“Mientras el conflicto no se cierre, Colombia seguirá cosechando víctimas”: Patricia Tobón, saliente directora de la Unidad para las Víctimas

Patricia Tobón Yagarí, directora saliente de la Unidad para las Víctimas, renunció a su cargo luego de que el presidente Gustavo Petro se lo pidiera.

La exintengrante de la Comisión de la Verdad llegó en octubre de 2022 al cargo. En ese tiempo se lograron múltiples avances que Tobón resaltó en entrevista con CAMBIO.

Entre otros indicadores, en 2024, 28.731 personas han sido indemnizadas por más de 384.000 millones de pesos. Se espera que en 2024 se den 270.000 indemnizaciones, ya que la asignación de recursos para medidas de reparación es de 2,7 billones de pesos.

Desde que comenzó el Gobierno Petro, se han realizado 225.345 indemnizaciones a 195.665 personas, por 1,9 billones de pesos.

CAMBIO: ¿Cuál es el balance general que hace de su gestión en ejecución y en logros?

P.T.: Nosotros encontramos la entidad con más de 2.000 anotaciones de la comisión de seguimiento a la política de víctimas. De la Corte Constitucional, encontramos una entidad centralizada con diferentes medidas regresivas para la atención a las víctimas, con muchos procedimientos y obstáculos. También hallamos un rezago bastante grande. Entonces, dentro del trabajo que nosotros hicimos, lo primero fue conformar un equipo técnico, humano, miembros de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, personas con gran capacidad de trabajo por las víctimas y también trabajo técnico y compromiso ético. Eso es un gran legado que permitió, por primera vez, acercar a los directores territoriales a áreas dispersas, en zonas a donde no se había llegado.

También hicimos un trabajo con el territorio, de concertación de diálogo, de la mano con las víctimas, con enfoques diferenciales. Hicimos parte de estos equipos a pueblos étnicos, líderes sociales y víctimas del conflicto, lo que humanizó la atención diferencial. Nosotros nos fuimos con las metas más altas en el Plan Nacional de Desarrollo. Construimos un modelo de intervención territorial, al que llamamos Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI), para recoger toda la deuda pública en víctimas, cruzamos toda la sentencias y más. Así, construimos una focalización que hoy tienen todas las entidades de Gobierno.

Contamos con el mayor presupuesto para 2024. Cuando llegamos, en 2022, el presupuesto era de 2,1 billones, en 2023 llegó a 2,7 billones y logramos que se aumentará a 4,4 billones en 2024, para ser coherentes con el plan. Cuando yo llegué, había una ejecución del 77 por ciento y logramos una ejecución del 99 por ciento cerrando 2022. En 2023 logramos una ejecución del 97 por ciento y en este momento vamos con una ejecución de 29,8 por ciento de los recursos comprometidos. 

CAMBIO: Unos 6,9 millones de los 8,6 millones de desplazados que tiene Colombia aún necesitan de asistencia o reparación a  sus derechos, según la IV Encuesta Nacional de Verificación 2023. ¿Cómo entiende esta cifra la Unidad?

P.T.: Mientras el conflicto no se cierre, Colombia seguirá cosechando víctimas. Eso es una realidad, algo que se volvió permanente: el crecimiento de las víctimas del conflicto. La no repetición real, de nuevos hechos victimizantes, es realmente que no haya conflicto. Es necesario pasar de políticas asistenciales -que de todas maneras hay que seguir atendiendo lo humanitario, pero hay que superarlas- y lograr políticas sostenidas, y que las personas puedan tener capacidades para reconstruir sus proyectos de vida, lograr reasentarse, reubicarse en condiciones de dignidad y superar la vulnerabilidad.

En Colombia, la población víctima del conflicto mayoritariamente coincide con la población más vulnerable, con la que está en pobreza y en extrema pobreza. Requerimos que  eso se trabaje. Por esa razón fue una de las propuestas en el proyecto de ley en el Congreso de la República. Se requiere adecuar todas las políticas de Gobierno. A corto plazo, tenemos una meta: la superación de la vulnerabilidad de 2 millones de víctimas, en la que nos sumamos con varias alcaldías, que en su plan de desarrollo lo pusieron, porque el presupuesto nacional no es suficiente y requiere la concurrencia de las entidades territoriales.

CAMBIO: Ustedes deben presentar un plan actualizado para atender a la población desplazada. ¿En qué está ese trabajo?

P.T.: Nosotros tenemos dos escenarios muy importantes. El primero: en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos que cumplir como Gobierno nacional, en cabeza y responsabilidad de Planeación Nacional, Departamento de Prosperidad Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y todas las entidades del Gobierno, el cumplimiento de la meta de la superación de la vulnerabilidad con enfoque en soluciones duraderas de esas 2 millones de víctimas. 

Por otro lado, somos requeridos por la Corte Constitucional, que nos solicita que construyamos un plan que ayude a la superación del estado de cosas inconstitucional. La idea es que cuando lo establezcamos lo podamos presentar a la Corte. Para esto estamos trabajando en mesas técnicas, llevamos más de un año, pues en este en este trabajo. Hay cosas estructurales que se deben desarrollar.

