¿Por qué el aborto desapareció de las elecciones regionales?

Hoy, día de elecciones regionales, brilla por su ausencia un protagonista usual de las contiendas políticas en Colombia: el aborto. Aunque el “aborto cero” en la campaña presidencial de Gustavo Petro nunca fue explicado, lo cierto es que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) parece haberse esfumado como bandera política en estas elecciones. Si acaso, solo un candidato a la Alcaldía de Bogotá se declaró “provida” sin que los medios de comunicación ni las audiencias se interesaran en su postura. 

En los últimos meses han naufragado referendos contra la IVE y dos sentencias han sido anuladas por ir en contravía de la C—055 de 2022, la cual despenalizó el aborto en todos los casos antes de la semana veinticuatro. Detrás de este cambio cultural está el movimiento feminista y, con singular protagonismo e incidencia, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la cual cumple veinticinco años como núcleo de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Hoy, las mujeres elegimos en las urnas pero también sobre nuestro cuerpo, somos ciudadanas plenas gracias a luchas como las de la Mesa. 

Porque “lo personal es político”, dos generaciones de la Mesa que lideran este cambio cultural hablaron con CAMBIO: Ana Cristina González Vélez, cofundadora de la Mesa, doctora en bioética, investigadora y experta internacional en derecho a la salud; y Laura Castro González, coordinadora de la Mesa desde 2020, politóloga, profesional en lenguaje y estudios culturales, con maestría en derecho. 

ANA CRISTINA RESTREPO JIMÉNEZ: ¿Por qué consideran que, en esta oportunidad, el aborto desapareció de la campaña electoral?  

ANA CRISTINA GONZÁLEZ VÉLEZ: Por un lado, no estamos como en una coyuntura muy puntual frente a la discusión de aborto, que es la que suelen utilizar los grupos políticos en campaña. La decisión del año 2022 está en firme, no solamente porque puso a este país a la vanguardia de América Latina y a nivel global, sino porque en mayo de este año la Corte Constitucional (CC) ratificó esa decisión cuando revisó las solicitudes de nulidad que había contra esa sentencia. Adicionalmente hubo dos tutelas en este año que dieron mucho de qué hablar porque generaron mucha confusión con respecto a los contenidos de la decisión inicial y esas dos sentencias fueron anuladas. La decisión de la CC está más firme que nunca: esa firmeza deja fuera de lugar a quienes usualmente utilizan esto para ponerse en contra de los derechos de las mujeres, es como si de alguna manera sintieran que no tienen piso. Esto tiene que ver también con un cambio en la opinión pública en Colombia: ha cambiado a favor de la protección de los derechos de las mujeres y el respeto a la decisión de las mujeres. En ese escenario siento que la clase política no se unirá, o es tímida; si no puede atacar más bien se queda en silencio. Ha habido dos intentos de referendo: el primero está hundido; del segundo, hay un informe de la Registraduría que deja constancia de que no consiguieron las firmas. Creo que están con poco viento en la cola para levantarse, además ligado al hecho de que la opinión ha cambiado tanto que, incluso personas que hace tres años estaban totalmente en contra del aborto, hoy defienden las causales. Es definitivo, un giro muy claramente palpable: todo eso pesa para que al momento de decir con qué salgo en campaña, no me voy a dar de frente contra una realidad que evidentemente está cambiando.

LAURA CASTRO GONZÁLEZ: Se demostró ya que esos atajos cognitivos que operaron para el plebiscito por la paz, donde intentaron los grupos antiderechos ligar la ideología de género con decir no al Acuerdo de paz, ya se agotó. La opinión pública y los votantes se dieron cuenta de que ese atajo cognitivo no operaba de esa forma. En segundo lugar, cada vez es más difícil que los y las candidatas se posicionen en contra de una decisión legal, porque implica también criticar la institucionalidad y la legitimidad de la CC, que como lo han demostrado algunas encuestas de opinión: es una de las instituciones que goza de mayor legitimidad ante la opinión pública. En tercer lugar, desde la Mesa en alianza con Cifras & Conceptos, en una encuesta que hicimos este año, indagábamos por qué tan posible o qué tanto le interesa que su candidato tenga en su agenda temas de derechos de las mujeres: encontramos que a más del 50 por ciento no le parecía un tema importante en la agenda política. Creo que es difícil salir a oponerse, el panorama es muy distinto en ciudades que no sean principales o intermedias: allá sí puede ser más fácil mover una ideología antigénero, ligada a otras fuerzas religiosas y de derecha que también operan en un electorado distinto. 

