El Gobierno promete indemnizar a 106.000 víctimas del conflicto antes de finalizar su gestión

Este 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado en Colombia. A pesar del Acuerdo de Paz firmado en 2016, las víctimas siguen aumentando por la continuación de la violencia en distintas regiones del país.

A propósito, CAMBIO conversó con la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, sobre un paso clave que dará el Gobierno en la indemnización de poblaciones especialmente vulnerables –que hacen parte de una ruta prioritaria–, como las personas con discapacidad, los adultos mayores de 68 años y quienes padecen enfermedades graves. 

Entre 1997 y 2024, el Estado ha pagado 1.563.672 indemnizaciones a 1.460.771 víctimas de la guerra, por un valor de 10,9 billones de pesos. 1,7 billones se han pagado durante el Gobierno actual. La meta del actual Gobierno, entre otras, es que para 2025 estén indemnizadas las 106.337 víctimas que hacen parte de aquella ruta prioritaria.

Por otro lado, Tobón también se refirió al proyecto de ley impulsado por las víctimas y el Gobierno, que pretende modificar la Ley de Víctimas, a la voluntad política de alcaldes, gobernadores y congresistas, y a las metas para lo que queda de esta administración.

• “No está funcionado el proceso de restitución de tierras”: víctimas

CAMBIO: ¿Cuál es el cambio en las indemnizaciones para personas mayores, personas con discapacidad, etcétera, que alista este Gobierno, a propósito del 9 de abril?

Patricia Tobón : Hay 106.337 personas que hemos identificado que tienen solicitudes de ruta prioritaria, es decir, personas mayores de 68 años, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas probadas. Vamos a dar un anuncio en este Gobierno: las hemos priorizado todas para que reciban su indemnización en este mes de abril, vamos a dar 32.000 de esas indemnizaciones a esta población y el próximo año aspiramos cerrar la meta de la totalidad de esas víctimas priorizadas al 31 de diciembre de 2023. Es decir, que podamos cumplir en el periodo de Gobierno con el ciento por ciento de los casos de la ruta prioritaria y culminar con esa deuda de rezago que se tenía.

Hasta la fecha, hemos dado 204.713 indemnizaciones administrativas por un valor de 1,7 billones de pesos, beneficiando a 178.953 víctimas. Es de las indemnizaciones más grandes en toda la historia de la política, sabemos que el rezago es grande y también por eso vamos a instalar una comisión de financiamiento para discutir cuál es la solución para atender este déficit que se tiene. 

CAMBIO: Sobre estas poblaciones priorizadas, ¿qué había pasado? ¿Por qué se decide hacer ahora y de esta forma?

P.T.: Esta es una ruta que existe desde antes, pero estas solicitudes llevan años esperando. Desde 2018 que la Corte le dijo al Estado colombiano "haga una ruta prioritaria, porque usted tiene escasos recursos y usted debe priorizar a las personas más vulneradas primero". Estamos comprometidos en avanzar con esta población que es, dentro de la vulnerable, la más vulnerable.

CAMBIO: ¿Esta indemnización va acompañada de apoyo en otro tipo de programas?

P.T.: Hay otros programas: varias entidades también acompañan a estas víctimas en toda la ruta de cómo ellos podrían utilizar de una mejor manera estos recursos. Es una decisión de las víctimas. 

CAMBIO: ¿Cómo va el avance del proyecto de ley para reformar la Ley de víctimas, impulsado por ustedes?

P.T.: Es un proyecto de ley realmente presentado por las víctimas. Cuando el Gobierno llega, nosotros nos abrimos a la participación y a la escucha, porque la política de víctimas tiene muchas observaciones. Primero, porque las víctimas han aumentado y mientras el conflicto no cierre, las víctimas siguen aumentando y la política de víctimas está desfinanciada.

En este momento el proyecto está en Comisión Primera: confiamos en quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante la reforma, puesto que beneficia a una población de las más golpeadas por el conflicto, es una reforma muy solicitada por las víctimas, está como uno de los puntos del Acuerdo de Paz que se pueda actualizar la Ley de víctimas.

Somos conscientes de que esto es una responsabilidad ya del Congreso. El Gobierno ha cumplido a las víctimas con presentar la iniciativa, seguirá impulsando la creación de la comisión de financiamiento para poder tomar decisiones, para poder avanzar, y cumplirá con las metas del Plan Nacional de Desarrollo que son las más altas en la historia de la política. 

CAMBIO: ¿Qué es lo que las víctimas más quisieran modificar de la Ley de víctimas?

P.T.: Son cinco cosas. Las víctimas quieren que se articule la política de víctimas y la de paz, porque la política de víctimas ha sido asistencialista y requieren realmente acciones de la llegada del Estado a sus territorios y también que ellas puedan acceder realmente a sus programas, que haya un desarrollo de país con una centralidad en las víctimas, como se acordó en el Acuerdo de Paz.