CAMBIO: La entrega del plan iba a ser en mayo, ¿por qué se ha corrido?

P.T.: Esa es la metodología de la Corte Constitucional. Nosotros acudimos a la solicitud de la Corte y esta define los tiempos. Estamos en los tiempos que la Corte nos ha pedido.

CAMBIO: ¿Y para cuándo lo tienen que tener?

P.T.:  En la medida en que la Corte nos lo requiera. Acabamos de terminar las sesiones, ellos nos deben determinar el tiempo. Hay otros temas que quiero decirle. Nosotros presentamos un proyecto de ley, si bien aquí hay asuntos de tipo interno y de tipo de política pública en el Plan Nacional de Desarrollo, somos conscientes de que aquí hay temas estructurales. La política de víctimas nació antes que el Acuerdo de Paz y necesitamos articular efectivamente la política de víctimas con el punto quinto del Acuerdo. Una de las órdenes allí descritas es que se reglamente y se actualice la política. También propusimos la creación de la Comisión de financiamiento para discutir y debatir en un alto nivel las posibles fuentes de financiación para la política de víctimas, que está desfinanciada. Es un análisis difícil, porque eso seguramente emitirá recomendaciones a la reforma tributaria, a la recomendaciones redistributivas de los recursos. Los temas de coordinación son de gran responsabilidad por la magnitud de la situación de las víctimas en el país. Este Gobierno está comprometido en esa discusión y yo aquí he estado liderando, con el Ministerio de Hacienda y el DNP, esa discusión.

También estamos en el proceso de la reglamentación de los decretos leyes étnicos, expedidos en 2011, y que históricamente los pueblos han reclamado, para adecuar gran parte el enfoque diferencial en atención a ellos en este momento. Estamos en esos procesos consultivos y este año se espera avanzar en la concertación. Lo mismo o algo central para nosotros ha sido cumplir con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, una de las grandes anotaciones con las que recibí la política de víctimas.

También hemos hecho un trabajo de una lucha contra la corrupción, el recuperar el Fondo de Reparación. Yo solicité una auditoría a mi llegada, hice denuncias a los órganos de control, a la Fiscalía, las primeras denuncias generaron investigaciones en hallazgos fiscales de más de 15.000 millones de pesos del fondo, pero también la auditoría pudo identificar un posible detrimento patrimonial de 4.200 millones, que también puse en conocimiento de las autoridades. También hicimos  unas acciones de mejora e identificamos el estado real de los bienes que administra el fondo.

Hemos monetizado, en el 2023, alrededor de 11.000 millones de pesos de venta bienes rurales. Monetizamos 28.000 millones de las rentas. En toda la historia del fondo, se habían monetizado 17.000 millones de pesos. Hemos hecho más de 4.000 giros, por una inversión de 142.000 millones de pesos; avanzamos pagando en 45 sentencias donde los responsables son Mancuso, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Freddy Rendón (alias El Alemán), que llevan años esperando. Con los dineros que entren de esta monetización, que es histórica, se debe avanzar en el pago de las otras sentencias que han estado esperando históricamente.

Hay unos casos emblemáticos, históricos, de gran preocupación nacional, como el del pueblo Nukak, con la situación de los niños y niñas, en los que desarrollamos procesos de articulación, pero también estamos avanzando con ellos en la ruta de retorno y la construcción de la ruta de reparación colectiva.

CAMBIO: ¿Esto incluye trabajo también con Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente?

P.T.: Claro, la reserva Nukak. Por ejemplo, acabamos de terminar un proceso que históricamente estuvo obstaculizado, porque ellos no tenían cédula y nosotros hicimos todo el proceso con Registraduría. También estamos trabajando para todo lo que es la atención integral de ellos. 

El caso también del Alto Andágueda, un caso en las principales ciudades del país y que antecede a este Gobierno. Es de la época de los años 70. Ellos viven una ruptura social como producto del conflicto armado y sus efectos diferenciados. Es una población nómada que terminó en situación de mendicidad, de dependencia económica de los subsidios estatales y que en este momento trabajamos en tres frentes: el acuerdo con la población Embera que está en 16 departamentos, para que puedan acoger a estas familias que ya no se reintegran a sus nucleos familiares, la ruta para trabajar la transformación de sus vidas,

la reubicación de familias que ya no regresan a esos territorios…

CAMBIO: ¿Ese trabajo se ha hecho con las alcaldías también?

P.T.: Estamos con la Agencia Nacional de Tierras.

CAMBIO: ¿Y alcaldías? Digamos, para quienes están en Bogotá, en los parques…

P.T.: Pasamos por un proceso de concertación entre todos ellos, porque la primera opción tiene que ser sus territorios.

