Extorsión, la pesadilla silenciosa que arrincona a Barranquilla

Por Rainiero Patiño M.

Luis Felipe Sánchez Camargo se sienta un momento del final de la tarde a reposar en la puerta de su negocio de motocicletas. Tiene la atención puesta en su teléfono. La distracción es aprovechada por un sicario que aparece en escena. El hombre, que viste bluyín claro, gorra oscura y camisa azul, corre hacia Camargo y le dispara a quemarropa. A pesar de los impactos, el comerciante reacciona, se pone de pie y desenfunda una pistola. Otro hombre, al parecer conocido de la víctima, toma el arma del comerciante e intenta disparar al sicario que huye con un cómplice a bordo de una motocicleta. Minutos después, Camargo fallece. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de enero, en la carrera 8 con calle 44, en el sur de Barranquilla, y, según las versiones iniciales, se trató de una retaliación por la resistencia a pagar una extorsión. Un caso más de los registrados en Barranquilla en los últimos meses y de los que, debido al subregistro y al miedo a denunciar, no se conocen cifras exactas.

Detrás de la oleada de turistas nacionales que la visitan y las campañas de buena propaganda oficial por las recientes obras que le han cambiado la cara a algunas zonas de la ciudad, Barranquilla vive una pesadilla silenciosa que tiene a sus habitantes atemorizados y arrinconados. Los robos, los ataques sicariales y, sobre todo, la extorsión se convirtieron en paisaje cotidiano, en una especie de epidemia que muchos padecen, pero de la que pocos se atreven a hablar en público de sus causas y síntomas.

La explicación principal para la ola delincuencial y de violencia en la ciudad, según los estudiosos del tema, es clara: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), los Costeños y los Rastrojos Costeños mantienen una guerra abierta por el control de territorios en Barranquilla y varios de los municipios del departamento del Atlántico. A esas organizaciones criminales, con estructuras grandes y medianas, se le suman organizaciones pequeñas sin mucha capacidad de fuerza, es decir, bandas, pandillas o “combos”. El resultado de esa ecuación macabra es una especie de bola de nieve de violencia que parece avanzar descontrolada.

La realidad es que la gran mayoría de comerciantes del centro, el suroriente y el suroccidente de Barranquilla están pagando extorsión en estos momentos. Y la frase no es resultado de un análisis ligero, sino una afirmación hecha por Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del Centro (Asocentro). Es la realidad, reitera sin eufemismos.

La mayoría prefiere no hablar del tema, ni denunciar, pero Pardo dice que recibe reportes de 400 casos de llamadas extorsivas en promedio al mes. Por eso señala que este es un problema que afecta hace rato el comercio de la ciudad y se ha incrementado mucho desde 2019. Que es algo cíclico por temporadas, con picos, pero que nunca ha dejado de estar. Y que muchos comerciantes han preferido cerrar los negocios e irse de la ciudad, antes que vivir con la incertidumbre de pensar cuándo les va a tocar.

Las autoridades, incluso, han reconocido que hay un subregistro por el miedo a denunciar. Pardo cree que el desfase en las cifras también se da porque algunas veces a los comerciantes la misma Policía les sugiere pagar para evitar consecuencias o porque les da miedo convertirse en carne de cañón para hacer operativos. Sin embargo, de lo que no tiene duda es que los constantes ataques de los últimos días sirven para evidenciar tanto la gravedad del problema y la falta de peso de las autoridades, como las fallas en el sistema judicial. “Se necesitan más jueces en la ciudad. La Policía hace su tarea, pero no se ha entendido que el proceso va más allá de las capturas. El sistema judicial de acompañamiento no funciona a nivel nacional, hay que resolver los problemas de las cárceles para que no sigan delinquiendo”, concluye.

Pirámide criminal

Entre las voces que se han pronunciado de forma enérgica sobre el tema están los investigadores de la Universidad del Norte, Reynell Badillo y Luis Trejos, quienes establecen que en Barranquilla coexisten tres distintos tipos de organizaciones armadas. Y estas se distinguen por su alcance territorial, los delitos que cometen y el impacto espacial de los mismos. Aunque parezca que todas son iguales, en realidad existen ciertas jerarquías criminales que las diferencian.

