Las razones por las que la S.uperintendencia de Industria y Comercio abrió investigación en contra de Movistar y Claro
27 Abril 2023

Las razones por las que la S.uperintendencia de Industria y Comercio abrió investigación en contra de Movistar y Claro

Crédito: Credito: Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investiga a Movistar y Comcel-Claro por violar los derechos de los usuarios.

Por: Redacción Cambio

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que abrió investigación en contra de las empresas de servicios de telefonía móvil, Comunicación Celular S.A. (Comcel S.A.), que presta sus servicios a Claro, y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Movistar).

La autoridad nacional de protección al consumidor busca establecer si estas compañías violaron los derechos de los usuarios.

La SIC aseguró que tiene indicios de que Movistar y Claro pudieron violar el Régimen de Protección a los Usuarios. Según la información recaudada, se presume que estas empresas han estado limitando el derecho de los usuarios a elegir libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica. 

Esta entidad también los acusa de activar y cobrar a sus usuarios productos sin su autorización previa y expresa, tales como "Mejor Juntos" y "Bonos de Fidelización" en el caso de Movistar y "Datos Plus" en el caso de Claro. 

Para la SIC “esta conducta atenta contra los derechos de los usuarios, ya que los contratos de servicios de comunicaciones deben tener la aceptación expresa de cualquier modificación de los mismos”.

La investigación se inició por las diferentes quejas de usuarios y otros proveedores del mercado, quienes alegaron que las solicitudes de portabilidad estaban siendo rechazadas. Por esta razón, se están formulando cuatro cargos en las respectivas investigaciones.

Además de la apertura de la investigación, la SIC dijo que se impusieron medidas administrativas inmediatas y permanentes a Movistar y a Claro, encaminadas a no limitar la libre elección de proveedor, la conservación de la línea y la activación sin autorización previa y comprobable de los productos mencionados. 

En caso de demostrarse que las empresas incurrieron en las conductas descritas, podrían recibir multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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