Gremio de seguridad privada rechaza acusaciones del presidente Petro: "no le eche la culpa a las empresas"

El tercer consejo de ministros, liderado por el presidente Gustavo Petro junto a su gabinete, volvió a ser transmitido en televisión. En esta ocasión, el mandatario lanzó un contundente mensaje contra la criminalidad en el país.

Ocho días después de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de dos exoficiales de la Policía por su presunta colaboración con el Clan del Golfo en la emisión de credenciales de escolta para algunos de sus integrantes, Petro dirigió una advertencia al nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Durante la transmisión, el jefe de Estado hizo graves señalamientos contra empresas de seguridad privada, acusándolas de tener vínculos con actividades delictivas. Según sus declaraciones, estas compañías estarían otorgando licencias y armamento a personas relacionadas con el crimen organizado, lo que, en sus palabras, agrava la situación de inseguridad en el país.

Asimismo, el presidente indicó que algunos de los responsables de estas prácticas habrían operado durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Petro también cuestionó el uso de escoltas y vehículos blindados, argumentando que en ciertos casos estos recursos han sido empleados con fines ilícitos.

“La protección a líderes no es para poner camionetas blindadas que las usan para transportar cocaína”, afirmó durante su intervención.

El presidente subrayó que las investigaciones revelaron también que algunas de estas compañías no solo han entregado permisos y armas a delincuentes, sino que incluso han sido dirigidas por personas con vínculos directos con el narcotráfico y el paramilitarismo.

“Se le está dando licencia a los criminales. Dueños de empresas de seguridad son paramilitares y narcotraficantes, exmilitares a veces y expolicías. Ya van tres presos. El de Barranquilla es el mayor. Ojo con eso, ministro”, advirtió Petro, pidiendo al nuevo jefe de la cartera de Defensa tomar medidas firmes para detener estas prácticas. 

Estas afirmaciones generaron una fuerte reacción entre los gremios de seguridad privada, que salieron al paso de las declaraciones del mandatario. ¿Cómo respondieron a las acusaciones?

¿Qué opinan los gremios de seguridad privada sobre las declaraciones del presidente?

El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES), Julio César Vásquez Higuera, rechazó estas afirmaciones generalizantes del mandatario y explicó que el proceso para obtener licencias en el sector es estricto y regulado por el mismo Estado.

“Cuando habla de dueños de empresas que son paramilitares y narcotraficantes, yo creo que más o menos son 800 empresas las autorizadas por el mismo Gobierno a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En la prensa ha salido y se habla de tres empresas de vigilancia, pero él hace una generalización como si todas las empresas estuvieran impregnadas de paramilitarismo y de narcotraficantes. En absoluto”, declaró Vásquez Higuera.

El directivo enfatizó que las empresas de seguridad no pueden operar sin cumplir un proceso riguroso de autorización: “Para yo crear una empresa de seguridad no puedo hacerlo solo. No puedo montar una oficina, ponerles un uniforme a unos vigilantes y ofrecer mis servicios. Tengo que pasar por un proceso con unos filtros serios del mismo Estado para averiguar antecedentes y determinar si soy apto para ser socio de una empresa de vigilancia”, explicó.

Según Vásquez Higuera, este proceso incluye el envío de documentos y estudios de antecedentes a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad que verifica la información con la Fiscalía y la Policía. Una vez aprobada la evaluación, la Superintendencia otorga una credencial oficial a cada vigilante o escolta vinculado a la empresa. Además, la compra de armas también requiere autorizaciones adicionales.

“Para comprar un arma, primero se necesita el visto bueno de la Superintendencia como empresa y luego la autorización del Control Comercial de Armas”, detalló.

En cuanto a las denuncias sobre la presunta vinculación de empresarios del sector con actividades criminales, el dirigente gremial respondió que el presidente "no puede estigmatizar a todo un sector por el pecado de dos, tres o cuatro empresas entre 800. En toda actividad económica en el país habrá algunas compañías que no actúan legalmente, pero no pueden estigmatizar al resto”. Además, pidió al Estado a investigar qué pasó al interior de la Supervigilancia para que se otorgaran las licencias que se les otorgaron a los delincuentes que fueron capturados. 

Para el gremio, el problema radica en las fallas de supervisión y no en la generalidad del sector. “El mismo Gobierno es el que está otorgando esas licencias. No les echen la culpa a los empresarios. Ellos actúan porque el Estado les da una licencia para ofrecer sus servicios de seguridad”, puntualizó Vásquez Higuera, agregando que se debe investigar a fondo el proceso de otorgamiento de licencias y su posible manipulación en el pasado.

Por su parte, Harry González, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS), le pidió al Gobierno nacional que legitime las empresas de vigilancia que operan conforme a la Constitución y la ley. Señaló que las empresas de seguridad legalmente constituidas generan más de 400.000 empleos formales en Colombia y contribuyen tanto al crecimiento económico como a la lucha contra la inseguridad.

“Desde Ecos pensamos que esta situación que se ha presentado es una gran oportunidad para que el Gobierno nacional ponga sus ojos en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, fortalezca este ente regulador y contribuya a que el sector de la vigilancia siga creciendo en Colombia como aliado del Estado colombiano”, afirmó González.