CAMBIO: Pero si justamente no tienen vocación de retornar…

P.T.: Algunos tienen vocación de retorno, no a su territorio de origen sino a otro territorio embera, de acogida. Estamos aplicando aquí la ruta étnica porque en esas comunidades, hay escuelas, hablan sus idiomas, hay mayores condiciones de reintegración. La segunda es los territorios rurales y una ruta voluntaria, que también requiere un proceso con todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) y también acuerdos con ellos. La tercera tiene que ver con Bogotá y otras ciudades, pero especialmente Bogotá, que se volvió la ciudad de llegada de la población embera porque tiene mayores servicios, porque también aquí ellos encontraron un lugar para vender sus artesanías y porque, lamentablemente, la mendicidad se volvió una fuente de la economía para estas poblaciones. Estamos trabajando con la ciudad. Este es un tema que debe ser revisado con las autoridades embera, porque es de larga data. Hacer que esas comunidades seminómadas entren en un proceso de capacidad para sobrevivir requiere un proceso especial para ellos.

CAMBIO: El 9 de abril, un colectivo de trabajadores de la Unidad puso a rodar un comunicado en el que le cuestionan las acusaciones de supuesta corrupción en la entidad durante sus 18 meses en el cargo y le exigieron estar menos ausente. ¿Qué responde? 

P.T.: Desde mi llegada yo he presentado a los órganos de control, sobre pruebas y hallazgos, lo que aquí nosotros encontramos. Eso no es una situación generalizada, hay unos indicios, hay unos posibles responsables. Entonces puedo decir que he cumplido con mi deber.

CAMBIO: Le cambio de tema. ¿Es cierto que su relación con los congresistas del Pacto Histórico no es buena?

P.T.: Yo he hecho un trabajo respetuoso. Aquí hay una ruta de Congreso, hemos hecho en muchos territorios, respetando también la separación de poderes. Yo siempre he sido enfática: el Congreso legisla, el Ejecutivo administra y los jueces juzgan. Para mí es muy importante mantener esa independencia sobre la responsabilidad que tenemos nosotros acá con las víctimas del conflicto, la responsabilidad nuestra es avanzar de manera eficiente, transparente. Entonces, todas las personas que han venido acá respetando esa separación de poderes, yo siempre las he estado atendiendo aquí.

CAMBIO: ¿Entonces cuál es la relación con dichos congresistas?

P.T.: Yo he sido muy respetuosa del Congreso. Es decir, del trabajo de los congresistas, siempre he pedido también respeto al trabajo que hace la unidad para las víctimas, al cuidado y los recursos públicos, a la transparencia, al debido proceso, y que no haya ninguna intermediación política para que las víctimas puedan acceder a la Unidad.

CAMBIO: ¿Por qué se va? Usted me decía ahora todo lo que han logrado, todo lo que han podido hacer, entonces, ¿por qué le piden la renuncia?

P.T.: Bueno, no, yo desconozco los motivos por las cuales el señor presidente me hace la solicitud de renuncia, pero yo la asumo con respeto. Para mí, lo más importante es que esta es una entidad que debe seguir trabajando por las 9 millones de víctimas y por todo lo que este Gobierno prometió.

CAMBIO: ¿A qué se va a dedicar ahora? ¿Va a seguir trabajando en asuntos de víctimas en el Gobierno o fuera del mismo?

P.T.: Soy una mujer indígena, líder defensora de derechos sociales. Ese es un cargo que tengo desde que nací, porque la población de donde yo vengo es una de las poblaciones más afectadas por el conflicto y la inequidad. Ahí me toca seguir trabajando y apoyando a las comunidades. Donde yo vaya a estar, siempre voy a apoyar las causas de las comunidades.

CAMBIO: ¿Hasta cuándo va a estar en el cargo?

P.T.: Yo estoy hasta que puedan ya confirmar con el decreto a la persona que me va a reemplazar.

CAMBIO: Se ha dicho que va a ser Lilia Solano, viceministra del Interior actual. 

P.T.: Su hoja de vida ya está publicada. Estamos esperando el nombramiento oficial.

CAMBIO: Ahora que va de salida, ¿qué le hubiera gustado hacer que no alcanzó o hay algo adicional que quiera decir?

P.T.: Creo que queda una institución coherente con el cambio que se propuso por parte del Gobierno nacional, que dejamos un legado de personas idóneas con un gran compromiso social y logramos recuperar la confianza en los territorios y en las víctimas, y también dejar un proyecto de ley en el Congreso.

Cuando llegamos, no se encontraba la salida a los problemas. Ahora hemos encontrado salidas. Por ejemplo, es muy necesario instaurar la Comisión de financiamiento, es fundamental hablar de cuáles van a ser las fuentes de financiación para la política. Esa es una discusión necesaria. Lo otro es la actualización de la ley de víctimas en el marco del Acuerdo de Paz, eso es fundamental, ya está en el Congreso. Mantener la operación técnica, porque ya están los recursos, ya están las metas, ya están los acuerdos con las comunidades. Cumplir con el capítulo étnico, avanzar con lo de las soluciones duraderas. También avanzar en ese plan a corto y mediano plazo con la Corte Constitucional. De cara a la política de víctimas siento que, en el período que estuve, aportamos decididamente, nos pusimos, no solo la camiseta, sino que también recuperamos la ética pública de esta entidad. Sabemos que esto no es suficiente, que requerimos que este Gobierno culmine estas metas y estos propósitos y que otros gobiernos sean igual, y hasta más, progresistas con las víctimas, por la realidad que ellas tienen.