A Andrés Idárraga lo quieren matar y dice “la Fiscalía no se mueve”

“¿Sabe usted por qué un defensor de derechos humanos está al frente de la Secretaría de Transparencia? Porque la lucha contra la corrupción es una lucha por las garantías de derechos. La corrupción impide a los ciudadanos acceder a sus derechos”.

De esta manera, Andrés Idárraga Franco explica la decisión del presidente Gustavo Petro de ponerlo al frente de la dependencia que traza la ruta del Gobierno en la lucha contra la corrupción y diseña políticas de transparencia.

Idárraga es abogado de la Universidad Libre y magíster en Políticas Públicas. Ha trabajado en la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas y en varias entidades de la administración de Bogotá.

De hecho, su más reciente cargo público, antes de ser nombrado como secretario de Transparencia, fue como director de Derechos Humanos en Bogotá, cargo al que renunció en junio de 2021. Idárraga dejó su cargo enviándole una dura carta al entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, en la que cuestionó la postura del gobierno de Claudia López frente a las agresiones de la Policía a los manifestantes durante el pasado paro nacional.

El despacho de Idárraga queda en el segundo piso de la Casa de Nariño, su oficina tiene un área aproximada de 18 metros cuadrados, en la que cabe su escritorio y una pequeña mesa para juntas. A su cargo no tiene más de 50 personas, equipo con el que se enfrenta a un monstruo que en Colombia pareciera tener miles de cabezas: la corrupción.

“Cuando llegué el año pasado, la primera pregunta que le hice al equipo que recibí fue: ¿Cuánto vale la corrupción en Colombia? Y nadie me dio razón, tuve que preguntarle a Transparencia Internacional (risas), porque el Estado no tenía un diagnóstico propio de la corrupción. Una cifra concreta, cuánta plata se han robado, cuáles son las entidades con más alertas, cuáles son las regiones con más denuncias, esas cifras no existían. Por eso hoy estamos trabajando en fortalecer el Portal Anticorrupción”. 

El portal anticorrupción es una útil herramienta que les permite a los ciudadanos reportar hechos de corrupción, así como acceder a información pública de contratistas y contratos en entidades públicas.

Durante los últimos años, la figura del zar anticorrupción pareció haber perdido relevancia. Con la llegada de Idárraga, la Secretaría de Transparencia ha recobrado protagonismo, al menos así lo han registrado los medios de comunicación que han dado cuenta de sus hallazgos y repetidas solicitudes a la Fiscalía para que inicie investigaciones.

Hace apenas una semana, en la noche del domingo, Idárraga recibió amenazas que llegaron vía mensaje de texto a sus dos teléfonos, el personal y el institucional: “Sapo hpta deje de estar metiéndose y esculcando cosas que a ud. no le importa”, se leía en el encabezado de la amenaza.

Idárraga está convencido de que en el país existen estructuras corruptas que hasta ahora han gozado de total impunidad y que tienen como denominador común lazos con grupos políticos: “En Colombia parece haber personas intocables y lo sé en cuerpo propio”.

Los casos de corrupción y los señalamientos a la Fiscalía

A diez meses de su llegada a la Secretaría de Transparencia, el equipo que lidera Andrés Idárraga ha recibido denuncias de más de 100 casos de corrupción, algunos de ellos con ribetes tan escandalosos que tienen sorprendido al funcionario.

CAMBIO: En una entrevista que usted nos concedió recientemente, mencionó el caso de los bienes con los que se tiene previsto reparar a las víctimas de Justicia y Paz. ¿Qué han encontrado?

Andrés Idárraga Franco: Hoy podemos decir que ahí encontramos una estrategia corrupta con metodologías claras para el desvío de los recursos. Aún no hemos llegado a fondo, nos falta recabar información pero este puede ser uno de los casos más aberrantes de injusticia y de revictimización a las víctimas. Aquí los bienes destinados para reparar a los perjudicados terminaron volviéndose un negocio y no están en función de su deber ser.

CAMBIO: Cuéntenos de esos hallazgos.

A.I.F.: Hemos detectado que los predios para la reparación de víctimas han tenido una depreciación artificial. Entonces quienes los tienen arrendados están pagando un precio muy por debajo del valor comercial. Encontramos testigos y tenemos chats que fueron aportados a la Fiscalía, así el fiscal diga que no se le entregan las pruebas; pero hicimos buena parte del trabajo, en el que un funcionario de la dirección regional Meta le cobraba a la gente para dos cosas. Una para ingresarlos al registro de tierras despojadas y dos para que les saliera la resolución adjudicándoles predios por presuntos actos de despojo. Ese funcionario cobraba dinero en las dos vías, y se le entregó esa investigación a la Fiscalía. Esa es una investigación en vertical, no solo contra un sujeto determinado sino contra la red de la que hace parte.

CAMBIO: Otro de los casos indagados por ustedes es el de los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales. ¿Qué han detectado?

