Exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos del gobierno Santos conmina a Petro a que rectifique o que lo acuse en Fiscalía

A la espera de la rectificación que, junto con Rafael Pardo Rueda, invitamos a hacer al presidente Gustavo Petro Urrego sobre sus palabras públicas del pasado sábado 7 de octubre en la ciudad de Tumaco, cuando frente a una multitud de campesinos dijo que “la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción”, me he dedicado a repasar información, datos y hechos que vale la pena compartir.

El Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos- PNIS, incluido en el punto # 4 del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, nació el 3 de agosto de 2017, día en que la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Ley que dos meses antes lo había creado.

Por tratarse de comunidades que viven y sobreviven en territorios marginados, con una muy débil presencia del Estado y una fuerte actividad de actores ilegales, era necesario avanzar con la mayor celeridad y seguridad posibles y, de manera simultánea, con los procesos de reforma rural integral, desarrollo territorial y reincorporación de los firmantes de la paz.

La tarea era lograr que, con el apoyo del Estado, 150.000 familias campesinas involucradas en cultivos ilícitos erradicaran y sustituyeran voluntariamente 140.000 hectáreas.  El tiempo requerido para lograrlo estaba dado por el costo total estimado (5,4 billones de pesos, resultante de multiplicar el número de familias cultivadoras por el total de la inversión a realizar en cada una de las ellas, esto es, 36 millones de pesos por familia). También lo determinaba la inversión que anualmente se hiciera, el número de familias campesinas que se sumaran al proceso y las hectáreas por ellas erradicas y sustituidas.

Unos cálculos rápidos y sencillos nos aproximan a la “velocidad” que al proceso PNIS le imprimieron los gobiernos de Santos, Duque y Petro.

En el único año de implementación de PNIS durante el gobierno Santos, se destinó 1 billón de pesos al programa con lo cual, a ese ritmo, la sustitución voluntaria se hubiese tomado entre 5 y 6 años. Se vincularon 66.854 familias cultivadoras, para un promedio mensual de 5.571 familias nuevas por mes. A ese ritmo, la totalidad de las familias se hubiese involucrado en tres años. Fueron erradicadas voluntariamente 30.265 hectáreas, para un promedio mensual de 2.522 hectáreas. Así, se estimaba que en 5 años de trabajo continuo, se lograría la meta.

Las transferencias de apoyo económico a las familias, -un millón de pesos mensuales durante 12 meses-, se hicieron de manera directa, en dinero, sin intermediarios, fiducias o contratistas, a través del Banco Agrario. 

Durante los cuatro años del gobierno Duque se destinó al programa un promedio anual de 370.000 millones de pesos, con lo cual, a este ritmo, la sustitución voluntaria se hubiese tomado entre 15 y 16 años. Después de protestas, conflictos y bloqueos en el municipio de Tierra Alta (Córdoba), se vincularon 811 nuevas familias, para un promedio de 17 familias nuevas por mes, ritmo al que la totalidad de las familias se hubiesen involucrado en 407 años. Por familias vinculadas al PNIS por el gobierno anterior, fueron erradicadas voluntariamente 13.446 hectáreas, para un promedio mensual de 280 hectáreas y un estimativo de 42 años de trabajo continuo para el logro la meta.

Como se sabe, Duque priorizó la erradicación forzosa e incluso intentó, sin lograrlo, retomar la fumigación aérea con glifosato a pesar de que estaban plenamente documentados los riesgos en materia de derechos humanos y de que la resiembra para la erradicación voluntaria es inferior al 1%, mientras que para la erradicación forzosa es del 65%.

Según el portal del Fondo Colombia en Paz- Así va el Acuerdo de Paz- para el año 2023, en el gobierno Petro, el presupuesto asignado a sustitución fue de 86.365 millones, con lo que ejecutar lo pactado en La Habana se tomaría 62 años.  A dos meses de terminar al año 2023, sólo el 31% de este presupuesto está comprometido y apenas pagado el 8 %, lo que da cuenta de una muy deficiente gestión. No dispongo de datos y tampoco conozco informe alguno sobre erradicación voluntaria durante el actual gobierno. Por los datos de ejecución presupuestal esta cifra debe ser muy baja.