A.C.R.J.: Evoquemos la historia de la Mesa, que además es la cuna del movimiento Causa justa que movió la sentencia C-055 de 2022: ¿Quiénes, cómo, cuándo y con qué propósito la iniciaron?

A.C.G.V.: Nosotras tenemos controversias sobre cuándo nacimos, pero oficialmente decimos que nacimos en 1998. Esas conversaciones empezaron en Profamilia, con María Isabel Plata, Cristina Villarreal, Beatriz Quintero, Florence Thomas, María Jimena Castilla y yo.  En 1998 el aborto no solamente estaba totalmente prohibido en Colombia sino que existía una especie de excepción, y es que las mujeres que abortaban como resultado de una violación podían ser eximidas de la pena. En ese momento, un ciudadano al que le pareció que eso era un exceso de libertad y puso una demanda en la CC para que tumbara eso y el aborto quedara como un bloque totalmente prohibido. Por esa época, hubo un fallo que mantuvo en firme la prohibición total, citando encíclicas papales, pero con un salvamento de voto que yo recuerdo como mi primer faro de luz en esta lucha, de Carlos Gaviria y otros magistrados diciendo “el aborto hay que despenalizarlo” y, más aún, en casos de violación estamos volviendo dos o tres veces víctima a las mujeres. Teníamos una Constitución nueva. Yo trabajaba en Profamilia, estaba empezando mi carrera como médica, había un ambiente de mucha persecución. A las instituciones como Oriéntame, que prestaban servicios, las perseguían activamente. En ese momento nos juntamos, un poco empujadas por María Isabel Plata, a decir “¿qué podemos hacer?”. Nuestra decisión fue no callarnos más. Llamamos mujeres de distintas áreas y disciplinas para empezar a pensar “¿A dónde vamos?”, “¿Con quiénes hablamos?”, “¿Qué les decimos?”. En Colombia había habido intentos por despenalizar entre los años setenta y ochenta, el aborto siempre fue un tema de agenda feminista. Pero esta fue una de las primeras organizaciones que lo convirtió como en el eje de su lucha, en un contexto de prohibición absoluta, de estigma y de autocensura. Nos empezamos a reunir en el Salón Azul de Profamilia durante años, hasta el proyecto de Women's Link que llevó a Colombia a la primera despenalización en el año 2006.  Al momento en que la CC despenalizó en tres circunstancias, volcamos todo nuestro trabajo a acompañar a las mujeres para que pudieran acceder al aborto, para entender y conocer sus barreras y transformar la política pública. Empezamos a trabajar en las regiones e hicimos una cosa muy importante que le llamamos las causales, que fue el desarrollo de marcos de interpretación, al punto de que logramos que en este país la primera causa de aborto legal fuera la causa de salud, entrenamos profesionales y eso abrió la posibilidad que los médicos interpretaran adecuadamente esas causales de la CC. En el año 2017, al iniciar Causa justa, empezamos a construir la crítica de las causales. Uno acumula para aprender de lo que ha hecho, teníamos suficiente para darnos cuenta de que las causales no daban más, que el aborto en Colombia seguía siendo sobre todo ilegal, que el acceso era desigual, y que teníamos que movernos desde un lugar políticamente de haberle apostado a las reglas que nos ofreció la CC: exprimimos esas tres causales, con argumentos y estrategias para decir aquí están los vacíos. 

A.C.R.J.: Se celebraron los veinticinco años de la Mesa en el Centro Cultural García Márquez con una exposición y un evento en el que hablaron feministas de distintas generaciones. ¿Qué significa unir dos, tres, cuatro generaciones para cambiar un discurso: hablar del aborto desde el campo de lo penal para posicionarlo desde el de la salud, hasta abordarlo desde la libertad de las mujeres?

