Caso UNGRD: Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, los próximos a responder ante la justicia

Ayer jueves 25 de septiembre se conoció que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se encontraba en la sede de la Dijin de la Policía en diligencia de arraigo. El objetivo de la cita es individualizar a una persona y sobre todo, saber en dónde reside, generalmente, se hace días antes de llamarlo a responder a imputación de cargos. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a CAMBIO que los fiscales del caso de la UNGRD se preparan para citarlo a él y al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que respondan por su presunta participación en el caso de corrupción de la UNGRD.

Velasco y Bonilla sonaron en el escándalo desde las primeras audiencias, es decir, desde julio del 2025, cuando la Fiscalía les imputó cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’. En esas diligencias, la delegada del ente acusador, Andrea Muñoz, dijo que Olmedo López coordinó con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su asesora, María Alejandra Benavides, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Salado, Bolívar, y Saravena, Arauca. 

Sobre Velasco, se mencionó que era uno de los ministros que estaba detrás de que se gestionaran esos contratos a través de su enlace con el Congreso, Jaime Ramírez Cobo, para que no “se les cayeran los créditos de la nación”. El ente acusador también ha dicho que en diciembre de 2023, Velasco, entonces ministro del Interior, habría hablado con Olmedo López sobre la posibilidad de asignar contratos por 35.000 millones de pesos en favor del congresista Julio Elías Chagüi. Posteriormente, López y Chagüi se habrían reunido en Bogotá para concretar detalles sobre la ejecución de estos proyectos en Sahagún, Córdoba. Sin embargo, la investigación sugiere que los contratos nunca se materializaron debido al escándalo que estalló por las revelaciones de corrupción en la UNGRD.

“Olmedo López coordinó con Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, en los cuales estaban interesados los congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso”, dijo la fiscal en las primeras audiencias del caso.

La orden para el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla era clara: tenía que gestionar unos contratos para las regiones con urgencia porque de eso dependía que la Comisión de Crédito Público del Congreso aprobara los créditos que el Gobierno iba a pedir antes de que terminara el periodo legislativo.

Una de las pruebas sobre el tema son unos chats de Pinilla que se hicieron públicos hace más de un año.

Desde ese momento, la Fiscalía mostró una conversación del 12 de diciembre del 2023 en la que Pinilla habla con Carolina Matínez, la asesora de Olmedo López. La funcionaria le dice, textualmente, que el enlace de Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González era el mismo y que esa persona le pedía recibir rápido a los alcaldes de Cotorra, Córdoba; Salado, Bolívar, y Saravena, Arauca, para que no se les cayera “lo que estaban haciendo en Congreso”.

“A mí me manda esto el asesor de Congreso del Mininterior y del doctor Carlos Ramón del Dapre (Jaime Ramírez Cobo), él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que es el enlace de Congreso de ellos dos. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae lo que están haciendo en Congreso. Te lo mando a ti para que me ayudes a preguntarle a él (a Olmedo)”, dijo Carolina Martínez.

El asesor de Congreso de Velasco y de González le había enviado una tabla en la que aparecían referenciados tres contratos. El primero para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para el Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos, y el último para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.

Luego, el 14 de diciembre, Pinilla conversó por chat con Jaime Ramírez, quien se presenta como asesor de la Presidencia de la República. El mismo que, según el audio de Carolina, era el enlace de Velasco y González con el Congreso.

Ramírez es explícito: “Necesitamos su ayuda, a Carolina le envié un cuadro”.

Pinilla le contesta que es un tema que deben hablar directamente con el director (Olmedo López), quien ese día ya había hablado del tema con Velasco.

Ramírez le contesta que el tema no se debe hablar con Velasco, sino con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Agrega que Bonilla se ha tratado de contactar con López y no ha podido.

Además, le dice que entienden la demora, pero que el asunto es de urgencia, pues se les van a “caer los créditos de la nación”.

Después de esa conversación, Pinilla recibe un mensaje directamente del ministro Bonilla en el que le dice que está preocupado por el destino de los recursos. Esta conversación ocurrió el 14 de diciembre.

Un día después, Pinilla empieza a comunicarse directamente con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, quien le envía los contactos de los encargados de los contratos en cada uno de los municipios (Cotorra, Salado y Saravena). Valencia le pide que los llame para darles tranquilidad de que los recursos ya están destinados a esas zonas. Pinilla sostiene las últimas conversaciones con la asesora en febrero de 2024, cuando ella le pregunta qué ha pasado con los contratos que están parados desde diciembre.

Después de una año de investigación la Fiscalía tiene listas las pruebas para llevarlos a juicio y por eso los llamará a responder próximamente a los estrados judiciales.

Bonilla y Velasco, han dicho que no cometieron ninguna ilegalidad que lo que hicieron hizo parte de sus funciones como ministros y que todo es una estrategia de Olmedo López y Sneyder Pinilla para hacerlos parecer como líderes de una organización falsa, teoría con la que buscaban ser beneficiarios de un principio de oportunidad.