El raro contrato del Ministerio del Deporte para diagnosticar la implementación de biometría en los estadios

Pese a la advertencia de sus propios funcionarios, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, decidió seguir adelante con la firma de un convenio interadministrativo que tramitó por contratación directa con la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo), una entidad sin ánimo de lucro que se autodenomina de naturaleza pública y con sede en Bogotá, creada por tres instituciones educativas del Valle del Cauca sin mayor reconocimiento. 

El valor del contrato es de 4.950 millones de pesos y su objeto es el análisis de la implementación del sistema de validación nacional y del proceso de acceso a los estadios. Todo es extraño en este proceso. Empezando por su objeto, que corresponde a hacer un diagnóstico sobre cómo debe implementarse el software de biometría en los estadios del país. El decreto 1622 del 5 de agosto de 2022, que delegó en el Ministerio de Deporte establecer mecanismos de seguridad para la sana convivencia de los estadios, dice cómo hacerlo e incluso describe tres fases. Lo curioso es que Aldesarrollo no va a montar un sistema biométrico, apenas va a decirle al ministerio cómo hacerlo en una futura contratación.

La Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, aseguró que “el tiempo otorgado por el decreto para esta implementación es realmente corto y se requiere realizar ese análisis de información y demás métodos diagnósticos que permitan la implementación de manera efectiva”.

Cuando se le cuestionó por qué no hizo un concurso público como lo recomendaron sus funcionarios, afirmó que la licitación no era la modalidad de selección para esta clase de convenios.

Por ley, todo contrato público debe contar con estudios previos. En la página 36 del documento cargado en el Secop aparece el nombre Jorge Hernán Colmenares, entonces director de Inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte, como responsable de dichos estudios, pero él no lo firmó porque nunca estuvo de acuerdo con nada de ese proceso. De hecho, el espacio en donde debía aparecer el nombre de quien proyectó y revisó fue rellenado con equis.

La ministra Urrutia aseguró que “el portal de contratación Secop 2 es transaccional, lo que se configura con la aprobación en la plataforma. Ahora, el alcance con las firmas se realizará y se publicará saneando ese vicio”. Algo que no tiene ni pies, ni cabeza porque ya se suscribió un contrato con base en unos estudios previos sin firma y dicho documento que se subió a Secop no puede ser modificado como lo plantea la jefa de cartera.

Colmenares, quien fue nombrado en ese cargo en septiembre de 2022, en medio de una polémica por sus posibles conflictos de interés por ser abogado de distintos clubes de fútbol, fue declarado insubsistente el pasado 16 de enero. En distintos correos enviados al secretario general, Fabio Alzate, y demás colegas del ministerio, el exfuncionario expone su inconformidad con que su nombre haya sido puesto en los estudios previos, pues asegura que no hizo parte de la estructuración y reseña todas las irregularidades para llevar a cabo el proceso.

En las irregularidades que reseña Colmenares, se denuncia que la propuesta enviada por Aldesarrollo es la misma presentada por las empresas Bits Sport y el Comité Paralímpico Colombiano, “por lo cual preocupa la trazabilidad al interior de la entidad, que, ante cualquier investigación de cualquier tipo, genere una evidencia probatoria del desarrollo del proceso de contratación”.

Frente a esto, el Ministerio del Deporte aseguró que las tres propuestas no son parecidos porque ni Bits Sport, ni el Comité Paralímpico presentaron una propuesta con 30 por ciento de contrapartida como lo hizo Aldesarrollo.

La oficina de Inspección, Vigilancia y Control también cuestionó el criterio técnico con el que se estableció la forma de pago, que consiste en un primer desembolso por 2.665 millones de pesos con solo tener firmado el acta de inicio, aprobación del cronograma y una cuenta bancaria en ceros, y un segundo pago por 1.142 millones de pesos una vez ejecutado el contrato.

La ministra Urrutia aseguró que se hizo un estudio de mercado con las proyecciones técnico-administrativas pertinentes para la definición del valor total del presupuesto específico. “Así mismo, el presupuesto se construyó a través de líneas y sublíneas de inversión para dar cumplimiento al objetivo principal de la propuesta presentada por Aldesarrollo, agregó.

