Juez deja en firme demolición del edificio Aquarela en Cartagena

La novela de la demolición del edificio Aquarela en Cartagena parece que ahora sí está llegando a sus capítulos finales. Hace unas horas las autoridades locales dieron a conocer el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena que dejó en firme, en primera instancia, la demolición de la obra, construida en inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas, en la zona amurallada de la ciudad.

De este modo el despacho negó las pretensiones de la constructora del edificio Aquarela que pretendía tumbar las resoluciones de la Inspección de Policía de la ciudad, que, entre otros detalles, ordenan restituir el espacio público.

El resumen del conflicto es que el desarrollo de la construcción afecta el entorno del Castillo San Felipe y la declaratoria de la Unesco de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En su demanda la constructora Promotora Calle 47 S.A.S. le solicitó al juez seis pretensiones. Las tres primeras eran declarar nulas las resoluciones emitidas por la inspectora de Policía de la comuna 2 y la secretaria de Interior y Convivencia Ciudadana en 2018, que ordenaban corregir “los comportamientos contrarios a la integridad urbanística”.

Los dueños del Aquarela, además, pretendían que las autoridades locales fueran condenadas a pagar 156 millones de pesos correspondientes a restitución de sus derechos; y al pago de las sumas invertidas en la obra, unos 900 millones de pesos, más costas y agencias.

Todas las pretensiones, sin embargo, fueron negadas por el juez. Como reacción al nuevo anuncio legal, el Ministerio de la Cultura reconoció la sentencia, lo que significa que las órdenes de la autoridad policiva siguen en pie, tanto la restitución de más de 600 metros cuadrados de espacio público, como la multa que la constructora ya pagó a la ciudad.

La sentencia es clave, no solo porque blinda el proceso en torno al edificio y la demolición que el Distrito de Cartagena ya inició el pasado 22 de marzo, que, según se ha divulgado, tardará aproximadamente seis meses.

El alcalde Dumek Turbay se pronunció sobre el caso y envió un mensaje directo a la constructora. “Juez administrativo respaldó la acción de la inspección de Policía contra el predio y conceptuó que la actuación estuvo ajustada a derecho. Señores Promotora Calle 54: ninguna de sus leguleyadas evitará que el adefesio que puso en vilo nuestra condición de patrimonio cultural e histórico sea demolido en su totalidad”, escribió en sus redes sociales. Y, además, el mandatario señaló que el desmonte mecánico piso a piso avanza a buen ritmo.

El enfrentamiento legal entre la Alcaldía de Cartagena y la constructora pasó a otro nivel hace tres semanas cuando funcionarios de esa administración embargaron en la ciudad de Medellín los activos de la Promotora Calle 47. El operativo fue realizado en el edificio de la Cámara Colombiana de Infraestructura de Medellín, por la Dirección de Control Urbano del Distrito, liderada por Emilio Molina Barboza, que señaló que esto se hizo "en aras de salvaguardar los derechos de los compradores, hoy damnificados de la polémica torre”.

Como agente especial del proceso fue designado Ángel Rodríguez Sánchez, quien según dispuso la Alcaldía actuará como nuevo representante legal de la sociedad y deberá emitir un concepto integral del estado actual de la misma, para determinar si esta pasará a ser administrada o debe ser liquidada.

En el momento del embargo la Alcaldía de Cartagena informó que “la constructora Promotora 47 tiene un déficit financiero para cumplir con sus obligaciones como enajenadores de vivienda; por consiguiente, se dio todo legalmente para la toma de posesión”.

La demolición del Aquarela, según señaló la Alcaldía el mes pasado, será llevada a cabo por la Empresa de Desarrollo Urbano de Cartagena (Edurbe), a través de la compañía Atila y por un valor aproximado de 11.000 millones de pesos. Los que, dijo el alcalde Turbay, serán cobrados a la constructora.