“No me explico por qué hoy termina en Palogordo”: Sondra Macollins, abogada apoderada de David Murcia
El pasado 29 de agosto, el condenado por delitos financieros fue trasladado, junto a otros cabecillas de grupos ilegales, a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón, conocida como Palogordo. El traslado sucede luego de unas acusaciones que David Murcia hizo del entonces candidato y hoy presidente, quien en su momento fue su abogado.
En el Reporte Coronell de este lunes 31 de agosto, Sondra Macollins, la actual apoderada de David Murcia Guzmán, condenado por lavado de activos y captación masiva por el caso DMG, arremetió contra el traslado de Murcia a Palogordo, cárcel de alta y media seguridad de Girón, el pasado 29 de agosto.
En la entrevista con Daniel Coronell, la abogada dijo: "No sabemos nada, no se ha comunicado ni conmigo ni con la familia". Macollins ya radicó un derecho de petición ante el Inpec exigiendo por escrito los motivos de la decisión y acudió, además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una solicitud de medida cautelar, al considerar que el Estado colombiano no está garantizando los derechos de su cliente.
Para Macollins, el trasfondo del traslado no es solamente institucional. "No es un acto en contra de David, sino en contra de las declaraciones que yo también di contra el hoy presidente de la República", afirmó. Agregó que Murcia "ya lleva 18 años detenido, preso por un delito que básicamente es un delito económico, que no tiene nada que ver con violencia" y que "ya estaba tramitando procesos penitenciarios que le permiten estar a puertas de la libertad".
Sin explicación oficial por el traslado
David Murcia Guzmán, condenado por la pirámide DMG, salió de La Picota el sábado 29 de agosto y fue reubicado en el complejo penitenciario de Girón, Santander, conocido como Palogordo, sin previo aviso a su defensa ni a su familia. La orden la ejecutó el Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia que hoy dirige Iván Cancino, el mismo abogado que hasta hace pocas semanas representó a De la Espriella como contraparte de Murcia en un proceso disciplinario. El traslado se produjo 22 días después de que De la Espriella asumiera la Presidencia de la República.
Macollins insistió en que ninguna autoridad puede mover a una persona privada de la libertad de un centro de reclusión a otro por una simple apreciación, sino que debe mediar un concepto de un consejo de seguridad y una motivación objetiva, algo que hasta ahora no se ha hecho público. La última vez que habló con Murcia, contó, fue el martes anterior a la entrevista, ocho días antes del traslado. Ya circulaban rumores de un movimiento, pero ella le dijo a su cliente que, con el tiempo cumplido y el trámite de ejecución de penas en curso, "no había una razón aparente para su movilización".
De hecho, según la abogada, lo que estaba en trámite era lo contrario a un traslado a una cárcel de mayor seguridad. "Ya estábamos pendientes de mediana seguridad, que es la calificación que el establecimiento carcelario le da a las personas que ya están con todos los requisitos listos para recobrar su libertad", explicó. En cambio, Murcia terminó en un pabellón de alta seguridad de Palogordo, el complejo penitenciario de Girón que en los últimos meses ha recibido a varios de los presos más señalados del país y que hoy alberga a 17 cabecillas de estructuras armadas, entre ellos condenados por homicidio, secuestro y extorsión.
"No me explico por qué hoy termina en Palogordo al lado de 17 cabecillas que tienen que ver con grupos violentos de Colombia", dijo Macollins, y remarcó que su cliente nunca ha sido condenado por hechos de sangre ni ha tenido vínculos con organizaciones criminales armadas, a diferencia de buena parte de la población reclusa con la que ahora comparte pabellón.
Sobre el estado de ánimo de Murcia, la abogada dice que él está atemorizado. "Él ya fue víctima en alguna ocasión de todo el poder de un presidente en su contra. Él no quiere problemas, no quiere seguir adelante tratando de poner en riesgo su vida a cambio de nada", relató, y explicó que por eso decidió acudir a la CIDH. "Tuve que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque efectivamente el Estado no va a garantizar los derechos de David Murcia Guzmán hoy. No lo hizo antes, menos ahora", afirmó.