A.I.F.: En la SAE, muy seguramente hay cientos de funcionarios y exfuncionarios que tienen vínculos con depositarios de bienes o arrendatarios, al igual que en el caso del Fondo de Reparación a Víctimas. Lo que la Fiscalía debería hacer es abrir una investigación sobre el manejo de estos bienes e indagar si existen transacciones financieras entre contratistas o funcionarios con depositarios en el caso de la SAE o contratistas del Fondo de Reparación a Víctimas con arrendatarios. No tiene por qué haber una sola transacción. ¿Cómo justifica usted eso? Eso es lo que debería estar haciendo la Fiscalía. La Secretaría de Transparencia está haciendo su tarea a través de la auditoría forense, pero llegamos hasta un punto y es que le entregamos, en no pocos casos, los testigos, los indicios y las pruebas técnicas a la Fiscalía y no se mueve. Entonces ahora sale el fiscal a decir que hacemos anuncios sin pruebas, las pruebas las tienen que constituir ellos.

CAMBIO: Hace usted unos duros cuestionamientos a la labor de la Fiscalía.

A.I.F.: Le voy a poner otros ejemplos: un caso de trashumancia electoral en los municipios de Ricaurte y Girardot, en Cundinamarca. Eso lo denuncié el año pasado, es comprobable que en Ricaurte hubo más votantes que habitantes y hay una persona identificada que votó dos veces. ¿Por qué la Fiscalía no ha hecho nada?

En el Hospital Metropolitano de Barranquilla se robaron unos 14.000 millones de pesos. El gerente, la esposa y el sobrino viajaron con plata del hospital a Estados Unidos, hay copias de los cheques y de las transacciones. Dicen que una de esas personas ya viajó a Canadá, ¿Hay una orden de captura al respecto? Tenemos también el caso del director técnico financiero de la ESAP, quien antes trabajaba en la Agencia Nacional de Tierras. Allí durante varios años les cobró plata a los contratistas para vincularlos a la Agencia. Tenemos chats, tenemos testimonios de las víctimas ¿qué más quiere la Fiscalía? El fiscal dice que no entregamos pruebas, le entregamos pruebas y no se mueve. La ciudadanía espera que la Fiscalía haga su trabajo. Usted mira las redes sociales de la Fiscalía y usted no encuentra ningún anuncio de la Fiscalía de logros obtenidos en presuntos casos de corrupción, yo no los he visto.

CAMBIO: ¿Qué tan seguido y de qué formas ha recibido usted el mensaje de dejar de mirar hacia atrás?

A.I.F.:  Ese mensaje se termina de concretar con las declaraciones que el fiscal Barbosa dio recientemente a un medio de comunicación. El fiscal dijo que este Gobierno hace denuncias de corrupción sin aportar pruebas ni tener algún tipo de sustento. Entonces tenemos casos en los que hemos informado desde hace un mes a la Fiscalía, con indicios, con argumentos y a la fecha ni siquiera existe una noticia criminal.

“Tenemos personas dentro del Gobierno que nos quieren hacer daño”

Aunque Idárraga insiste en que la lucha contra la impunidad es algo que lo obsesiona, también dijo que la labor de vigilancia y lucha anticorrupción está centrada en las actuaciones de los funcionarios del actual Gobierno.

CAMBIO: Entiendo que cuenta con un  equipo de trabajo muy pequeño para enfrentarse a un tema tan grande como la corrupción en Colombia.

A.I.F.: Nosotros recibimos la Secretaría de la Transparencia con un músculo muy pequeño para resolver lo que nos llega. Nosotros contamos con tan solo dos abogados júnior para recibir y responder más de 140 reportes diarios sobre posibles actos de corrupción. Obviamente esto no era una prioridad para el anterior gobierno. Lo que nosotros venimos haciendo es cuidar al presidente y a la vicepresidenta, cuidar su reputación. No podemos permitir que altos funcionarios de este Gobierno, nombrados por el presidente o la vicepresidenta, se metan en actos indebidos. Entonces estamos monitoreando a partir de reportes ciudadanos a casi todos los funcionarios del Gobierno nacional nombrados directamente por el presidente. Los estamos monitoreando con información pública, qué están contratando, dónde están contratando, cómo están contratando.

CAMBIO: ¿Con qué equipo cuenta actualmente?

A.I.F.: Entre funcionarios de planta y contratistas, unas 50 personas. Yo le puedo hablar de muchos de los casos investigados porque yo mismo los he trabajado, me los he aprendido. Por los problemas de seguridad que yo ya venía presintiendo, ni siquiera muchas de las personas de mi más entera confianza saben de algunos casos. En otras investigaciones las trabajamos directamente desde la Secretaría con otras instituciones y no siempre se articulan. Yo creo que en no pocos casos, este Gobierno está durmiendo con el enemigo. Tenemos personas dentro del Gobierno que nos quieren hacer daño y no quieren que trabajemos por las reformas estructurales prometidas en campaña.