La historia de un ‘error de cálculo’ que le puede costar una millonada al Estado
El caso está en manos del Consejo de Estado y la Rama Judicial dice que busca crear una solución ante la magnitud del caso.
Aunque a los jueces y magistrados se les creó en 1992 una prima del 30 por ciento adicional a su sueldo, el pago realmente se calculó como parte de su salario y sus ingresos fueron mermados por años. Hay más de 3.000 demandas que podrían costar por lo menos 624.000 millones de pesos. ¿Qué dice la Rama Judicial?
Miles de demandas de exfuncionarios judiciales –entre ellos jueces, agentes del Ministerio Público y magistrados de los tribunales– se pueden convertir en una de las reclamaciones más onerosas para el Estado, pero también en la evidencia de cómo un error de cálculo afectó durante años los ingresos mensuales de estos servidores judiciales, que ahora buscan subsanar lo que consideran una injusticia.
En palabras sencillas, a los magistrados de tribunales y a los jueces se les prometió en 1992 (y así se dispuso por ley) una prima del 30 por ciento adicional a su sueldo. Así, por ejemplo, si alguien ganaba un millón, debía recibir 1,3 millones al mes. Pero en realidad lo que pasó es que esa prima la metieron dentro del sueldo y la persona terminó recibiendo un millón, consistente en 700.000 del sueldo y 300.000 de la prima.
¿Por qué? Porque, aunque la Ley 4° de 1992 dijo que esa prima no tenía carácter salarial, el Gobierno de entonces, en 1993, reglamentó ese mandato como parte de la asignación básica de los beneficiarios, que incluye también a los delegados departamentales del registrador, al registrador de Bogotá, y a los jueces, magistrados, fiscales y auditores de la Justicia Penal Militar.
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