L.C.G.: La mesa, primero, está compuesta por mujeres desde diecinueve años hasta mayores de ochenta. Construir diálogos entre diferentes generaciones lleva aprendizajes más allá de sentarnos a hablar. Segundo, la Mesa también es un espacio interdisciplinario, encontramos médicas, politólogas, periodistas, comunicadoras, artistas y abogadas, nos ha permitido pensarnos estrategias diversas, lenguajes diversos, incluso utilizar el arte como una forma de expresión para aportar a la despenalización social, para retratar las barreras. En tercer lugar, la Mesa está organizada por áreas de trabajo: una es de incidencia legal, desde donde acompañamos de manera gratuita a mujeres que tienen barreras de acceso a IVE, pero también hacemos incidencia ante altas cortes; la segunda es el área de implementación, el principal interlocutor es el sector salud y buscamos aportar a la creación de marcos normativos y de regulación en materia amplia de salud sexual y reproductiva, puntualmente servicios de aborto. Con el área de trabajo regional buscamos territorializar las estrategias de la Mesa. Y el área de comunicaciones aporta al derecho a la información veraz, segura y oportuna en materia de aborto.  Estos elementos han marcado el cambio en la narrativa en la conversación pública sobre el aborto. Con Causa justa cambiamos los términos, el enfoque de eliminar el delito de aborto del Código Penal, criticando esa respuesta punitiva del Estado a un problema de salud pública, pero también una necesidad en la vida de las mujeres y estos cambios en la discusión han estado marcado por experiencias, investigaciones y construcción de conocimiento de la Mesa en diálogo con otras organizaciones del movimiento de mujeres. La experiencia de Causa justa es una convergencia mucho más nacional, más diversa y ha permitido generar argumentos que lleguen a diferentes actores.

A.C.R.J.: Con sentencias de la CC, se asume que se trata de hechos o normas que no cambian; pero vimos lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos con el retroceso del caso Roe vs. Wade. Están los obstáculos para que prevalezca y se cumpla la norma pero también está el cambio de mentalidad: miremos esos dos polos.

A.C.G.V.: Es muy interesante lo que planteas porque cuando la gente habla de Roe vs. Wade como si hubiese sido un hecho puntual en la historia, se le olvida que la derecha en Estados Unidos se tomó cincuenta años para erosionar el debate y el acceso a los servicios de aborto, han pasado cosas muy terribles, han asesinado proveedores de servicios de aborto, han intentado que las mujeres no puedan acceder hasta llegar años después a copar la Corte Suprema de Justicia con jueces que fueran abiertamente antiderechos. El trabajo de proteger una decisión judicial es uno de los desafíos más grandes y es uno de los obstáculos para que se implemente esa decisión: en lo político, estaban todo el tiempo atacando esa sentencia pero también a nivel legal, la estrategia de los grupos antiderechos ha sido emprender con acciones legales para tumbar todo. El Ministerio de Salud formula un decreto y al día siguiente uno de los abogados antiderechos ya lo demandó. Nosotros tenemos un mapa de quiénes son los que se están moviendo: eso demuestra que hay de todo menos una intención de construir democracia cuando lo único que uno puede hacer es intentar tumbar lo que otros con tantos esfuerzos llevan al debate público abierto, honesto y a la construcción social de un cambio. Haciendo un poco este juego al que tú me invitas, hay que reconocer que por lo menos en el año siguiente, en lo que medimos con Oriéntame, después de la sentencia C-055 de Causa justa, hemos visto que las EPS están prestando más servicios de aborto, se ve un incremento porcentual: antes eran menos de un 10% de los servicios se hacían vía EPS hoy están por encima de un 35%. También tenemos dificultades con los métodos para la interrupción del embarazo, en este momento hay un debate en Colombia sobre si hay o no desabastecimiento de Misoprostol. Los prestadores, el grupo médico por el derecho a decidir (del que soy feliz cofundadora) hablan de la falta de medicamentos en las instituciones de salud, hay una controversia que estamos intentando resolver con las autoridades. Ese también es un obstáculo para las mujeres que quieren interrumpir el embarazo en sus casas. Tenemos obstáculos que tienen que ver con el conocimiento: me gusta la expresión desconocimiento en el sentido de ignorar, “esa vaina no la conozco”; hay menos problemas de interpretación porque la sentencia es muy clara (las mujeres pueden abortar hasta la semana 24 basadas en sus propias razones). Otro elemento es la educación de los profesionales en las facultades de medicina y de ciencias de la salud en este marco legal vigente. El obstáculo más grande es lo que llamamos la despenalización social, crear entornos de legitimidad frente a las decisiones de las mujeres, cambiar el corazón y la cabeza de las personas. En eso hemos avanzado bastante, las encuestas de Cifras & Conceptos muestran que hoy en Colombia, casi un 70 por ciento de las personas está en contra de que las mujeres que se han practicado un aborto vayan a la cárcel; más de un 90 por ciento considera que las maternidades deben ser deseadas; sólo un 2 por ciento cree que el Estado o la Iglesia se deben meter en sus decisiones privadas. El 75 por ciento cree que estas son decisiones que les competen a las mujeres. Sin embargo, falta mucho para esa despenalización social, la clase política no ha querido entender que hay un cambio en la sociedad, que tiene que leer ese cambio si realmente quiere hacer una política representativa. En veinticinco años que llevo haciendo esta lucha, esta última decisión fue un giro para la mayoría de las mujeres que empezaron a decir en público:  yo también tuve un aborto. Nunca oí a tantas mujeres cerca de mí, en reuniones en Naciones Unidas, en el Gobierno, decir “yo también aborté o tuve esta experiencia”: esto crea un entorno de legitimidad para otras mujeres. 

