¿Por qué los mineros siguen en paro, pese a que el Gobierno tiene la disposición de dialogar?

El paro de los mineros en Antioquia, que comenzó el pasado 21 de octubre, se mantiene. A pesar de la disposición del Gobierno de dialogar, los mineros optaron por suspender indefinidamente sus actividades, exponiendo las razones detrás de su decisión.

Descontento con el progreso de la formalización

Uno de los puntos más críticos que explica por qué los mineros decidieron iniciar el paro es la falta de progreso en la formalización de la actividad minera.

Lizeth Osorio, vocera del paro y presidenta del Comité por la Vida y la Formalización Minera, dijo a Caracol Radio que la mayoría de las Unidades Productivas Mineras (UPM) de la región no han sido incluidas en los procesos de formalización.

Las UPM mencionadas por Osorio son informales, es decir, no han cumplido con las etapas exigidas por el Estado para obtener permisos y licencias ambientales. Lo que buscan los mineros es formalizarlas, especialmente aquellas que utilizan maquinaria amarilla, para trabajar sin enfrentar sanciones legales.

Sin embargo, Osorio denuncia que el gobierno ha excluido del proceso de formalización a las UPM que emplean esa maquinaria, por considerarlas parte de la mediana minería, con un mayor impacto ambiental.

El problema con formalizar la minería mediana radica en que el enfoque actual del Gobierno quiere promover la sostenibilidad en el sector minero. En ese sentido, se debe garantizar el menor impacto ambiental. Por ello, los esfuerzos se han centrado en formalizar solo a la pequeña minería, también conocida como minería tradicional. En el caso de la mediana minería, donde se usa la maquinaria, en lugar de formalización, el avance ha sido en regulación, según explicó el Ministerio de Minas y Energía.

La cartera también informó que siguen trabajando para ofrecer medidas concretas que puedan atender las necesidades de los medianos mineros informales. Sin embargo, para los mineros esta barrera supone un incumplimiento del gobierno que ha dejado a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Criminalización del trabajo minero

Otro factor que desencadenó el paro es la percepción de los mineros de que su actividad sigue siendo criminalizada. Las comunidades mineras sostienen que, mientras intentan avanzar hacia la legalización de su actividad, las autoridades los siguen tratando como si estuvieran fuera de la ley.

Yarley Marín López, presidente de la mesa minera de Segovia, dijo a Noticas RCN que tener equipos mecanizados no debería ser considerado un indicio de ilegalidad, sino una señal de que el sector minero está avanzando hacia una mayor industrialización.

Sin embargo, al no estar formalizados ni contar con permisos para extraer minerales, el uso de maquinaria deja de ser considerado minería artesanal o de pequeña escala según la ley y la regulación actual, convirtiéndose en una actividad ilegal. Los mineros informales tendrían que sentarse a dialogar con el Gobierno y encontrar medidas concretas para evitar que se los criminalice.

Desconfianza en el Gobierno, pero acceden a dialogar

Desde que inició el paro, el Ministerio de Minas manifestó su disposición al diálogo, sin embargo, Marín expresó que los mineros consideran que las conversaciones no han sido productivas. Según él, no se ha logrado una articulación efectiva entre las diferentes instituciones, lo que ha impedido que se avancen en soluciones reales a sus problemas.

Además, los mineros sienten que mientras están dispuestos a dialogar, las autoridades continúan con la aplicación de decretos que los afectan de manera negativa. Esta dualidad en la actuación del Gobierno ha generado desconfianza.

Impacto regional y bloqueo de vías

El paro ha tenido un impacto considerable en la región, con bloqueos intermitentes en varias vías principales, incluyendo las que conectan a Medellín con el Bajo Cauca y con la costa Atlántica, así como la vía hacia Manizales.

La Alcaldía de Caucasia respondió a la situación con medidas como la implementación de la ley seca y la restricción del tránsito de vehículos con materiales peligrosos, en un intento por mantener el orden público. Sin embargo, estas acciones no han logrado detener el paro ni resolver las tensiones.