Oposición radica reforma al CNE: la elección de magistrados pasaría a altas cortes
Una docena de congresistas de oposición radicaron este lunes una reforma constitucional para que la selección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral deje de estar en manos de los partidos y pase a un concurso de méritos calificado por las altas cortes.
Los representantes a la Cámara Laura Beltrán, Mauricio Toro, Jorge Palacio, Camilo Torres y Óscar Benavides, junto con las senadoras Jennifer Pedraza, Walter Rodríguez, Luis Carlos Rúa, John Amaya, Ferney Silva, Duvalier Sánchez y Esmeralda Hernández, radicaron este lunes un proyecto de acto legislativo que busca transformar de fondo el mecanismo de elección del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo encargado de vigilar partidos, campañas y elecciones en el país. El eslogan del proyecto es “No más fichas políticas”.
El comunicado oficial de radicación explica que la iniciativa busca cambiar el mecanismo y requisitos por el cual se eligen los magistrados “con el propósito de fortalecer la independencia, la transparencia y la imparcialidad de este organismo". Para lograrlo, el proyecto plantea modificar los artículos 264 y 265 de la Constitución "para incorporar criterios de mérito, idoneidad, experiencia y formación académica en el proceso de selección de los consejeros del CNE".
Cada uno de los promotores salió a explicar el proyecto por su cuenta en redes sociales. Mauricio Toro resumió la propuesta diciendo que "ya no va a ser 'el ratón cuidando el queso': CNE no será elegido por el Congreso, sino por las Altas Cortes". Enumeró además otros dos cambios que, dijo, contiene el proyecto: "No más escampadero para políticos quemados: no se podrán postular candidatos o directivos de partidos políticos en los 4 años anteriores" y "Habrá concurso de méritos para elegir a los que más saben, no los que tienen más rosca".
Laura Beltrán, conocida en redes como Lalis, planteó el proyecto como una respuesta a años de reparto burocrático. "Hoy radicamos (...) una reforma para que el CNE deje de ser un espacio de cuotas y politiquería", escribió, y agregó que el organismo "toma decisiones que afectan partidos, candidatos y derechos políticos. Por eso proponemos mérito, experiencia e independencia. ¡No más puertas giratorias!".
¿Cómo cambiaría la elección de los magistrados del CNE?
Hoy, el artículo 264 de la Constitución establece que el CNE se conforma por nueve magistrados elegidos para períodos de cuatro años mediante el sistema de cifra repartidora, con listas que postulan los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Para aspirar al cargo se exigen las mismas calidades e inhabilidades que a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quince años de experiencia profesional, título de abogado y ausencia de antecedentes penales.
El proyecto de reforma mantiene los nueve consejeros y el periodo de cuatro años, pero cambia por completo quién los elige y cómo. En primer lugar, el CNE "gozará de autonomía presupuestal, administrativa, técnica y organizativa", una garantía que hoy no tiene de manera explícita. En segundo lugar, desaparece la postulación partidista, pues, en su lugar, la Comisión Nacional del Servicio Civil organizaría un concurso de méritos abierto, del que saldría una lista de treinta elegibles con los puntajes más altos. De esa lista, serían la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado las que escogerían a los nueve consejeros, tres cada una, con base en dos criterios: el resultado de una entrevista y el puntaje por experiencia académica y profesional.
Los requisitos para aspirar al cargo suben el umbral para hacerlo, ya que se exigiría ser abogado de profesión, con diez años de experiencia profesional en derecho (cinco menos que hoy), pero con al menos cinco años específicamente en derecho electoral, una especialidad que la norma actual no pide. Y, sobre todo, le pone freno a lo que llaman “puerta giratoria”: quienes aspiren al CNE no podrán haber ocupado direcciones de partidos, curules o candidaturas en los cuatro años anteriores a su postulación, y una vez terminen su periodo tendrán las mismas prohibiciones durante los dos años siguientes.
Más cambios, aunque más pequeños
Además, la propuesta reemplaza la palabra "magistrados" por "consejeros" para referirse a los integrantes del CNE. Según la ficha técnica que acompaña la iniciativa, la razón es que, en sentido estricto, "no son jueces, porque expiden actos administrativos y no sentencias", aunque sus decisiones "sí tienen la capacidad de condicionar el ejercicio de derechos políticos".
El proyecto también adiciona funciones al artículo 265, entre ellas garantizar los derechos de la oposición y de las minorías políticas, coordinar mecanismos de cooperación entre autoridades administrativas y judiciales para investigar irregularidades y articularse con la Registraduría Nacional para verificar los requisitos formales y sustanciales de las candidaturas, con el fin de evitar que las dos entidades tomen decisiones contradictorias sobre un mismo aspirante.
El contexto: la última elección bajo las viejas reglas
El pasado 25 de agosto, en una sesión conjunta de Senado y Cámara que se extendió hasta después de las once de la noche, el Congreso eligió a los nueve consejeros del CNE para el periodo 2026-2030, precisamente bajo el sistema de cifra repartidora que la nueva reforma quiere eliminar. Ante la imposibilidad de las bancadas de acordar una sola plancha que repartiera las nueve curules, se sometieron a votación tres listas distintas.
El resultado dejó un CNE con mayoría afín al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Siete de los nueve magistrados son del Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Salvación Nacional, MIRA y Cambio Radical, partidos políticos cercanos al actual mandatario, mientras que apenas dos curules quedaron para el Pacto Histórico. En la negociación previa, el Pacto Histórico intentó sumar una tercera curul mediante una alianza con sectores independientes que finalmente no prosperó, a raíz de unos votos de los verdes de Carlos Amaya que se inclinaron por la plancha oficialista.
Ese nuevo CNE se posesiona este martes 1 de septiembre, a las 11:00 a. m., en un acto que presidirá el propio presidente De la Espriella desde Barranquilla, sede en la que el mandatario ha instalado buena parte de la agenda oficial de este arranque de gestión. Antes incluso de la posesión, ya se movía entre los magistrados electos la carrera por la presidencia del organismo, con el nombre de Plinio Alarcón, elegido por MIRA con respaldo del Centro Democrático, sonando con más fuerza que el resto.
El nuevo CNE, además, no llega a estrenarse con una agenda despejada. Antes de dejar sus curules, los magistrados salientes resolvieron a las carreras varias solicitudes de personería jurídica: el Partido Ecologista Colombiano, Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, y La Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, quedaron con sus derechos políticos vigentes solo de manera provisional, tras no alcanzar los umbrales que exige la ley en las pasadas elecciones legislativas. Ese panorama pendiente le queda al nuevo Consejo, que también hereda el debate sobre la reposición de gastos de campaña: el pago de 4,900 millones de pesos que el CNE autorizó a la excandidata Claudia López por su participación en una consulta interpartidista, pese a no haber logrado ni 600.000 votos. Y, adicional a eso, deben resolver otros casos de reposición de votos de las elecciones regionales de 2023 y, también, la de las últimas presidenciales y consultas interpartidistas.
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