A.C.R.J.: Algo muy importante es el cambio cultural, pero parece como que siempre estuviéramos hablando de un entorno muy urbano. Hay unas mujeres que son especialmente vulnerables, quienes viven en áreas rurales y en comunidades indígenas y afro.  Hablemos de esa vulnerabilidad y de los asuntos pendientes de la implementación de la sentencia C-055 de 2022. 

L.C.G.: Con la sentencia Causa justa, la CC instó al Gobierno y al Congreso para que diseñe e implemente una política nacional en materia de salud sexual y reproductiva. En las recientes discusiones del Congreso esta política no fue actualizada, no quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay una omisión por parte del Legislativo: entender los temas de salud sexual y reproductiva de manera más integral y llegarles a esas mujeres que están en contextos de mayor vulnerabilidad. Hablando de los grupos de mujeres en su diversidad, desde la Mesa tenemos un particular interés por conocer las barreras de acceso desde un enfoque diferencial. Hemos adelantado varias investigaciones pensando en los grupos de mujeres diversas: hicimos una investigación en alianza con la organización Guadalupe Zapata, con presencia en Risaralda y ahí encontramos muchas relaciones entre el conflicto armado y el desplazamiento y las limitaciones de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, pero puntualmente aborto. Veíamos con mucha reiteración que ellas decían: cuando las mujeres negras abortan están abortando también la pobreza, ahí hay una concepción distinta de la maternidad y, si se quiere, una aceptación de familias mucho más numerosas que la que tenemos las mujeres mestizas. Se puede decir que la IVE para ellas tiene unas barreras que son más culturales, también asociadas a la falta de acceso al servicio de salud por condiciones del desplazamiento y del impacto del conflicto armado en sus vidas. Con ocasión de las sentencias de tutela hemos ahondado en cuáles son las barreras de acceso que enfrentan: ellas dicen que las mujeres indígenas no logran estar en el ejercicio de ser autoridades indígenas porque estos son lugares aún muy cooptados por los hombres, con pensamientos muy masculinos. Cuando se decide sobre si una mujer indígena puede acceder o no a la IVE, son los hombres quienes están tomando esta decisión, “no nos están consultando a nosotras e incluso están expidiendo regulaciones como la resolución de la AIC que tiene unas limitaciones para la IVE sin que nosotras tengamos una representación en esas decisiones”.  Ahí también hay varias barreras asociadas a cómo la sentencia C-355 pero también la C-055 han comprendido el acceso bajo la causal de violencia sexual versus cómo se entiende la violencia sexual en las comunidades indígenas, porque en el marco de la justicia ordinaria se entiende que todo embarazo en una menor de catorce años se presume que hay violencia sexual, mientras que en la jurisdicción especial indígena se entra a analizar el caso para entender si esa relación fue consentida o no. Ahí cambian esas posibilidades de acceso. Si la relación fue consentida incluso puede darse la situación de que la menor tenga que aceptar una unión o un matrimonio forzado con ocasión de ese embarazo y de la imposibilidad de acceder a una IVE.  Esas barreras de acceso en las comunidades indígenas van a devenir para las mujeres, pero especialmente las niñas, en otras vulneraciones y la coerción de otras libertades y otros ejercicios de la autonomía económica y política. Esto lo que tiene que ver con comunidades afro y mujeres indígenas. Aunque no hay muchos estudios sobre cómo es el acceso por parte de personas trans o no binarias lo que hemos indagado y conocemos en conversaciones con colectivos y organizaciones que trabajan con LGBTIQ+, es que con frecuencia las personas trans o no binarias tienen que renunciar a su identidad de género para poder acceder a la IVE. 

