La Creg le había enviado una carta a la ministra Vélez pidiendo no firmar el decreto
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
Dos días antes de la firma del decreto que le permite al presidente tomarse las funciones de la Creg y la CRA, los expertos comisionados de la Creg que le enviaron una carta de 26 páginas a la ministra. Esto le dijeron.
Este jueves, los ministros de Hacienda, Minas y Energía y Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), firmaron el decreto que le da al presidente la facultad de tomarse las funciones de las comisiones reguladoras de agua potable (CRA) y de energía y gas (Creg) por tres meses.
Dos días antes, los comisionados de la Creg le habían enviado una carta a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que a lo largo de 26 páginas hicieron un recuento de los logros de los casi 30 años de funcionamiento de la comisión, los retos del país en energía, gas natural, gas licuado de petróleo y gas propano, así como un análisis jurídico de las leyes que crearon la CRA y la Creg y le asignaron a esta última la función de fijar las tarifas de energía.
En el documento que CAMBIO conoció, los seis comisionados le explicaron a la ministra que las subidas recientes de precios en la energía “no son consecuencia de la falta de cumplimiento de los principios tarifarios por parte del regulador al establecer las metodologías y fórmulas tarifarias, sino efecto de los aumentos en los costos de inversión y operación, en un entorno de alta inflación, en especial de la reposición de activos y de la expansión del servicio, tanto del parque de generación como de las redes de transporte y distribución”.
También le recordaron que la Creg ya tiene meticulosamente estudiados los mecanismos de las tarifas para permitir que los inversionistas recuperen las inversiones y los costos de operación, y para que los consumidores tengan el mejor servicio posible con una tarifa adecuada en un sector de alto riesgo, sin cortes del servicio.
Los expertos le advirtieron a la ministra que “intervenir los precios del mercado mayorista de energía, implica una distorsión en el comportamiento del mercado que elimina la posibilidad de usar el precio como mecanismo de racionalización de los embalses y traslada al Estado el riesgo de la operación de estos. De esta forma, si se llegase a presentar en el próximo verano una situación de hidrología seca extrema, frente a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de El Niño, tendríamos un muy complejo panorama con el riesgo de enfrentar la posibilidad de no atender la demanda en forma continua”.
El documento añade que las normas actuales han permitido mejoras en la calidad del servicio y la expansión de la red, además de incentivar inversiones por 17.000 millones de dólares únicamente en el esquema del cargo por confiabilidad, “distribuidos en 30 proyectos que suman una capacidad cercana a los 6.000 MW”.
Al final, los comisionados firman “con la expectativa de que lo aquí expuesto motive una reflexión sobre la importancia de mantener la institucionalidad del sector y mejorarla en lo que fuere pertinente”.