La erradicación voluntaria era verificada en terreno, comunidad por comunidad, vereda por vereda, familia por familia, por la Oficina de las Naciones Unidas Contra y el Delito -UNODC-. Entidad que publicó 24 informes con los avances, mediciones, logros y dificultades del proceso. 

En desarrollo del Acuerdo de Paz y la Ley que creó el PNIS se pusieron en marcha espacios colectivos y procesos de participación, veeduría  y planificación comunitaria. Durante el primer año de existencia del programa se realizaron y documentaron 1.081 reuniones de trabajo con comunidades, para un promedio mensual de 91 reuniones. Este intenso trabajo colectivo, que contó con la participación directa de firmantes del Acuerdo de Paz, fue desmantelado por el gobierno Duque para dar paso a la contratación de “robustas” oficinas de consultoría. Sobre el particular, informes de la Fundación Ideas para la Paz -FIP- dan cuenta del malestar: “los líderes de las regiones del PNIS señalan que las reuniones son informativas y no una oportunidad para la construcción colectiva”.

Se ha cuestionado el carácter individual de los compromisos de erradicación y sustitución. Sin negar que todo proceso puede y debe ser mejorado, es importante mencionar que en el marco de acuerdos comunitarios y colectivos que se hicieron en veredas y municipios, la individualización tuvo y tiene origen en la Constitución Política y en el Código Penal del país. Es de conocimiento público que, aún hoy, cultivar coca es un delito y que las sanciones penales recaen en las personas y no en los colectivos. Por ello el Acuerdo de Paz de La Habana estableció la necesidad de promulgar una ley de “alternatividad penal” que prescribiera el delito para los campesinos que erradicaran y sustituyeran voluntariamente. El proyecto de ley fue presentado oportunamente y en repetidas oportunidades al Congreso y su trámite enfrentó la obstrucción de sectores parlamentarios, liderados, entre otros,  por el entonces Fiscal General. 

En cumplimiento del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, mediante Convenios de Cooperación con el Estado Colombiano, se acudió al acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC- para que hiciera  el seguimiento y monitoreo en el terreno a la erradicación voluntaria y apoyara la estructuración y puesta en marcha de los proyectos productivos. Desde muchos años atrás - antes de la firma del Acuerdo de Paz - la UNODC cooperaba en temas de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y muchos otros países del mundo.

En enero de 2020, la UNODC es retirada del PNIS por el gobierno Duque. En junio de ese mismo año es contratada la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI-, especializada en temas de educación, y la cual no registraba ninguna experiencia en materia de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos.

Con la OEI, en 2020, se firmaron 4 contratos por un monto de $ 90.000 millones. Por su inexperiencia y desconocimiento del tema, carecía de equipos profesionales y de técnicos con trayectoria en sustitución. La OEI se dio a la tarea de subcontratar con operadores, consorcios y fiducias que a su vez subcontrataron con otros muchos operadores. 

La Fundación Ideas por la Paz- FIP- informó sobre las reclamaciones de los campesinos ante la OEI y sus sub-contratistas por “baja calidad de la asistencia técnica y problemas de sobre costos y calidad de los insumos que se han entregado.”

Lo más grave fue que, durante el gobierno Duque, el PNIS fue entregado a operadores animados por el lucro, sin experiencia en sustitución y sin compromiso con la implementación del programa ni con el Acuerdo de Paz que el Estado Colombiano suscribió en 2016 con las guerrillas de las FARC-EP.

Presidente Petro, le reitero mi invitación a que revise sus fuentes de información y rectifique públicamente su decir o proceda, como le corresponde, a elevar contra mí y ante la Fiscalía una acusación formal. Recuerde que la sabiduría popular enseña que “al ahogado hay que buscarlo río abajo, no río arriba”.