Contratos sin sustento, sobrecostos y aumento en el gasto de tiquetes aéreos: los hallazgos de la Contraloría en la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de atender las emergencias climáticas y que viene de ser el foco del principal escándalo de corrupción de este Gobierno, sigue pasando horas complejas. Además de la falta de recursos, tiene problemas con las cuentas, la ejecución de los proyectos y un incremento inusual en algunos gastos.

Así lo reveló una auditoría financiera de la Contraloría, que determinó que, a diciembre de 2024, la UNGRD tiene deficiencias en el sistema de gestión documental, fallas en la ejecución de las reservas presupuestales, contratos en los que se pagaron más recursos que los ejecutados, entre otros. Gran parte de los problemas que encontró la Contraloría sucedieron durante la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Ambos judicializados por el desfalco a la UNGRD.

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Contratos con sobrecostos y convenios que no tienen respaldo de ejecución

En total, hay 35 hallazgos administrativos: 22 con incidencia disciplinaria y uno con connotación fiscal. Todo esto llevó al ente de control a darles un concepto negativo a las cuentas de la entidad.

Uno de los problemas que encontró la Contraloría es que no hubo claridad en el cruce de cuentas que la UNGRD reportó entre 2023 y 2024. Esto, porque incluyeron en los estados financieros de 2023 las cifras del fondo que administra los recursos, pero no hicieron el saneamiento de las cuentas y se generó incertidumbre frente a 1,2 billones de pesos que aparecen en los saldos de 2024.

Aunque la entidad le respondió a la Contraloría que la integración de los saldos se hizo teniendo en cuenta los procesos de homologación que hay internamente, el ente de control determinó que no hubo un saneamiento eficiente. Por lo tanto, al no corregir las cuentas entre 2023 y 2024, quedaron cifras en el aire que llevaron a que se tomarán decisiones con recursos que no sabían si se tenían o no.

Otro de los problemas que mencionó la Contraloría es que la UNGRD autorizó la radicación de facturas en la Fiduprevisora, que es la entidad encargada de administrar los recursos del fondo de la unidad y gestiona el pago de algunos contratos, sin la correcta revisión. Esto es clave, porque la obligación de las entidades es garantizar que las facturas que se paguen estén debidamente sustentadas.

“Como consecuencia, se genera el pago por 37.700 millones de pesos por concepto de las deducciones de impuestos nacionales y territoriales por la Fiduprevisora, pero sin la debida verificación, aprobación y autorización por parte de la UNGRD”, se lee en el informe.

Frente a este punto, la UNGRD respondió que luego de esos hallazgos se actualizaron esos procesos de facturación para fortalecer las medidas de control. No obstante, el informe de la Contraloría detalla que esas medidas no corrigen lo ocurrido en el pasado.

Uno de los puntos problemáticos, porque implicó una pérdida de recursos, tiene que ver con que la UNGRD suscribió un convenio en el que terminó pagando más de lo ejecutado por el contratista.

¿Por qué? Inicialmente, la UNGRD suscribió un convenio para hacer un muro de contención en el río Aracataca, en el departamento del Magdalena.

En este caso, el contrato determinaba que el contratista tendría que construir 69.437 metros cúbicos (M3) por un valor de 10.707 millones de pesos. La obra se entregó en diciembre de 2023 y, según la unidad, todo estaba en los parámetros. Así que al contratista se le empezó a pagar y, con corte al 31 de diciembre de 2024, se le han pagado 68.115 metros cúbicos por un valor de 10.504 millones de pesos.

Sin embargo, la Contraloría revisó la ejecución de esa obra en el lugar y encontró que en realidad solo se habían entregado 64.361 metros cúbicos. Es decir, una diferencia de 3.753 metros cúbicos y es justo ahí donde se genera un detrimento patrimonial de 752 millones de pesos.

Ante este hallazgo, la unidad corrió traslado al consorcio interventor Aracataca, que fue el encargado de ejecutar la obra, y este respondió que durante el proceso de construcción de los muros de contención suelen generarse deformaciones que pueden varias las dimensiones. Pero, pese a las explicaciones, el ente de control reiteró su hallazgo.