El pasado 28 de diciembre se llevó a cabo un comité de contratación en el que estuvo presente la ministra Urrutia. Edwin Yamit Martínez, quien en ese momento actuaba en encargo como jefe de la Oficina de Contratación, expuso su inconformidad con la forma como se estaba tramitando el contrato con Aldesarrollo. Martínez les dijo a los presentes que la modalidad de contratación debía ser un proceso competitivo de acuerdo con el objeto contractual y las obligaciones.

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“De igual forma, se hace referencia a que el presente proceso va en contra del principio de planeación”, aseguró el funcionario, que también aclaró que en el evento que se adelantara el contrato o se aprobara por el comité, el área de contratación se apartaría del mismo y no estaría en el flujo de aprobación en el Secop.

Existían tantas irregularidades alrededor de la firma de ese contrato, que la misma área de contratación decidió marginarse del proceso. Pese a esto, a los dos días, el 30 de diciembre de 2022, la ministra María Isabel Urrutia, como ordenadora del gasto, lo firmó. En el documento que justifica la contratación directa, que se soporta en los argumentos de un estudio previo sin firma ni doliente, no aparece el número de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).

En ese mismo documento, que, ante la negativa de las áreas de contratación y de control y vigilancia, fue realizado y firmado por el secretario general, en ninguna parte se soporta que Aldesarrollo tenga experiencia en ejecución de proyectos relacionados con implementación de sistemas biométricos.

Finalmente, de acuerdo con las normas de los convenios interadministrativos, se estableció –sin aportar un soporte técnico– que, de los 4.950 millones de pesos, el Ministerio del Deporte asumiría la suma de 3.808 millones; y Aldesarrollo, 1.142 millones de pesos. Según la propuesta de Aldesarrollo, esa contrapartida se vería reflejada en “implementación de herramientas tecnológicas innovadoras para la implementación de procesos en el marco del contexto de la necesidad, anteriormente expuesta”. Una descripción no solo etérea y sin discriminar sino imposible de verificar.

Al respecto, la ministra Urrutia dijo que “siempre será aceptable una contraparte cuantiosa que aporte a la misionalidad de la entidad y contribuya al desarrollo de un objetivo en pro del deporte colombiano y para este caso de la seguridad de los estadios”.

Las autoridades deben investigar si en este caso hay contratación sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y fraude procesal.

¿Quién está detrás de Aldesarrollo?

La empresa se creó a mediados de 2017 bajo el nombre Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured). Con la sombrilla de entidad sin ánimo de lucro, su objeto estaba relacionado con servicios educativos informales, aunque su gerente, Moisés David Hernández, asegura que desde su creación trabajan en temas tecnológicos. Se inició con un patrimonio de 15 millones de pesos, que pusieron el Instituto Técnico Nacional de Comercio (Intelco), con sede en Cali, Valle; el Instituto Técnico Agrícola (ITA), domiciliado en Buga, Valle, y el Instituto de Educación Técnica Profesional (Intep), ubicado en Roldanillo, Valle.

Hernández, quien ha sido el gerente desde el inicio, fue secretario general de la liquidada EPS Caprecom, es cercano al senador Roy Barreras y fue miembro del Partido de la U.

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"Aldesarrollo es una entidad pública autogestionada y autosostenible, no recibimos recursos del presupuesto de la nación; por lo tanto, las utilidades que se perciban por la gerencia de proyectos son exclusivamente para el funcionamiento de la entidad", afirmó Hernández.

Dos años después de creada, el 22 de junio de 2019, la empresa amplió su actividad comercial e incluyó investigación y desarrollo en el campo de ciencias sociales y organización de eventos. Solo a mediados de 2022 cambió su nombre a Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo).

Desde un principio, Edured –o Aldesarrollo– ha tenido al menos 300 contratos con entidades del orden nacional y local. La mayoría de estos procesos se han firmado bajo la sombrilla de convenios interadministrativos, es decir, bajo contratación directa. Sus primeros contratos fueron para dictar cursos de liderazgo en la Esap y en municipios pequeños del Valle del Cauca como Guacarí, Cerrito, Bugalagrande, Andalucía y la Unión. Rápidamente fue abarcando entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, Registraduría, Prosperidad Social, Policía y ahora el Ministerio del Deporte.