Segundo, la articulación entre el Estado nacional y sus sustituciones, con la participación del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, y con los entes territoriales. ¿Por qué? Porque todavía sigue desarticulado un plan de intervención territorial y sobre estos temas, donde se pueda de verdad trabajar, que se establezcan partidas reales presupuestales para ese rezago que tiene anotaciones innumerables por todos los jueces, la Corte Constitucional y los órganos de control. Es un rezago que es anterior a nosotros y que este Gobierno hereda, pero que heredará otro Gobierno. Estamos haciendo la tarea que debieron haber hecho otros gobiernos, para que el que venga, el próximo Gobierno, vea avances en esto.

También está el tema de la fuente de financiación. Hay nueve informes de la Comisión de seguimiento a la política que pregunta dónde están esos recursos. Tenemos que trabajar en la solución, dar la discusión, buscar y ser ingeniosos y también responsables a la hora de plantear hasta dónde podemos reparar, con qué y hasta dónde es la presencia del Estado. Es una discusión seria, que no es fácil. En este Gobierno estamos comprometidos con ello.

Otro tema que ellos han pedido es el cambio de actitudes institucionales de desatención a las víctimas. 

Estamos ajustando los decretos de ley étnicos, ya que históricamente la entidad tiene muchas observaciones sobre los asuntos étnicos. Estamos también revisando la ruta de reparación colectiva para que los sujetos de reparación colectiva accedan a esa medida de fortalecimiento de sus capacidades reales y también a trabajar aquí temas como el enfoque de género, el de discapacidad, etcétera. Entonces son parte de las metas que tenemos de adecuación y de ajuste en el interior de la entidad 

CAMBIO: ¿Cuál es el presupuesto de la Unidad para las Víctimas? ¿De cuánto quisiera que fuera?

P.T.: Nosotros tenemos un presupuesto de 4,4 billones. Gran parte del presupuesto es de la indemnización, otro presupuesto va para la reparación colectiva, otra de las medidas de implementación, que son 300. Está contado para cumplir lo que acordamos en el Plan Nacional de Desarrollo.

CAMBIO: A propósito de este proyecto de ley, usted hablaba de que la plata de las víctimas no podía irse para la burocracia y para la corrupción…

P.T.: A nuestra llegada acá yo puse unas denuncias en Fiscalía, en los órganos de control, de indicios de cómo encontramos el Fondo de Reparación a Víctimas y eso llevó a unos hallazgos de tipo fiscal que en este momento avanzan en los órganos de control. Posteriormente realicé una auditoría con la Oficina de Transparencia, encontrando nuevos hallazgos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, de los órganos de control. Mi preocupación como autoridad administrativa es salvaguardar los recursos de las víctimas.

Aquí hemos establecido una política de transparencia, vamos a seguir haciendo auditorías que den cuenta de cómo se han utilizado los recursos y también a tomar medidas de transparencia y de ajustes institucionales para salvaguardar esos recursos. Esas acciones que hemos adelantado nos ha permitido poder indemnizar mucho más a las víctimas: el año pasado teníamos 105.000 como meta y pudimos avanzar en 163.000.

Mi responsabilidad es con esas 9 millones y medio de víctimas. Yo hago las alertas para que toda la ciudadanía pueda estar pendiente también de que avance esa ley. En muchas reuniones que tengo en las entregas de indemnizaciones en reuniones, que tengo con comunidades, les he pedido que entre todos ataquemos la corrupción, que no permitamos que los pocos recursos que les llegan a las víctimas sean utilizados o sean reclamados por una u otra persona, donde se les pidan cuotas a las víctimas. Hemos encontrado aquí muchas prácticas de corrupción para intentar quedarse con los recursos de las víctimas y lo hemos atacado con una ruta antifraude. Hemos hecho numerosas denuncias y seguimos articulando esfuerzos para que las víctimas denuncien, para activar rutas para protegerlas.

CAMBIO: Con todas las conversaciones que ha tenido con entidades, alcaldes, gobernadores, congresistas, ¿cómo ve la voluntad política de trabajar por las víctimas?

P.T.: En 2011 fueron las víctimas las que exigieron y en esta oportunidad son ellas las que están empujando la reforma. Este es un tema al que no se le ha puesto la atención debida. Hoy hay una oportunidad histórica, pero la responsabilidad no solo es del Gobierno nacional, quiero ser clara, es del Congreso también y de muchas fuerzas, porque este es un tema que debió haberse resuelto antes de la llegada de este Gobierno.

Quizás eso nos hubiera permitido tener más herramientas para seguir avanzando o hubiéramos logrado tener menos rezagos. Lo que muestra el rezago es que efectivamente esto no ha sido una prioridad. Quizás también porque se ha naturalizado que esto ocurra, se le ha dado la espalda a las necesidades de las víctimas y eso ya muestra un problema de quiebre ético histórico de la política colombiana para con esas víctimas y de justicia social.