A.C.G.V.: La mayoría de esas mujeres indígenas, cuando la EPS las manda a la autoridad indígena, les niegan el aborto. Es como si las mujeres indígenas estuvieran sujetas a ser ciudadanas de segunda categoría subyugadas a su autoridad indígena. La Mesa también ha hecho estudios de barreras con mujeres migrantes y, adicionalmente en el estudio que hicimos sobre criminalización, conocimos que la mayoría de las mujeres que han sido perseguidas en Colombia por el delito de aborto (hoy no sabemos si están siendo perseguidas o no); aunque hay una directriz de la Fiscalía General de la Nación muy buena que apunta que ninguna mujer sea perseguida, sabemos que las que han sido perseguidas son las niñas y las mujeres rurales. Ese fue uno de nuestros grandes argumentos en la demanda: no todas las mujeres cargamos con las mismas consecuencias cuando el aborto está prohibido o cuando hay limitaciones en el acceso.

A.C.R.J.: Cuando pensamos en el aborto, en lo que se ha avanzado en nuestro contexto y en otros como el argentino, se pregunta ¿qué tan lejos estamos de hablar de la despenalización total?

A.C.G.V.: Yo me siento muy dividida en esa pregunta: por un lado, nos demoramos quince años en dar un paso hacia la despenalización hasta la semana veinticuatro, aun cuando nos habíamos dado cuenta de que ese modelo de causales era muy limitante. Pero por otro lado me siento muy optimista porque creo que hay profundos cambios en la opinión pública, hay también transformaciones importantes en el sistema de salud y en el sistema de justicia de cara a la implementación de esta sentencia. Me parece muy irónico que todavía reste un delito en el código penal que es casi que simbólico o ineficaz: está ahí para recordarnos cómo esas limitaciones que tenemos aun en el ejercicio de la autonomía reproductiva como mujeres. Nosotros, desde Causa justa, nunca buscamos un modelo de despenalización por plazos, nuestra propuesta realmente sigue siendo el cambio de paradigma, que para nosotras consiste en sacar la conversación del aborto del ámbito penal. Yo me imagino, tengo una fantasía, en la que los estudiantes de Derecho dentro de quince años tengan el Código Penal en sus manos digan “¿en serio? ¿alguna vez existió un delito de aborto? ¿cómo así?  ¿qué significa eso? ¿qué significa un delito que exige a la mitad de su población que no viva en libertad, que no viva en igualdad?”. La decisión sobre la continuación o no de un embarazo, la maternidad deseada y la interrupción del embarazo son elementos inherentes a la libertad de las mujeres, si no pueden ser libres sobre su proyecto de vida, no pueden ser iguales y por tanto no son ciudadanas de primera categoría. Pero al mismo tiempo estoy convencida de que esta es una batalla cultural. Yo creo que no nos van a poder arrancar de las nuevas generaciones de mujeres, de hombres y personas trans que están convencidas de que esa libertad hay que protegérsela a todas las personas para que vivamos en una sociedad más pacífica y mejor. Lo único que yo tengo es un mensaje de optimismo para las jóvenes: veinticinco años se pasan muy rápido. Uno nunca arranca una lucha pensando cuánto se va a demorar ni qué es lo que va a conquistar, uno da una lucha porque está convencido de que hay una injusticia y que uno quiere transformar esa injusticia. Y si uno tiene eso en el corazón, lo va a hacer desde todos los lugares en los que habite. Debería alguien preguntarse qué hace un delito de aborto en el Código Penal colombiano que, además de ineficaz, contraproducente e injusto, es obsoleto.

En muchas regiones del país se mueven colectivos de mujeres que luchan de distintas formas por los derechos de las mujeres. Hace diez días, en la celebración de sus veinticinco años, la Mesa entregó por primera vez el premio Lucy Wartenberg, el cual se otorgará cada dos años para exaltar las luchas por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En esta oportunidad, lo mereció el colectivo Aquelarre, un laboratorio interdisciplinario de diseño, ubicado en el departamento del Cauca, que crea estrategias y narrativas para generar experiencias lúdicas con enfoque feminista. Mientras esa presencia regional continúe y se fortalezca, el aborto probablemente se esfumará del discurso de los manzanillos que usan los derechos de las mujeres para conseguir votos… y ahondar en vulnerabilidades históricas.