¿Qué le solicitó la Procuraduría al gerente del metro de Bogotá?
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño Díaz
Con motivo de los cambios propuestos por el Gobierno nacional para hacer un tramo subterráneo de la primera línea del metro de Bogotá, la Procuraduría le advirtió al gerente José Leonidas Narváez qué implicaría realizar las modificaciones al proyecto.
Por: Sebastián Martínez
Recientemente el Gobierno nacional sugirió realizar unas modificaciones al proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, convirtiendo un tramo en subterráneo. A raíz de esto, la Procuraduría le envió una carta al gerente del proyecto, José Leonidas Narváez.
El documento advierte que de presentarse cambios en el contrato de concesión del sistema de transporte, su ejecución acarrearía sobrecostos, el patrimonio público podría afectarse. Ante esto, el Ministerio Público planteó que la petición debe manejarse de forma responsable y diligente.
Para profundizar
La misiva hace énfasis en los cambios que se realizarían al contrato de concesión 163 de 2019 para las obras de la primera línea. Manifestó que dichas modificaciones, así como el análisis de riesgos y su mitigación, deben justificarse a partir de fundamentos jurídicos, técnicos y financieros.
La Procuraduría también expresó que "no encuentra criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la movilidad" de la capital del país.
Además, advirtió que no se han brindado explicaciones amplias respecto a las eventuales alteraciones de la meta original del proyecto que acarrearían los cambios propuestos.
Para profundizar
La Procuraduría también subrayó que las posibles demandas a raíz de la modificación de condiciones del contrato estarían motivadas por la vulneración de intereses y recalcó que el concesionario podría renunciar debido a los sobrecostos del 20 por ciento o más.
"No es procedente en la ejecución del contrato modificar aspectos sustanciales del documento de precalificación y licitación que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, previstos como requisitos habilitantes", especifica la carta.
Por otra parte, a manera de prevención, el Ministerio Público hizo un llamado a considerar los atrasos en la ejecución del proyecto, la volatilidad del valor del dólar y "el posible detrimento patrimonial por los dineros invertidos hasta el momento en estudios y diseños, adquisición de predios y traslado de redes".
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"Invertir más recursos en un contrato suscrito y sin que a la fecha se haya presentado ninguna eventualidad que así lo justifique podría acarrear una transgresión a la moralidad administrativa, y a los principios y fines de la contratación estatal", concluyó.
