Más contratos habrían sido entregados a dedo en la Cancillería: ¿qué está pasando?

“Gracias presidente @petrogustavo por su respaldo total a la lucha que vengo adelantando contra los cárteles y la corrupción pública y privada. Se trata de uno de sus compromisos como Jefe de Estado. Una de sus batallas para alcanzar la Colombia nueva”.

Ese fue el mensaje que publicó en su cuenta de X el suspendido canciller Álvaro Leyva el pasado 28 de enero de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el castigo que le impuso la Procuraduría General de la Nación al funcionario, por las irregularidades cometidas en el proceso de licitación para la producción y distribución de los pasaportes en Colombia. 

Aunque Leyva parecía muy convencido de que la sanción por tres meses era una retaliación por su lucha para eliminar los carteles de corrupción en esa entidad y buscar así “un mejor país”, no hay señales de que esa labor se haya materializado o, por lo menos, que las irregularidades durante su administración hayan mermado. 

Llaman la atención dos procesos de contratación diferentes a la millonaria licitación de los pasaportes que la Cancillería adelantó al mismo tiempo del contrato que generó la suspensión a Leyva. Ambos fueron entregados de forma directa y con varios problemas que incluso generaron denuncias por estar presuntamente amañados, es decir, por haber sido celebrados de manera indebida. 

Los protagonistas de esta historia son el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar; su asesora y ficha más cercana, Lida Magali Rodríguez Gutiérrez; la coordinadora del Grupo de Trabajo de Licitaciones y Contratos, María Camila Ascuntar; y el exdirector Administrativo y Financiero, Eduardo Alexander Franco Solarte.

Esos funcionarios son los mismos que se encargaron de diseñar y adelantar toda la licitación para la impresión de las libretas de pasaportes y, aunque ellos extrañamente lograron librarse de la investigación y sanción de la Procuraduría, son quienes manejan toda la contratación en esa entidad y según una denuncia penal, fueron quienes habrían direccionado los pliegos a favor de Thomas Greg. ¿Por qué los mantiene Leyva en la Cancillería? 

CAMBIO buscó reiteradamente al suspendido canciller para pedirle un comentario para este reporte, pero no obtuvo respuesta. 

El arriendo de un costoso edificio

CAMBIO conoció una solicitud formal que llegó hace tres semanas a la Cancillería en la que se pide abrir investigación disciplinaria contra los funcionarios encargados de la contratación por dos procesos con claras irregularidades que se entregaron en la misma época en la que se tramitaba la licitación de los pasaportes. 

El primero se firmó en abril de 2023 cuando la Cancillería decidió no seguir prestando sus servicios en la oficina de Corferias en Bogotá. Fue así como, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, entregó de forma directa el contrato 113 a la firma Gutiérrez Asociados y CIA por un total de $5.463 millones hasta julio de 2026, con el objetivo de arrendar un edificio en la calle 12 con octava, en el centro histórico de Bogotá, y trasladar allí su sede. 

Sin embargo, las personas encargadas de ese proceso habrían manipulado el estudio de mercado para hacer creer que dicho inmueble era el más económico, comparado con las otras ofertas del mercado en esa misma zona de la ciudad. 

Según el documento, conocido por CAMBIO, el edificio que se escogió tiene un valor de 110 millones de pesos mensuales, lo que lo convierte en una ganga, ya que el área total del mismo es de 4.357 metros cuadrados. 

Por el contrario, los otros inmuebles que se analizaron en el estudio previo de mercado costaban entre 80 y 134 millones de pesos por mes, pero, solo tenían un máximo de 2.400 metros cuadrados. 

Eso significa que los funcionarios de la Cancillería buscaron proteger los intereses de esa entidad porque consiguieron un inmueble con el doble de metraje y por un valor muy bajo. No obstante, acá es donde viene la presunta manipulación, ya que el área total del edificio arrendado incluye zonas comunes y para uso específico de ese ministerio y la prestación del servicio solo hay disponibles 2.345 metros cuadrados. 

Esa nueva condición arroja un valor real de metro cuadrado de 46.903 pesos, precio que es inclusive mayor en comparación con otro de los inmuebles con los que se realizó el estudio de mercado, cuyo valor es de 44.743 pesos, y que se encuentra sobre la carrera octava a un par de cuadras del inmueble hoy arrendado. Es decir, que aunque se hizo creer que pagaron menos, en realidad habrían pagado más arrendando el edificio más caro. 

“Es como si una inmobiliaria ofreciera un apartamento de 880 metros cuadrados por un súper precio de $2.400.000 mensuales pero, al verificar, realmente el inmueble solo tiene 80 metros cuadrados y cuando se le hace el reclamo a la arrendataria ésta se sostuviera en que el inquilino debe incluir el metraje de las zonas comunes. ¡Menuda estafa!” reza la denuncia. 