Las primeras son las organizaciones criminales que hacen parte de redes trasnacionales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, o Clan del Golfo). Las AGC funcionan como un operador logístico para la exportación de clorhidrato de cocaína. En Barranquilla, su fórmula predilecta ha sido la subcontratación de grupos locales, según le señaló el profesor Trejos a CAMBIO. Esa fórmula de operación, dice, bajo esas alianzas le evita tener que combatir con las bandas locales y altos costos y atención institucional.

En un segundo nivel operan en Barranquilla organizaciones criminales cuyo rango de acción se limita casi que al área metropolitana de la ciudad. Aquí aparecen Los Costeños y Los Rastrojos Costeños. “Se concentran en el control de microterritorios (barrios, plazas de microtráfico, etc.), la administración de algunas rentas ilegales locales, como “ollas”, y la predación de rentas legales por medio de la extorsión. También suelen ofertar otros servicios, como el sicariato o el cobro de cuentas. Es necesario mencionar que esta categoría suele ser muy difusa: otros grupos, como Los Papalópez, Los Vega y Los Paisas han entrado y salido de ella”, explica Trejos.

Al final de la cadena están organizaciones pequeñas sin mucha capacidad de fuerza, que se dedican al hurto simple y a mano armada, el robo de autopartes y, en escenarios muy particulares, a la extorsión y distribución de drogas a nivel local.

El miedo viral

Tres hombres de espaldas a una pared de ladrillos. Llevan pasamontañas. El de la izquierda, con gorra y pantalón camuflado, carga un fusil; el de la derecha sostiene un revólver. El del centro, bajo la sombra de un árbol, lee una especie de comunicado amenazante. Se identifican como miembros del frente de guerra Flamingo Márquez. Explican que su mensaje va dirigido a los comerciantes de la ciudad y a aquellos ciudadanos que ganen más de 10 salarios mínimos mensuales.

Hacen un llamado a “colaborar”. Recomiendan estar atentos al toque de su puerta, a las llamadas, a los mensajes de WhatsApp. El del centro mira directo a la cámara. “Este es nuestro segundo llamado y este será el último, el tercer llamado será un familiar de cada comerciante muerto o una granada por cada local o casa”, amenaza. El video se regó entre los barranquilleros.

Los delincuentes, incluso, hacen referencia a hechos violentos recientes. Hablan de los ataques sicariales contra conductores de buses de servicio público, de la masacre ocurrida en el barrio Las Flores y el asesinato de comerciantes. Después se refieren con nombres propios a algunas personas. “Se les ha dado mucha espera. De ustedes mismo depende el tratamiento de nosotros sabiendo ustedes que les tenemos ubicada a toda la familia, a cada uno de los comerciantes llamados”, agregan. El video podría ser tomado como uno más, pero la confianza y la precisión con que habla causa terror.

En otras imágenes, desde su celda en la Cárcel La Picota, en Bogotá, Ober Ricardo Martínez, alias Negro Ober, máximo cabecilla de Los Rastrojos Costeños, amenaza a un comerciante. “Hágame un favor, me le dice a los patrones suyos que tienen hasta ahorita a mediodía para que me llamen. Si no mato a cualquier vendedor hoy”, dice en el video el delincuente que fue capturado en octubre pasado, en un operativo en Melgar (Tolima).

Si en redes la situación es atemorizante, en las calles reina el silencio. El problema ha llegado a este punto, según el investigador Trejos, debido a que durante mucho tiempo los gobiernos locales lo negaron o subvaloraron, produciendo medidas reactivas que han buscado mejorar la percepción de seguridad pero que no han atacado las causas de la inseguridad. “En otras palabras, han fracasado las políticas públicas de seguridad porque parten de diagnósticos errados”, resume sin rodeos.