Las denuncias de Murcia en febrero desencadenaron, al parecer, la situación
En febrero, cuando De la Espriella era todavía precandidato presidencial, Murcia le concedió una entrevista a Daniel Coronell desde La Picota en la que hizo señalamientos de fondo contra el hombre que lo representó jurídicamente tras su captura en 2008.
Según relató entonces, su organización le adelantó a De la Espriella 1,6 millones de dólares de la época por honorarios, correspondientes a cerca de 5.000 millones de pesos. El abogado, sostuvo Murcia, tampoco ejerció una defensa efectiva ni devolvió ese dinero cuando abandonó el caso poco después de su captura. A esa acusación sumó otra más delicada, la de que DMG había entregado 760 millones de pesos adicionales para, en palabras de Murcia, "tocar" a congresistas que en ese momento tramitaban normas sobre manejo y traslado de efectivo que amenazaban el negocio de la pirámide.
Murcia planteó, además, un presunto conflicto de interés. Mientras lo defendía, dijo, De la Espriella mantenía acercamientos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, que había nombrado notario a su padre.
De la Espriella negó los señalamientos y aseguró que cumplió a cabalidad el contrato de defensa suscrito con DMG y que jamás intervino ante ningún congresista. Su equipo jurídico calificó entonces la denuncia como una maniobra política en plena campaña presidencial.
Con esos hechos como base, Murcia radicó el 11 de febrero una queja disciplinaria de cinco páginas ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. El documento enumeraba cinco faltas puntuales: falta de acompañamiento sobre su situación jurídica, cobro de honorarios desproporcionados, solicitud de dinero adicional sin acuerdos definidos, falta de claridad sobre los términos del mandato profesional y divulgación pública de información reservada del proceso.
Días después, el 15 de febrero, Macollins anunció que además denunciaría penalmente a De la Espriella por presunto espionaje, luego de que un abogado de su entonces campaña difundiera en redes sociales un borrador de la solicitud de indulto que Murcia preparaba para el entonces presidente Gustavo Petro, un documento que, según la defensa, solo existía en el computador de la propia Macollins.
La Comisión de Disciplina Judicial archivó la queja meses más tarde por prescripción, sin entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto, al considerar que habían transcurrido casi dos décadas desde los hechos denunciados. En ese proceso, la defensa de De la Espriella estuvo en manos de Iván Cancino, quien buscó el archivo del caso y advirtió que solicitaría medidas de protección para su representado ante el riesgo de que extarjetahabientes de DMG tomaran represalias. Sobre esa actuación, Macollins fue escueta en la entrevista con Coronell: "El doctor Cancino hizo su trabajo: defender a su cliente". Meses después, ya como ministro de Justicia del gobierno de su antiguo cliente, Cancino quedó al frente de la cartera de la que depende el Inpec, la misma entidad que ordenó el traslado de Murcia a Palogordo.
¿Por qué David Murcia Guzmán puede quedar en libertad?
Capturado en Panamá en 2008, Murcia fue extraditado a Estados Unidos, donde permaneció detenido entre 2010 y 2019 por hechos que, según su defensa, corresponden a la misma conducta por la que después fue juzgado en Colombia, y que le dio una condena de 22 años, 10 meses y 15 días. Ese es el punto central del reclamo que hace su defensa: Colombia no le ha reconocido a Murcia ese tiempo cumplido en cárceles estadounidenses, pese a tratarse de los mismos hechos, bajo el principio conocido como non bis in idem, que impide sancionar dos veces a una persona por lo mismo. "Espero que las altas cortes de Colombia revisen el caso, teniendo en cuenta que ya está nuevamente a la luz pública”, dijo este lunes", dijo Macollins.
Desde el 20 de abril de este año, la defensa tiene radicada ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá una solicitud formal para que se contabilice el tiempo cumplido en Estados Unidos dentro de la condena colombiana, un trámite que, de prosperar, adelantaría la fecha de su libertad.
A ese proceso se suma el reconocimiento de la redención de pena por trabajo y estudio, la figura con la que el sistema penitenciario colombiano descuenta un día de condena por cada dos jornadas certificadas de trabajo, estudio o enseñanza dentro del penal, y que la defensa de Murcia viene tramitando desde hace meses ante el mismo despacho.
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