Iván Cepeda se equivocó. Por Luis Carlos Jacobsen

Iván Cepeda anunció esta semana que, si el presidente electo no cumple una serie de condiciones, ejercerá "desobediencia civil pacífica" — e invitó a los más de doce millones de electores que votaron por él a hacer lo mismo. La frase corrió rápido, con aplausos de un lado y burlas del otro. Pero casi nadie se detuvo en la pregunta que debía preceder a ambos: ¿sabemos, de verdad, lo que estamos invocando?

Yo creo que no. Y creo que Cepeda tampoco lo midió con el rigor que el término exige. No porque su indignación sea ilegítima, sino porque el mecanismo que decidió invocar es mucho más exigente de lo que su anuncio dejó ver.

Lo que Gandhi nos enseñó, y que casi nadie repite

La desobediencia civil, tal como la pensó Gandhi y la heredaron Thoreau y Martin Luther King, no es un grito de indignación con forma de estrategia política. Es una disciplina moral que solo se sostiene si se cumplen condiciones precisas: un agravio real y verificable, no una sospecha; el agotamiento previo de los canales legítimos, porque la desobediencia era el último recurso, nunca el primero; autopurificación, entrar al acto sin odio ni ánimo de humillar, buscando convertir al adversario, no destruirlo; transparencia total —Gandhi avisaba a las autoridades antes de cada campaña—; y disposición a asumir el castigo sin represalia, como prueba de que el reclamo es sincero y no solo estratégico.
Ninguna de estas condiciones es un formalismo. Juntas son lo que separa la desobediencia civil de la obstrucción política con buen empaque retórico. Juntas le dieron la potencia para expulsar al imperio británico de su país.

Por qué esto no es un capricho semántico

La precisión aquí no es pedantería, es cuidado del arma misma. La desobediencia civil es de las herramientas más poderosas que tiene una democracia frente a un poder que de verdad se extralimita. Y como toda herramienta poderosa, se desgasta con el uso indebido. Invocarla ante la primera desavenencia la convierte en una consigna más, gastada antes de que llegue el día en que de verdad haga falta.

El caso Cepeda, medido contra esas condiciones

Puesto contra ese marco, el anuncio tiene fisuras difíciles de ignorar. Las exigencias que plantea —renuncia a la ciudadanía estadounidense del presidente electo, aclaración sobre vínculos con agencias de inteligencia— se apoyan, por ahora, en denuncias y señalamientos, no en hechos probados. Eso no las vuelve falsas, pero sí insuficientes para el nivel de certeza que el mecanismo exige antes de activarse.

Tampoco es claro que se hayan agotado los canales legítimos. Cepeda tiene una banca en el Senado, con más de doce millones de votos detrás y todas las herramientas del control político a su disposición. Anunciar la desobediencia antes de haberlas usado a fondo —y antes, incluso, de que el gobierno electo se posesione y cometa el acto que se le reprocha— invierte el orden que el concepto exige. No es la respuesta a una injusticia consumada. Es una condición impuesta por anticipado a un gobierno que todavía no ha gobernado.

Ahí está, creo, el verdadero error: no en indignarse, que es un derecho legítimo de cualquier opositor, sino en la forma y en el momento. Convocar a millones de personas a desconocer la autoridad de un gobierno antes de que actúe no es ejercer el último recurso de la democracia. Es adelantarlo, y al adelantarlo, desgastarlo.

La potencia que no hay que desperdiciar

Esto no significa que la desobediencia civil no tenga lugar en una democracia sana. Es, quizás, el instrumento más noble que le queda a un ciudadano cuando la ley o la autoridad se ponen genuinamente al servicio de la injusticia. Pero un instrumento noble usado a destiempo no fortalece a quien lo invoca. Lo debilita, y debilita también la reserva moral que el país podría necesitar el día que ese instrumento sea, de verdad, indispensable.
La pregunta no es si algún día será necesario desobedecer. Es si sabremos reconocer, sin apresurarnos, cuándo ese día realmente llegó.