Uno de los principales errores, según el especialista, es que cuando los grupos armados luchan por el control territorial y se disparan indicadores, principalmente los homicidios, los gobiernos locales y la Policía Nacional inician grandes operativos para debilitar a alguna de las partes en disputa. Pero al atacar solo a un tipo de organización criminal o a las tres de forma desigual, se incentiva a que las que tienen mayores capacidades operativas, se fortalezcan. “Sin intención, el Estado puede estar volviéndose parte de una guerra entre grupos armados”, señala.

Para el investigador Trejos, esta modalidad de usar video amenazantes demuestra que Internet se ha transformado en un factor clave de la dinámica criminal por el control de la información, porque permite entre otras cosas el traslado de recursos, la difusión de narrativas propias y la masificación de mensajes. Cree que las autoridades en Barranquilla (y varios medios de comunicación) han respondido a la ola de violencia con la narrativa de delincuencia común, es decir como si el problema fueran los atracos y las extorsiones por parte de bandas delincuenciales, pero no el crimen organizado.

“Violentar a todas las personas que duden de su existencia y se rehúsen a pagar extorsiones es, en la práctica, imposible y demasiado costoso. Por eso, las redes sociales se vuelven un medio de amplificación del mensaje mucho más efectivo. Un solo homicidio masificado en redes sociales puede llevar a contrarrestar la narrativa oficial”, explica el investigador de la Universidad del Norte.

En el balance del comportamiento de delitos de 2022, presentado por las autoridades distritales y departamentales, estas reconocieron que han sido días “de grandes retos” e insistieron en la reducción de los principales delitos. Según el informe, los homicidios disminuyeron un 6 por ciento, en comparación a 2021. Dijeron que se logró la incautación de 1.165 kilogramos de estupefacientes y 1.721 armas de fuego, de las cuales solo 48 contaban con permiso. Incluso, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Jorge Urquijo Sandoval, destacó que “en toda la costa Caribe, Barranquilla fue la principal ciudad que logró esta importante reducción” y aclaró que la reducción del 3 entre el Distrito y el área metropolitana “significa 19 vidas más salvadas, con respecto al año anterior”. También fue destacada la captura de 4.279 personas en Barranquilla y el desmantelamiento de 59 estructuras delincuenciales, dando como resultado 506 personas aprehendidas.

Sobre el tema de la extorsión, el pronunciamiento oficial solo reportó el desarrollo de 12 puestos de control del Gaula Militar en el departamento, 30 campañas antiextorsión y la reactivación del Gaula Élite. Pero las cifras de casos denunciados, las muertes derivadas de estos y las capturas por este delito no fueron presentadas.

Horas después del crimen del comerciante Camargo, una granada de aturdimiento fue hallada en la puerta de un establecimiento comercial del sector, conocida como la Zona Rosa del sur. Y, según estableció la Policía de Barranquilla, organizaciones criminales le prohibieron a los propietarios de decenas de establecimientos de rumba y discotecas que abrieran sus negocios. Los hechos violentos en esta zona, según el propio alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, obedecen a una disputa territorial entre Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, antiguos cabecillas de Los Costeños.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, les pidió a las autoridades que redoblen los esfuerzos o el pie de fuerza con el fin de desarrollar acciones conducentes para prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de los habitantes de Barranquilla y su área metropolitana. La semana pasada fue allanada la celda 54 del Pabellón 8 de La Picota de Bogotá, donde está recluido el Negro Ober; le hallaron un teléfono celular. La Policía de Barranquilla reportó varias capturas por extorsión. Y el alcalde Pumarejo le exigió más resultados a la Policía y se volvió a quejar de los jueces de la ciudad. El último fin de semana el área metropolitana registró 8 asesinatos. El general Urquijo señaló que la mayoría tenían antecedentes por los delitos de homicidio y extorsión. Cada día se conocen nuevos casos, las cifras se entremezclan, mientras los comerciantes y la ciudadanía en general se debaten entre el miedo de denunciar o pagar para salvarse.