Los riesgos de la solicitud de Daniel Quintero de congelar las tarifas de EPM
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitándole congelar las tarifas de los servicios públicos en los departamentos donde opera EPM. Esto podría causar una espiral inflacionaria. Aquí le contamos por qué.
Por: Redacción Cambio
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando permiso para congelar las tarifas de energía en Medellín y otros 13 departamentos del país donde hace presencia EPM.
“Me permito solicitar respetuosamente, se me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”, escribió el mandatario local en el documento donde resalta el elevado costo de vida que considera “afecta a los más pobres” en el país.
Según Quintero, siempre ha querido congelar las tarifas de los servicios, incluso desde sus primeros días de gobierno, pero las comisiones reguladoras no se lo habían permitido.
“No solo va a impactar el precio de la energía, del agua, del aseo, de los servicios públicos en general, sino que va a impactar el precio de los productos que consume la gente de la canasta familiar”, señaló el alcalde respecto a lo que espera lograr con su propuesta.
Facultades de Petro
El pasado 16 de febrero el Gobierno expidió el decreto 0227 en el que se facultó al presidente Petro para asumir la regulación de los servicios públicos en Colombia, con lo cual tendrá las funciones de carácter general de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
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El jefe de Estado dijo que usaría estas funciones para beneficiar a la población civil por los cambios en las tarifas de luz y agua en Colombia, “voy a asumir el control directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario”, confirmó en el encuentro departamental de juntas de acción comunal en Duitama, Boyacá el 26 de enero.
La medida se anunció luego del Pacto de Justicia Tarifaria firmado entre el Ministerio de Minas y Energía y más de 20 empresas del sector energético para modificar los contratos entre empresas privadas y así intentar disminuir la magnitud en las variaciones de los precios. Con este acuerdo, en noviembre y diciembre se vieron las primeras reducciones de precios de la energía –aunque en ambas ocasiones fueron inferiores a un punto porcentual– y en enero los servicios regulados reportaron una inflación menor.
Riesgos de la solicitud de Quintero
Para la ex viceministra general de Hacienda y Crédito Público, quien también fue codirectora del Banco de la República, Carolina Soto Losada, “los criterios para tomar las decisiones de tarifas tienen que tener unos elementos técnicos”.
Soto Losada advirtió que si las empresas que invierten en las centrales de energía se ven afectadas por los aplazamientos de las tarifas, esto podría repercutir en demandas contra el Estado por incumplimiento de los contratos. “Si se van a aplazar o desconocer esas tarifas, tiene que haber un contrato previo, entonces hay unos riesgos gigantes para la estabilidad jurídica del país”, aseveró
Así mismo, recalcó que si se tiene en cuenta el antecedente de congelamiento de las tarifas que se realizó durante la pandemia por covid-19, se puede predecir que se generará una espiral inflacionaria difícil de controlar. “Fijémonos en lo que pasó en pandemia, se congelaron las tarifas, y cuando se empezó a cobrar en 2022, subieron más de la cuenta por la represión, eso generó un descontrol. Hay que buscar otras alternativas”, explicó.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) publicó un comunicado en el que exhorta a Quintero a que realice su petición ante el gerente general de EPM, "para que la analice y, de encontrarla viable, la presente y la sustente ante la junta directiva". El gremio apuntó a que no se deben tomar decisiones que pongan en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas "porque, en tal caso, serían los usuarios los más perjudicados".
Igualmente, la asociación aclaró que es de su conocimiento que EPM cuenta con los análisis técnicos necesarios para la toma de estas medidas, "esperamos que se realicen en el marco de dichos análisis", señalaron.
El presidente Petro aún no se ha pronunciado respecto a la solicitud de Quintero, sin embargo, esta sería una decisión trascendental para el país, teniendo en cuenta que, de ser aprobada, otros mandatarios locales pueden empezar a solicitar el mismo beneficio.
