Así son las tierras sagradas que una histórica sentencia les devolvió a los koguis

En pocos lugares del mundo, la naturaleza puso tanto de sí en un solo lugar. Mar, ríos, tierras fértiles y, por si fuera poco, nieves perpetuas. Se trata del territorio ancestral en la Sierra Nevada de Santa Marta, ocupado por cuatro comunidades indígenas: los arhuacos, los kankuamos, los wiwa y los kogui.

Esa riqueza no ha pasado inadvertida para mestizos, colonos y grupos irregulares, que encontraron allí el mejor escenario para sus actividades ilícitas. A mediados de los años 90 comenzaron las confrontaciones entre las Farc, el ELN y las AUC  por el control del territorio, deforestado para cultivar coca, con facilidades para mimetizar laboratorios y con el mar a tan solo unos pasos. A su vez, el Ejército Nacional, en el ejercicio de su lucha antidrogas, bombardeó sitios sagrados causando daños ambientales.

En medio de este violento panorama fueron asesinados y desaparecidos varios miembros de la comunidad kogui. En la zona han sido encontradas fosas comunes y paramilitares como Jorge 40 perpetraron allí asesinatos selectivos y desapariciones.

El pasado 26 de septiembre, las tres magistradas de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, emitieron un fallo que ordenó la ampliación del resguardo kogui en 1.636 hectáreas.

Pero la decisión judicial va más allá de la devolución de la tierra y ordena una restitución integral de sus derechos. En un plazo no superior a un año, Corpoguajira, el Ministerio del Medio Ambiente, la Alcaldía de Dibulla y la Gobernación de la Guajira deberán formular un plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río ancho, afluente que baña este territorio. También deberán instalarse vallas para informar que el terreno restituido es de la comunidad kogui de Tugeka y las autoridades ambientales deberán concertar con los indígenas las medidas necesarias para reparar los daños ambientales causados por la siembra de cultivos ilícitos y la instalación y bombardeo de laboratorios de cocaína.

A su vez, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Ministerio de Cultura deberán coordinar con el pueblo kogui la caracterización y protección de los lugares sagrados y formular un plan de salvaguardia y declaratoria de los mismos como bienes de interés cultural y patrimonial. El Centro de Memoría Histórica deberá documentar los hechos victimizantes a los que fue sometido el pueblo kogui de Tugeka y la Unidad Nacional de Protección deberá garantizar la seguridad de las autoridades y la comunidad kogui.

José María Conchacala Mujica, coordinador general del resguardo kogui le manifestó a CAMBIO su satisfacción por la decisión judicial: “este fallo es muy importante para nosotros; desde 2004 teníamos el anhelo de recuperar este espacio, es muy importante para la comunidad, para nuestro pueblo”.

Ahora viene para la comunidad kogui una enorme tarea para la recuperación y protección del territorio restituido: “Este es el corazón del mundo, es un pulmón que nosotros tenemos la obligación de proteger”, le dijo el líder índigena a CAMBIO.

¿Y qué pasa con los campesinos?

El fallo deja feliz a los koguis pero preocupado a un grupo de campesinos.

Blas Emiro Martínez es un campesino de espalda ancha, piel cuarteada por el sol y una sonrisa generosa. Él y su familia fueron desplazados de la vereda Manzanares en Palomino, Guajira, en 2005.

Blas Emiro abandonó su parcela en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales y tiene claro que esa decisión le permitió vivir para contarlo: “Cuando llega la violencia y arrancan esos combates, uno prefiere dejar todo tirado antes de perder la vida. Los que se quedaron allá ya no existen, los que estamos vivos es porque salimos”. 

En 2005, el Incoder desenglobó un predio en la zona y adjudicó parcelas a la familia de Blas Emiro y a otras 33. A Blas Emiro se le ilumina la cara cuando habla del terreno que le adjudicaron: “La primera vez que vimos esa tierra nos ilusionamos mucho, tan rica, con tanta agua”. Pero comenzar allí no fue fácil. En el momento de la adjudicación, había aún presencia de grupos ilegales y solo un tiempo después los campesinos pudieron entrar y empezar a trabajar los terrenos con los que el Estado les compensaba por su condición de víctimas.

Eneida Maldonado, otra campesina, habla del enorme esfuerzo que ha presentado poner a producir su parcela. Cuando llegó, no había carretera y tenía que llegar a pie. Hoy tiene cultivos de aguacate, café y coco. Sus parcelas están a veinte minutos de una vía principal y cuentan con las aguas abundantes y cristalinas del río Ancho. Hace apenas una semana, contratistas de la gobernación de la Guajira terminaron las obras de una placa huella.

Por eso, la sonrisa generosa de Blas Emiro se apaga cuando se le pregunta por el fallo del Tribunal de Cartagena. Las tierras que les adjudicó el Incoder están ubicadas en un predio llamado Campanas de las Vegas, el cual ya estaba incluido desde 2001 en zona de ampliación de la reserva Kogui.

El fallo actual deshace la adjudicación hecha por el Incoder y ordena compensar a los campesinos. “Siempre hay una tensión de derechos, pero lo que se trató de hacer fue un fallo en equidad que respete el derecho del pueblo indígena a su territorio. El territorio para el pueblo indígena no es solamente la tierra y eso es lo que hay que entender. Allí no sólo está la tierra, está la cultura, la tradición y el respeto. Pero no se pueden afectar los derechos de los campesinos que recibieron estas tierras, porque el propio Incoder les entregó sus títulos. Todas estas personas en el fallo resultan compensadas. A algunos se les entregará dinero y a otros otros predios”, aseguró Ada Lallemand Abramuck, magistrada sustanciadora del fallo.