En otra de las alertas que detalla el informe de la Contraloría se menciona que en 2023 se suscribió un acuerdo por 1.004 millones de pesos y no se detalla bajo qué concepto. Además, el ente de control dice que si bien se encontraron los papeles que motivaron su suscripción, no se hallaron los documentos que soportaron su ejecución. Es decir, es como si no hubiese rastro de lo que se hizo.

Ante esto, la UNGRD respondió que “la orden de proveeduría SMD-GS-MQS-268-2023 se suscribió; sin embargo, no se evidencia en los expedientes físicos y digitales documentos o información que den prueba de su ejecución”. En otras palabras, reconoció que no hay cómo sustentar el convenio que se firmó durante la administración anterior.

Además, hay otros acuerdos que tampoco están debidamente justificados. Por ejemplo, el 6 de enero de 2024 se suscribió una orden de proveeduría por 2.762 millones de pesos que no tenía documentos claves de respaldo, como evaluación de la solicitud, autorización por parte de la subdirección para el manejo de desastre, estimación del presupuesto, actas de recibo, entre otros.

Carrotanques de agua potable, ollas comunitarias y tiquetes aéreos: otros hallazgos

Por otro lado, la Contraloría encontró deficiencia en el archivo y la custodia de la información que sustentó dos convenios que se hicieron en 2024. Ambos eran para el suministro de carrotanques que llevarían agua potable a municipios en el Valle del Cauca, Santander y Bolívar.

Por ejemplo, en la etapa precontractual de esos convenios no se entregaron soportes documentales sobre la idoneidad de los proveedores seleccionados para que entregaran los carrotanques, tampoco las cotizaciones, ni las evaluaciones a los oferentes.

En este caso, la UNGRD mencionó que esos documentos no existen y “no hay prueba alguna que hayan existido y se haya extraviado, destruido u ocultado por parte de la actual administración que llegó en marzo de 2024”.

Otro de los programas con fallas es el de las ollas comunitarias. Uno de ellos se suscribió en junio de 2023 y buscaba entregar 648.000 raciones de comida caliente en distintos puntos rurales y otros sectores de Uribia, La Guajira. Ese convenio era por 5.832 millones de pesos.

Inicialmente, el programa arrancaba el 27 de junio de 2023 y la fecha de terminación inicial era el 10 de octubre de 2023. Y se estimaba que el primer pago (10 por ciento del valor total) sería al finalizar la fase de alistamiento. Mientras que el 90 por ciento se abonaría con pagos parciales al tiempo de la entrega de las comidas.

Pero la Contraloría encontró que al contratista solo se le ha pagado el 10 por ciento de la fase de alistamiento y, con corte al 31 de diciembre de 2024, no se había legalizado la fase de puesta en marcha del programa. Es decir, no se sabe si se implementó todo lo acordado.

La UNGRD le respondió a la Contraloría que, en efecto, hay deficiencias en la ejecución de ese programa y en la documentación presentada por el contratista. En otras palabras, ratifica lo encontrado.

Otro de los hallazgos tiene que ver con un convenio que se suscribió en 2022 por 5.508 millones de pesos y también era bajo el mecanismo de ollas comunitarias. Según la Contraloría, durante la ejecución se hicieron dos pagos, uno por 550 millones y otro por 810 millones de pesos. No obstante, con corte al 31 de diciembre de 2024, el operador no había legalizado la totalidad de los recursos desembolsados. Además, no hay evidencia de la ejecución del resto de recursos apropiados para el contrato ni la ejecución.

A todos los hallazgos mencionados se suma uno que tiene que ver con fallas en el cumplimiento de las metas de ahorro y austeridad en el gasto de la entidad.

Un claro ejemplo es que lo destinado a “reconocimiento de viáticos” tuvo un incremento del 721 por ciento en comparación con la vigencia de 2023. A esto se agrega que el rubro de suministro de tiquetes tuvo un incremento del 261 por ciento en ese mismo periodo. 

En este caso, la UNGRD le respondió a la Contraloría que el aumento ocurrió porque a finales de noviembre de 2023 comenzaron a ejecutarse los programas de inversión, lo que les requería viajar más. Además, se respaldan en que la entidad debe adelantar labores de reconocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres.