Bandas criminales pagan entre 100.000 y 500.000 pesos por día a jóvenes en Cartagena
Cartagena acumuló 10 0 casos de homicidios en los primeros 106 días del año. Foto Colprensa - Luis Aparicio
Más allá de las campañas mediáticas y de la constante aparición del alcalde Dumek Turbay en redes sociales, los difícil situación de criminalidad agobia a la ciudadanía. Hoy la ciudad tiene la más alta tasa de homicidios por habitante del país.
Por: Rainiero Patiño M.
El impulso del alcalde Dumek Turbay, con un comienzo de mandato muy mediático, publicitadas campañas, más vallas en el centro amurallado, repetidos discursos de orden y numerosas publicaciones en redes sociales, parecen no bastar ante los graves problemas que arrastra Cartagena, sobre todo en criminalidad.
El problema va más allá de la actual administración y es consecuencia de diferentes factores. Varios investigadores y las mismas autoridades le dijeron a CAMBIO que Cartagena es hoy un territorio en disputa de las estructuras del crimen organizado, que han logrado apoderarse de muchos territorios y construir un entramado de negocios ilícitos.
Una de las más graves consecuencias de esa difícil situación social y de orden público que vive la ciudad es que a muchos jóvenes de los barrios más pobres de Cartagena los están sumando al negocio del microtráfico y, dependiendo de lo que hagan, les pagan entre cien mil y quinientos mil pesos por día, según confirmó el propio director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín.
Para el encargado de la seguridad en la ciudad, ese tipo de situaciones es muy destructiva “porque cualquiera va a preferir hacer eso que trabajar o estudiar, y la combinación de mercado e intimidación está realmente destruyendo el tejido social de la ciudad”.
Amín también reconoció que Cartagena sí tiene un gran problema de seguridad, pero que están comprometidos en resolverlo. Dice que “esa fue la primera razón por la cual los cartageneros votaron por el actual alcalde y hace parte del corazón de nuestra administración con el Plan Titán 24”, como se llama la estrategia implementada por la administración de Turbay.
Homicidios se mantienen
En cuanto a los homicidios, los datos puntuales hablan con claridad. El primer trimestre de 2024 es uno de los más violentos de los últimos años en Cartagena. Diferentes fuentes oficiales afirman que en estos tres primeros meses ha habido entre 88 y 90 homicidios.
El informe más reciente de la organización Cartagena cómo vamos indicó que el aumento en la ciudad fue del 11 por ciento, más del doble del nacional. En 2023 se registraron 680 casos, 68 más que en 2022. El 63 por ciento de estas fueron homicidios (muy por encima del promedio de Colombia que fue de 46 por ciento). Las muertes en accidentes de transporte responden al 20 por ciento de los casos, las accidentales a un 9 por ciento y los suicidios al 8 por ciento. Los homicidios crecieron 15 por ciento entre 2022 y 2023: pasaron de 369 a 425.
La situación no ha mejorado durante el 2024. En los dos primeros meses del año, según Cartagena cómo vamos, crecieron 6 por ciento con respecto el primer bimestre de 2023: pasaron de 66 a 70 casos, lo que dejó a Cartagena como la ciudad con la mayor tasa de homicidos, 6,6 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Cali con 6,2; Barranquilla con 5,9, Medellín con 2,0; y Bogotá con 1,9 casos.
Llama la atención que el tema de los crímenes fue una de las banderas de la campaña de Dumek Turbay, quien durante largos meses se dedicó a publicar cifras y críticas en redes sociales a las acciones por cada uno de los casos que ocurrían durante la administración de su predecesor, William Dau.
El 26 de octubre de 2022, por citar solo uno de los varios ejemplos, escribió en su cuenta de la red social X: “Los homicidios bajo la modalidad de sicariato para octubre llegaron a 21. El ataque de este miércoles fue de día y en un barrio popular. Pero @AlcaldiaCTG cree que asfixiando al sector del entretenimiento nocturno va a intervenir el flagelo. Decreto torpe y para nada funcional”, refiriéndose a las medidas tomadas por la alcaldía en ese momento.
Unas semanas antes, también a través de redes sociales, había compartido los datos publicados por la organización Cartagena cómo vamos para decir que las cifras de homicidios en la ciudad eran “dramáticas”. “Ola de delincuencia sin intervención de @AlcaldiaCTG ni de @PoliciaColombia. Homicidios en @Cartagena aumentaron 67 por ciento en primer trimestre 2021 - 2022. Dramático panorama. En las últimas 48 horas van 8 asesinatos”, reseñó Turbay.
Suma de peligrosos factores
Su condición de su ciudad-puerto, el modelo extractivista del turismo, el interés en las organizaciones del narcotráfico en controlar rutas y logística para el envío de drogas y el ingreso de armas; el tráfico y explotación sexual de mujeres, y las mafias políticas locales que han explotado el erario público para su enriquecimiento individual, son los factores que tienen a Cartagena envuelta en una espiral de violencia hace largos años, según varios analistas consultados.
En una visión general de la situación, Armando José Mercado, politólogo y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, dice que Cartagena, al igual que otras ciudades colombianas y de toda América Latina, vive guerras internas entre el Estado y grupos del crimen organizado o enfrentamientos de estos grupos entre sí por el control de mercados ilegales. Esto, entre otros, se refleja en una tendencia del aumento de casos de homicidios.
Para Mercado, las medidas represivas, como aumentar el pie de fuerza de la policía o pedir intervención militar, pueden generar una falsa percepción de seguridad, con las cuales no se enfrenta el problema de manera adecuada. “Esto puede ser contraproducente en muchos casos, disminuyendo brevemente los casos de homicidios, pero aumentando considerablemente los casos de detenciones arbitrarias, abusos de autoridad en barrios periféricos estigmatizados y aumentando los casos de desapariciones forzadas cometidas por grupos delincuenciales, con el fin de no aumentar los casos de homicidios y así no alertar a las autoridades. Esto hasta ahora no ha pasado en Cartagena, pero si estas son las únicas medidas, podría eventualmente suceder”, señaló el profesor.
Para el investigador, es curioso que si estas mismas cifras de arranque de años se hubiesen presentado en la anterior administración, serían un escándalo. “Pero el actual alcalde tiene todavía un teflón inicial que lo hace inmune a ciertas críticas, en parte porque está iniciando, también porque tiene un mejor manejo de redes y comunicaciones que la anterior administración, pero también porque buena parte de la clase política tradicional está con él”, añadió Mercado.
Airlin Pérez, docente universitaria y defensora de derechos humanos, coincide con Mercado en muchos puntos de sus análisis y, además, dice que las organizaciones sociales barriales creen que las lecturas sobre la inseguridad en Cartagena no debe pasar solamente por el asombro provocado por el alto número de homicidios, sino que se debe entender que, al hacer una lectura por rangos de edad, barrios, estrato social y pertenencia étnico-racial, que las víctimas de este flagelo son juventudes negras empobrecidas de los barrios populares de Cartagena que funcionan en este sistema económico como los sujetos más fáciles de captura para el crimen organizado.
“Por tanto, la respuesta institucional debe comprender el problema estructural de la desigualdad y exclusión social en Cartagena como forma de contrastar la política de muerte, más allá de respuestas con resultados a largo plazo ineficientes que agudizan brechas y criminalizan a las juventudes populares, persiguen a las personas de las economías populares del espacio público, protegen los intereses privados alrededor del turismo y estigmatizan el trabajo sexual sin brindar una política integral de seguridad económica, social y vital”, explica la líder.
Para Pérez, un ejemplo claro del manejo erróneo que se le ha venido dando al tema de la inseguridad en Cartagena son los decretos que ha sacado el alcalde Turbay alrededor del popular Plan Titán en sus 100 días de gobierno local, porque, dice, “se ha venido promoviendo un concepto de seguridad pública con gasto público millonario para aumentar la militarización de los barrios y el pie de la fuerza pública, acompañado de detenciones arbitrarias, abusos policiales, perfilamientos raciales a las juventudes y mujeres negras que usan el espacio público del barrio, y todo un entramado de persecución e hipervigilancia sobre los cuerpos y las comunidades que han sido el eslabón más bajo de esta cadena del crimen”.
Para tratar de contrarrestar el accionar de los grupos criminales, Hernández Amín dijo que la alcaldía tiene un ambicioso plan de inversión superior a los 50.000 millones de pesos, para tecnología, movilidad, infraestructura e inteligencia en seguridad.
“El pasado 27 de marzo se entregaron 220 motos nuevas a la Policía; a cada uno de los tres comandados élites conformados se les dio una patrulla nueva y un dron, además de dotación de uniformes. –dijo el funcionario–. Estamos construyendo un centro de inteligencia para integrar diferentes instituciones, agrupar datos y tomar decisiones rápidas. El plan también incluye tratar de dejar operativas al cien por ciento las cámaras de vigilancia de la Policía, que muchas no están funcionando, para llegar a más de 3 mil sumando las privadas; y alarmas comunitarias e inteligentes con los frentes de seguridad”. El objetivo también es fortalecer la seguridad en las playas, porque ahí se da mucho microtráfico y trata de personas, incluyendo a menores de edad.
Un informe del periodista y editor judicial del diario El Universal, Edwin Torres, publicado este lunes 15 de abril señaló que en los 106 días del año Cartagena sumó 100 homicidios. Es cierto que es poco tiempo, pero hasta ahora las medidas del alcalde Turbay y su equipo parecen tener más impacto en plataformas virtuales que en las propias calles de la ciudad, en donde las muertes violentas siguen siendo la cotidianidad.