A algunos de estos campesinos les ronda el escepticismo y aseguran que no dejarán sus parcelas hasta que la compensación ordenada en el fallo se haga realidad y ven difícil que puedan ser compensados con tierras iguales o mejores que las que actualmente ocupan. “Es una tierra tan fértil, tan buena que usted no se imagina. Todas las parcelas tienen agua, yo tengo entre 200 y 300 metros de río”, le dijo a CAMBIO Eneida Maldonado. Sin embargo, aunque el fallo no salió a favor de ellos, lo aceptan de buena manera. La relación con la comunidad kogui no ha estado exenta de roces y disputas. Y en la zona los grupos al margen de la ley siguen haciendo presencia.

El proyecto turístico de extranjeros en territorio kogui

El agua es sagrada para los kogui. Ellos tienen vínculos especiales y de por vida con los ríos que bañan su territorio. El río Ancho atraviesa los predios restituidos a la comunidad kogui en Tugeka. Sin embargo, desde hace unos meses una cerca les separa de su apreciado afluente.

La cerca delimita un predio que una veintena de extranjeros, a su vez, les compró a un grupo de campesinos adjudicatarios del Incoder. Los extranjeros, entre los que se cuentan suizos, ingleses e italianos, avanzan en un proyecto de ecoturismo. Incluso, ya construyeron una choza semejante a las que utilizan los kogui. Allí, un suizo de unos 30 años llamado Laurent Farquet le contó a CAMBIO sobre el propósito que tienen en mente: “El proyecto es tener una finca de permacultura ecológica y proteger el río. No queremos tocar árboles, no queremos tocar nada. Comer la comida que sembramos y tener buena relación con los indígenas”.

Laurent dice tener buena relación con los kogui, pero no todos los extranjeros tienen las mismas cordiales relaciones que Laurent. Algunos de ellos les niegan a los kogui el acceso al río, asegurando que los indígenas están irrumpiendo en propiedad privada.

El fallo ordena compensar a las 34 familias a las que el Incoder les adjudicó parcelas en territorio kogui. Nada dice de los extranjeros ni de otros terceros que también compraron a los campesinos adjudicatarios del Incoder.

La socialización del fallo

El pasado 12 de marzo, Darío Fajardo, viceministro de Desarrollo Rural; Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y otros representantes estatales llegaron hasta Tugeka para socializar el fallo que le restituyó a los kogui 1.636 hectáreas de su territorio ancestral. La ceremonia se realizó debajo de un enorme y frondoso higuerón, lugar que fue escogido por los mamos kogui. Allí, el viceministro Fajardo aseguró que llegaba con vergüenza por todas las décadas de abandono estatal, y el director de la URT, Giovani Yule, dijo que con esta sentencia se repararan años de vulneración de los derechos de estas comunidades.

Pero cumplir este fallo cuesta dinero y un enorme esfuerzo estatal. “ Mientras nosotros no volquemos recursos, mientras los recursos se sigan despilfarrando en la minería, en la corrupción, mientras no se vuelquen hacia las necesidades sentidas del país, todo esto se va a ser un canto a la bandera”, le dijo a CAMBIO el viceministro Fajardo. quien fue más allá: “En esto no nos podemos equivocar: o cumplimos los propósitos de este gobierno o que nos revoquen”.

Los representantes indígenas les insistieron a los actores gubernamentales en la importancia de velar por el cumplimiento de este fallo, el cual, esperan, no se quede en el papel.

La ceremonia contó con la presencia de no menos de 300 indígenas de la Sierra. Sin embargo, se esperaba una presencia mayor de habitantes de Dibulla y Palomino. Muchos de ellos no asistieron porque la noche anterior a la ceremonia circuló en la región un panfleto atribuido al grupo paramilitar Conquistadores de la Sierra. En él, los ilegales aseguraron que estarían en la región “hasta que dios quiera” y amenazaron a personas en Pelechua, Las Flores, La Punta, Dibulla, Mingueo, Río Ancho, Peleoneras y Palomino.

Entre los asistentes al evento, resaltaba la presencia de un hombre alto, con sombrero blanco, que iba con su perro, un pastor australiano. Se identificó como Alejandro de la Espriella. De la Espriella es oriundo de Bogotá y, al igual que el grupo de extranjeros, le compró a los campesinos adjudicatarios del Incoder varias hectáreas de tierra.

Aseguró que comprar allí y echar adelante su finca ha sido su proyecto de vida. Por eso cerró sus negocios en Bogotá y compró en esta tierra privilegiada. El valor comercial de una hectárea allí puede estar sobre los cien millones de pesos. De la Espriella, contrario a los campesinos entrevistados con CAMBIO, no se mostró conforme con el fallo ni dispuesto a irse de allí con las manos vacías. Afirma que tiene todos los documentos en regla y que se irá de allí solo si le pagan lo que vale su terreno, o en el peor de los casos, “a bala”.

El fallo, que significa un enorme paso en la restitución de los derechos de los kogui, demandará un enorme esfuerzo y compromiso por parte del gobierno. Todo augura que será muy difícil dejar contentos a todos los implicados.