Entonces, cuatro años es insuficiente para resolver un déficit de Estado histórico, pero es necesario dar la discusión. Sin embargo, va a requerir el compromiso de muchos gobiernos progresistas para con la necesidad de ese otro país que no ha tenido Estado para poder cambiar esta situación.

CAMBIO: Volviendo al tema de la articulación con las otras entidades, por ejemplo, hemos recibido comentarios de que el Ministerio de Vivienda a veces no gira la plata para programas de vivienda, por desarticulación. Eso a lo mejor se repite con otras entidades. ¿Me podría aclarar el tema y si eso se quiere arreglar con el proyecto de ley?

P.T.: La mayoría de las víctimas también están en extrema pobreza. Gran parte de esas víctimas también piden acceso a vivienda. Hay un problema en el país, y por eso hemos puesto en la discusión de la ley también la política de vivienda. Gran parte de los colombianos han hecho su vivienda de una manera informal, como ha podido y gran parte de muchos barrios son de invasión. 

Por eso, el Estado ha tenido que priorizar históricamente unas viviendas subsidiadas, pero donde también las comunidades ponen recursos y otras donde las comunidades ponen también trabajo. Necesitamos encontrar el modelo masivo para aquellos barrios y de una modalidad de vivienda comunitaria y colectiva, y otras viviendas que seguramente son de subsidios.

En Colombia tenemos que avanzar en ese modelo comunitario. Nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo porque tenemos gran cantidad de comunidades que están en la ruta colectiva esperando esas viviendas y en la ruta individual muchas de ellas, que no cumplirían con los requisitos para el subsidio, pero el déficit es más grande que el de indemnizaciones.

CAMBIO: ¿Hay una cifra de ese déficit?

P.T.: La solicitud de vivienda subsidiada es enorme en el país. En un país donde ocurren muchos hechos victimizantes y donde la mayor afectada es la población más vulnerable, imagínese cómo es la situación y la solicitud de las víctimas en materia de vivienda.

CAMBIO: Le cambio de tema. El equipo de la Subdirección de Valoración y Registro está encargado de recibir y valorar las declaraciones de las víctimas que hacen su declaración para ser incluidas en el Registro Único de Víctimas. En ese sentido, ¿es cierto que a este equipo que revisa casos y define la acreditación de las víctimas se le pide revisar diez historias al día (más de una por hora)? Si es así, ¿cuál es la razón? 

P.T.: El Gobierno apoyó la aprobación de una ley para abrir la revisión en el Registro Único de Víctimas. Estamos en un plan choque y hemos solicitado a Hacienda emitir los recursos y a Planeación Nacional los ajustes. Estamos en este momento en el alistamiento para la revisión de ese volumen, es parte de nuestra tarea. Sin duda, aquí con la solicitud de requerimientos ha aumentado el nivel de trabajo y también estamos solicitando la ampliación de los plazos para poder responder a ese volumen o a esa meta que nos ha solicitado la ley.

La Ley 1448 de 2023 es clara al establecer en su artículo 156 que, luego de que se presente la solicitud de registro ante el Ministerio Público, la Unidad para las víctimas tiene un tiempo máximo de 60 días hábiles para adoptar la decisión de otorgar o denegar el registro, luego de verificar los hechos victimizantes. En este sentido, la Unidad establece la meta de valoración para cumplirles a las víctimas al valorar sus declaraciones en el plazo establecido. 

Como todos los equipos o procesos, es fundamental contar con metas y mecanismos que nos permitan hacer seguimiento y monitoreo. Para valorar en los tiempos de ley, establecemos una meta de acuerdo con el promedio de valoraciones que recibimos anualmente y el equipo que podamos contratar según el presupuesto asignado para el año. Para 2024, con el equipo que tenemos, hemos pronosticado valorar 112.320 declaraciones. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en cuanto a las valoraciones, la Unidad para las Víctimas funciona a demanda, por lo que hay meses en los que puede variar el promedio, según situaciones de orden público o jornadas de toma de declaración que haga el Ministerio Público. En caso de que esto ocurra, se implementan estrategias para contar con más personal capacitado para valorar. 

Normalmente, la meta es de diez declaraciones al día por persona para lograr responder a la demanda de declaraciones recibidas, aunque en algunos años ha sido superior. Este año logramos ajustar la meta a ocho declaraciones por día para el equipo de valoradores de declaraciones individuales.  

Se ha logrado un progreso significativo de la entidad para responder a las víctimas en los tiempos establecidos en la ley. En 2012 se valoró un 11 por ciento de declaraciones en términos, para 2017 este porcentaje de cumplimiento fue del 70 por ciento, desde 2021 este promedio de cumplimiento ha sido de 97,6 por ciento y actualmente estamos en 99 por ciento.