También se estableció que el contrato de arrendamiento no incluyó los costos de adecuación del edificio de manera tal que este sirva a los propósitos públicos a los que se piensa destinar. Su mayor o menor valor depende del nivel de dotación que tenga el inmueble, pero, en este caso, no se hizo tal evaluación. En contraste, sí le tocó a la Cancillería hacer inversiones adicionales en infraestructura para poder ponerlo en funcionamiento. 

La advertencia que le hacen a la Cancillería va mucho más allá: en la solicitud se pide a los órganos de control que indaguen si el afortunado contratista o arrendador del edificio, tiene algún vínculo con el secretario general de la entidad, el señor José Antonio Salazar.  

Según el denunciante, es de conocimiento popular en la entidad que Salazar desarrolla actividades en el sector inmobiliario, precisamente en el centro de Bogotá y, además, tiene un trato amistoso con la empresa Constructora Inmobiliaria Gutiérrez, con la que se celebró el contrato para arrendar el edificio. 

Sobre este tema CAMBIO consultó a la Cancillería y respondieron que se tomó en arrendamiento la totalidad del edificio que tiene 11 pisos y, lógicamente, áreas comunes, que son de uso exclusivo de la Cancilleria como única usuaria de toda la edificación. "El valor del metro cuadrado de ese edificio es muy inferior al promedio del sector".

También aclararon que el secretario general de la entidad, José Antonio Salazar, no tiene relación alguna con oficinas inmobiliarias y explicaron que se tomó la decisión de arrendar ese inmueble para unificar las sedes de pasaportes de Corferias y de la calle 53 "obteniendo reducción en los costos y mejoramiento del servicio".

Sin embargo, expertos consultados por este medio señalan que el hecho de ser el único arrendatario de todo el edificio no significa que por ende puedan incluir el metraje de las zonas comunes. De hecho así tuvieran una sola oficina, de un solo metro, tendrían derecho al uso de la totalidad de las zonas comunes. Además, hay que tener en cuenta que lo mismo sucede con las otras oficinas que forman parte del estudio de mercado. 

La única empresa con envíos a Cuba

El otro contrato que por orden de la asesora Lida Magaly Rodríguez Gutiérrez se entregó a dedo y que llama bastante la atención es el de la “prestación del servicio de un operador logístico para el alistamiento, embalaje y traslado de material promocional, editorial, obras de arte y equipo de apoyo logístico para el plan promoción de Colombia en el exterior”.

Aunque no es un proceso nuevo en la Cancillería, que siempre se lo había entregado a 4-72 por ser otra entidad estatal, en 2023 el contratista cambió y la razón fue una extraña ventaja que obtuvo cuando presentó su cotización: incluyó a Cuba dentro de sus destinos para hacer envíos.

La Cancillería dice que solicitó propuestas a 20 empresas pero que solo cuatro (Servientrega, 4-72, Tranexco y DHL Express) las enviaron. Con el argumento de que DHL Express Colombia fue la única empresa que ofreció cobertura a Cuba y más destinos a nivel nacional en Venezuela, el año pasado le otorgaron el contrato que tenía un valor de 530 millones de pesos. 

No obstante, al revisar la propuesta de DHL Express Colombia en la plataforma Secop, esa empresa no afirma en ninguna parte que es la única autorizada por el régimen cubano para manejar el transporte logístico internacional de la isla. Por esa razón, se habla nuevamente del presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que las autoridades deben investigar. 

Cuba era solo uno de los 66 destinos que la Cancillería necesitaba cubrir. ¿Por qué ese país fue determinante para escoger al proveedor?, ¿por qué si el canciller promueve la pluralidad de oferentes, y por eso declaró desierta la licitación que ya se había ganado Thomas Greg and Sons, permitió que en este caso también se escogiera a dedo al contratista? 

La respuesta que dio la Cancillería a CAMBIO sobre esta inquietud es que se firmó el contrato con DHL tras realizar una revisión en el mercado y encontrar que es el único proveedor que cubría la totalidad de las necesidades de la Entidad, pero no explicaron nada sobre Cuba y tampoco sobre por qué se hizo una contratación directa que es una modalidad exepcional y no se puede aplicar con la mera justificación de que cumple con lo que lo que la contratante requiere. 

En ambos casos, en el del arriendo del edificio y en el del operador logístico internacional, se sospecha y hay claros indicios de un favorecimiento o direccionamiento a los ganadores. La otra coincidencia son los nombres de los funcionarios que participaron en esos procesos y que también tuvieron un papel importante en la licitación de los pasaportes que se ganó Thomas Greg. 

Esas mismas personas estuvieron involucradas en la compra de las 31 camionetas marca Ford 4x4 por más de 6.000 millones de pesos, que se realizó a comienzos de este año, pese a que el Gobierno estableció un plan de austeridad. Esa adquisición también ha generado algunas dudas sobre la forma en la que se hizo y por eso también ya está en la lupa de las autoridades. 

Por eso, quienes han denunciado las conductas presuntamente irregulares del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar y de su equipo controlado por la asesora, Lida Magaly Rodríguez Gutiérrez, se preguntan si Álvaro Leyva está haciendo caso omiso a estas graves advertencias mientras habla de combatir la corrupción.