Desde el Acuerdo de Paz han asesinado a más de 900 líderes sociales en Colombia: ONU

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que la violencia contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos continúa siendo un problema estructural en Colombia. De acuerdo con el documento, entre 2022 y 2025 se registraron 410 homicidios de defensores de derechos humanos. ¿Sabía que puede leer hasta diez artículos de CAMBIO sin costo? Regístrese aquí. Lo que evidencia la persistencia de un fenómeno que se mantiene desde hace más de una década. La organización también señala que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta finales de 2025, se han documentado 972 asesinatos de personas que ejercían labores de liderazgo social o defensa de derechos en el país. La violencia contra defensores de derechos humanos sigue siendo un problema persistente en Colombia Aunque entre 2022 y 2024 se observó una leve disminución en los casos, la tendencia volvió a aumentar en 2025 , cuando se registraron 99 homicidios , diez más que el año anterior. Liderazgos comunitarios, los más afectados El informe señala que la violencia afecta principalmente a liderazgos comunitarios de base, especialmente en territorios rurales. Durante el periodo analizado, la mayoría de las víctimas fueron hombres: 354 casos. También se registraron 49 mujeres asesinadas y siete personas defensoras LGBTIQ+ , entre ellas cuatro mujeres trans, dos hombres gays y una persona no binaria. También se identificó un impacto significativo en comunidades étnicas y campesinas. Según la ONU, entre las personas asesinadas se encontraban 171 campesinos, 95 indígenas y 42 afrodescendientes , lo que refleja el riesgo que enfrentan quienes lideran procesos organizativos en sus territorios. Líderes indígenas y comunitarios enfrentan altos niveles de riesgo en varios territorios Los roles comunitarios con mayor nivel de riesgo incluyen a integrantes de Juntas de Acción Comunal, que representaron el grupo más afectado, así como defensores de los derechos campesinos y líderes territoriales. El análisis territorial muestra que la mayoría de los asesinatos se concentra en zonas donde persisten disputas por el control de economías ilegales y donde la presencia institucional es limitada. El 76 por ciento de los homicidios documentados ocurrió en diez departamentos , siendo Cauca el territorio con más casos, con 84 asesinatos. Le siguen Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, entre otros departamentos con altos niveles de violencia. La ONU señala que en estas regiones confluyen disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial, rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas , lo que incrementa el riesgo para los líderes comunitarios que denuncian abusos o defienden los derechos de sus comunidades. Grupos armados y redes criminales, principales responsables El informe atribuye la mayoría de los asesinatos a actores armados ilegales. Según el análisis de Naciones Unidas, el 73 por ciento de los casos estaría relacionado con grupos armados no estatales , mientras que organizaciones criminales serían responsables del 8 por ciento. También se identificaron casos vinculados a intereses económicos o políticos locales, así como situaciones en las que no fue posible determinar a los responsables. Además de los homicidios, la ONU documentó 2.018 amenazas y ataques contra personas defensoras entre 2022 y 2025 , lo que refleja un patrón de violencia que busca intimidar o silenciar a quienes denuncian abusos o defienden derechos en sus territorios. En zonas rurales se concentran muchos de los asesinatos de líderes sociales El informe advierte que uno de los principales obstáculos para frenar esta violencia es la alta impunidad. Según el análisis de Naciones Unidas, de 800 casos investigados por la Fiscalía en ese periodo, solo el 6,87 por ciento ha llegado a sentencia , mientras que en más de la mitad de los casos aún no se ha identificado a los responsables. También se cuestiona el modelo actual de protección, centrado principalmente en medidas individuales como escoltas o vehículos blindados, que resultan difíciles de implementar en zonas rurales y no siempre responden a las dinámicas de riesgo en los territorios. En este contexto, la Corte Constitucional declaró en 2023 un “estado de cosas inconstitucional” frente a la situación de las personas defensoras de derechos humanos, al considerar que el problema es persistente y la respuesta institucional ha sido insuficiente. Recomendaciones para el Estado Ante este panorama, Naciones Unidas recomienda transformar el modelo de protección hacia un enfoque colectivo y territorial , fortalecer la investigación judicial para reducir la impunidad y garantizar mayores recursos para las autoridades locales en las zonas más afectadas. Memorial recuerda a víctimas de la violencia en Colombia El organismo también planteó la necesidad de que el actual gobierno y la próxima administración que asumirá en agosto de 2026 prioricen la protección de líderes sociales como parte central de las políticas de derechos humanos y seguridad en el país.

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