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Poder

Por qué las corridas de toros seguirán siendo legales en Colombia

Pese a la indignación que despierta entre los animalistas, la tauromaquia está blindada desde hace casi dos décadas por varias decisiones judiciales. El único que tiene la llave para acabarla es el Congreso, que acostumbra a huirle a los temas polémicos.

Por: Juan Vásquez

Cuando los defensores de los derechos de los animales creían que la lucha contra las corridas de toros estaba a punto de ganarse, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que se dio a conocer esta semana, dejó en claro que la tauromaquia está lejos de desaparecer. La Corte se limitó a reafirmar lo dicho con anterioridad en sentencias y fallos de tutela: la tauromaquia es “una expresión artística” y “no es objeto de prohibición”.

Decisiones sobre este tema siempre despiertan polémica entre la ciudadanía, especialmente en una época caracterizada por la conciencia animalista, pero no son sorpresivas si se tienen en cuenta los precedentes jurisprudenciales. Se cumplen casi dos décadas desde que se demandó por primera vez la inconstitucionalidad del Reglamento Nacional Taurino y, pese a los múltiples esfuerzos de ONG y varias figuras políticas, Colombia continúa siendo parte del pequeño grupo de países que aún permiten esta práctica. La lidia de toros permanecerá, a menos que el Congreso, una institución históricamente renuente a legislar sobre asuntos espinosos, se entrometa.

El más reciente episodio que puso la discusión en la agenda nacional llegó por cuenta de un incumplimiento de la Alcaldía de Bogotá a una providencia de la Corte. En 2013, la Corporación Taurina de Bogotá (CPB) presentó una tutela después de que la administración distrital, encabezada entonces por Gustavo Petro, terminara anticipadamente el contrato que le autorizaba a realizar corridas en la plaza de toros La Santamaría por considerarlas escenarios de “crueldad y tortura”. El alto tribunal falló en defensa del derecho al debido proceso y a la libre expresión artística de la CPB y advirtió que el gobierno local no tiene competencia “para impedir la presentación de espectáculos taurinos” en la plaza de toros. Dicha potestad, como quedó claro en la decisión, recae únicamente en el Legislativo.

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