“No está funcionado el proceso de restitución de tierras”: víctimas

Ante la Corte Constitucional, voceros de la Mesa Nacional de Víctimas expresaron reparos sobre la forma como se viene adelantando el proceso de restitución de tierras en el país.

Según Orlando Burgos, vocero de la mesa, aunque se trata de uno de los pilares de reparación, “después de 13 años la Ley no se ha podido cumplir”.  

“Una de las situaciones más complicadas es la fase administrativa (del proceso), hay que revisarla porque es donde se están quedando las solicitudes. Casi que los abogados de la Unidad de Restitución de Tierras no se ponen al servicio de las víctimas, sino de la institucionalidad”, dijo.

Burgos dijo que las víctimas han presentado 151.823 peticiones, de las cuales solo 39.000 pasan la fase administrativa. Y esa cifra se reduce aún más cuando pasan a la fase judicial, que es donde se concreta el proceso y se ordena la entrega de bienes.

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“La Unidad nos manifiesta que 325.000 hectáreas han sido entregadas. Nosotros creemos que es un poco más, en uno nos da el 7 por ciento y en otro el 9 por ciento (de la meta). Lo que quiere decir que realmente el proceso de restitución de tierras no está funcionado para las víctimas de desplazamiento”, agregó.

Igualmente, Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, indicó que hay fallas en el proceso de entrega de la indemnización administrativa la cual, según explica, es la más importante para subsanar la precariedad o miseria en la que están buena parte de las víctimas del desplazamiento en el país.

Según expresó Salas, con la entrada en vigor de la resolución 1040 de 2019, se pasó de reconocer las entregas por núcleo familiar, como dice la Ley, a hacerlo por personas individuales, por lo que los números serían mayores a lo que realmente se entregó.

Salas dijo que en 2011 se indemnizaron más de 75 núcleos familiares, que en 2019 empezó a regir esa resolución y que en 2020 pasó a 116.000 personas beneficiadas, más no hogares. “Se está midiendo por individuo y no por unidad familiar”, dijo al tiempo que indicó que se han encontrado casos de reparaciones por apenas 300.000 pesos.

La Defensoría y la Procuraduría indicaron que, a su juicio, la resolución mencionada ha sido un avance porque se aplica un criterio de priorización, sin que sea, en todo caso, suficiente.