo genera presión sobre las tarifas al usuario o, alternativamente, sobre los subsidios financiados con recursos municipales. De hecho, la asociación había estimado que, con el aumento del salario mínimo de 2026, el pasaje subiría cerca de 200 pesos sobre los ajustes que ya estaban proyectados.
Para este año, el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia aumentó 23 por ciento por vía de decreto, al pasar de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos. Con el subsidio de transporte, el ingreso total llega a los 2 millones de pesos.
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