La desesperanza en la paz total tras el desplazamiento de excombatientes emprendedores en Caquetá 

El conflicto en Colombia fue, durante muchos años, la cortina que escondía bellezas naturales de las zonas más violentas del país. Después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, los excombatientes, conocedores de su propio territorio, quisieron mostrarle al mundo algunos de aquellos lugares, hasta entonces, secretos. Así nacieron iniciativas como Caguán Expeditions y Remando por la paz -club deportivo de rafting-, que durante siete años atrajeron a más de 3.000 turistas de Colombia y otros países.

Su historia, sin embargo, dio un vuelco desesperanzador en junio de 2024, cuando las más de ochenta familias que vivían en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle -en la zona de reserva campesina del río Pato y Valle de Balsillas- y que se dedicaban a dichos emprendimientos, tuvieron que irse de la zona por la guerra entre disidencias. Como ellos mismos dijeron en su comunicado, los motivos obedecen a la “imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de siete años está de regreso en nuestros territorios”.

La situación de desplazamiento se dio por los choques entre el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia -con la que el Gobierno instaló una mesa de diálogo en Venezuela el pasado 24 de junio-, que ponen en riesgo a los exmiembros de las extintas Farc. Una comisión del Gobierno se desplazó al ETCR Miravalle para llevar a cabo un puesto de mando unificado (PMU) para analizar la situación, luego de que la Segunda Marquetalia, comandada por alias Calarcá, pusiera a rotar un panfleto amenazante.

La situación refleja que los esfuerzos de promover la “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro están en la cuerda floja. Su compromiso inicial de cumplir a rajatabla con lo firmado con las extintas Farc no se ha cumplido -sumado a sus críticas constantes a lo firmado en el Gobierno Santos-, y le agrega a las fallas ya conocidas de los gobiernos de Santos y Duque en implementación.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue la primera y, por horas, la única persona del Gobierno en pronunciarse por lo sucedido. En Twitter dijo que se trataba de un hecho de suma gravedad e hizo un llamado a las disidencias a comprometerse a respetar a los firmantes. También, escribió que “el Gobierno Nacional está obligado a cumplir y a hacer cumplir esos acuerdos”.

La opinión de dos voces clave en el Acuerdo de Paz de 2016

En conversación con CAMBIO, el senador Humberto de la Calle, exjefe negociador del proceso de paz con las extintas Farc, expresó su profunda preocupación y decepción con los hechos. Sin embargo, su análisis va más allá de la implementación del Acuerdo: “En el fondo hay una impotencia del Estado, empieza a convertirse en un grave descontrol territorial”, anotó.

De la Calle reconoce las intenciones de la paz total de Petro, incluso, como un deseo de lograr la paz integral y un intento por innovar, buscando otros caminos. No obstante, recalca que lo que está pasando en Caquetá se suma a la grave situación de seguridad de Cauca, Valle, Putumayo y Nariño.

“Un balance objetivo muestra que el resultado ha sido no solo mayor violencia, sino un crecimiento de la falta de control territorial. Hay una especie de autoridad impuesta por las armas por los grupos ilegales”, agregó el congresista.

Por lo anterior, piensa que es el momento de que el Gobierno evalúe el camino que ha emprendido y convoque un acuerdo nacional “sin prejuicios ideológicos, convocando a todo el mundo en un acuerdo verdaderamente nacional”. El senador considera que esto incluye un examen de fondo sobre cómo se está abordando la situación de violencia y conflicto actual, y una revisión de la táctica militar que se está implementando. 

El senador de Comunes Carlos Antonio Lozada considera que esta situación es un reflejo de la incapacidad del Estado de ocupar los territorios cuando las unidades de las extintas Farc se retiraron. Su diagnóstico no es nuevo. El problema de la violencia creciente tras la firma del Acuerdo de Paz está sobreanalizado: el Estado llegó tarde o nunca llegó a las zonas que quedaron vacías de guerrilleros cuando llegó la desmovilización. Así, otros actores, o los mismos disidentes, ocuparon esos lugares vacantes.

“Eso permitió que los grupos que se quedaron, que eran mínimos en ese momento por fuera del Acuerdo, se fortalecieran, que surgieran nuevos grupos y se fueran entrecruzando distintas formas de violencia, esa es la consecuencia de esa ausencia del Estado”, le dijo Lozada a CAMBIO. Por eso, insiste en la necesidad de copar las zonas en donde las Farc estuvieron en su momento, con colegios, infraestructura social, sustitución de economías ilícitas y más, para quitarle el poder a los “poderes fácticos que se han apoderado del territorio en Colombia”.

Lozada cree que es momento de hacerle un llamado al Gobierno, pero también a la sociedad, porque más de 425 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde 2017 y distintos espacios territoriales han tenido que desplazarse. De cualquier forma, Lozada cree que el panorama es desesperanzador.

A propósito, Diego Tovar, vocero de Comunes en el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi), le dijo a CAMBIO que, en el PMU, se habló de la necesidad de ponerles líneas rojas a los procesos de diálogo con actores armados. Esto no solo obedeciendo a la protección de la población firmante del Acuerdo de Paz, sino de la comunidad. 

Por otro lado, señaló que la comunidad de Miravalle, declarada víctima de desplazamiento forzado, se dirigirá hacia el ETCR Urías Rondón, en donde tendrá un campamento humanitario transitorio mientras se define su situación. 

“Es importante señalar que a pesar de la situación, hay un reiterado compromiso por acompañar y garantizar las medidas de seguridad y apoyo para esto por medio del esfuerzo y articulación interinstitucional”, anotó Montes.

¿Qué está pasando?

Andrés Cajiao, investigador de conflicto en la Fundación Ideas para la Paz, explicó en conversación con este medio que las disidencias -la Segunda Marquetalia y el EMC- antes “convivían” sin chocar. No obstante, recientemente comenzó una disputa territorial que comenzó a afectar a los habitantes de Miravalle. “Antes era distinto, no había amenazas, algunos eran compañeros y había una coexistencia, incluso las disidencias respetaban un poquito el proceso de reincorporación”, sostuvo.

Para él, antes las disidencias no veían una “amenaza” en los reincorporados, pero en medio de la disputa entre grupos, la desconfianza se acrecentó. Cajiao considera que este es un escenario gravísimo, que manda un mensaje terrible para los procesos de reincorporación, y que muestra que el Gobierno no tiene la capacidad de proteger a los excombatientes.