Los cuestionamientos de la Defensoría al Gobierno sobre posible participación política de exmiembros de las AUC

En la resolución 327 de 2025, el Gobierno nacional confirmó el reconocimiento otorgado a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz hasta agosto del próximo año. En respuesta a la decisión, la Defensoría advirtió que la implementación de ese mecanismo en época electoral podría abrir la puerta a eventuales favorecimientos políticos.

La iniciativa, promovida por el presidente Gustavo Petro, buscaría garantizar la participación de excombatientes de la organización paramilitar en procesos de verdad sobre el conflicto armado en el país. Sin embargo, diferentes organizaciones han alertado sobre las posibles implicaciones del desarrollo de esas actividades a cinco meses de las elecciones legislativas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó la designación como una apuesta del Gobierno nacional por la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto. En contraste, la defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el proceso por considerar que podría incidir en el desarrollo de los procesos electorales del próximo año.

“El planteamiento entrelaza la verdad de los excombatientes con la contienda electoral, sugiriendo que revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto directo incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo”, explicó la defensora en su pronunciamiento.

El Gobierno de Gustavo Petro ha reiterado que los 16 exmiembros de las AUC reconocidos como gestores de paz deberán participar en proyectos relacionados con la reconstrucción del tejido social en territorios afectados por la violencia. No obstante, para la Defensoría se presenta el riesgo de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines políticos.

‘Tienen miedo a la verdad’: Benedetti sobre designación de excombatientes de las AUC como gestores de paz

En medio de los cuestionamientos a la resolución firmada el pasado 21 de septiembre, el ministro Benedetti ha indicado que los nuevos gestores de paz deberán acompañar instancias de diálogo que se desarrollen en el marco de la política de Paz Total. En ese sentido, ha rechazado la utilización política del mecanismo promovido por el Gobierno nacional.

“Me imagino que la derecha se preocupará, se asustará y criticará el proceso porque le tiene miedo a la verdad. Quien critique esta resolución, lo acuso de tenerle miedo a la verdad o hasta de ser cómplice de todo lo que ha pasado en este desastre del país”, explicó el ministro del Interior, tras las advertencias de diferentes organismos sobre la iniciativa.

La defensora del Pueblo, por su parte, reiteró que uno de los puntos problemáticos de la designación corresponde a que algunos de los exmiembros de las AUC incluidos en el proceso incumplieron la Ley de Justicia y Paz, por lo que su reconocimiento como gestores en los territorios podría contradecir los principios de verdad, reparación y no repetición.

El parágrafo 2 del artículo establece que la designación de gestores no implica la modificación de su situación jurídica, ni afecta las medidas de aseguramiento vigentes o el acceso a posibles beneficios jurídicos. Sin embargo, la Defensoría consideró que el mecanismo podría permitir que los excombatientes obtengan autorizaciones especiales para salir de las cárceles con el fin de participar en las actividades programadas.

El organismo enfatizó en que el desarrollo de actividades con las víctimas del conflicto armado en época preelectoral podría derivar en hechos victimizantes y generar escenarios de presión o instrumentalización política. Por eso, la defensora Marín insistió en que la verdad que se revela debe estar ajena al calendario electoral para evitar que los procesos de memoria y reconciliación sean utilizados con fines partidistas.

Las solicitudes de la Defensoría sobre el reconocimiento de exparamilitares como gestores de paz

En diálogo con El Espectador, el ministro Benedetti afirmó que el proceso permitiría establecer “qué bandido está siendo candidato” a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. En ese sentido, la Defensoría advirtió que la combinación de las dimensiones de política y justicia afectaría la legitimidad de los procesos de verdad.

Ante posibles incumplimientos de los nuevos gestores de la Ley de Justicia y Paz, la defensora Marín pidió definir mecanismos para garantizar la verdad plena y evitar que los excombatientes evadan su responsabilidad. Asimismo, solicitó que cualquier incumplimiento derive en la pérdida inmediata del reconocimiento como gestor y en la activación de las sanciones correspondientes.

Este fin de semana el Gobierno expuso una propuesta relacionada con la participación de exintegrantes de las AUC en procesos de verdad y su posible incidencia en elecciones, en la que se comenta la Resolución 327 de 2025.

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— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 6, 2025

“La justicia transicional no puede estar supeditada a decisiones unilaterales o intereses políticos. No es suficiente imaginar metodologías si no se construyen con la participación de las víctimas. Tampoco es posible confiar en promesas vagas que no garanticen una verdad judicial verificable. No sirve un cierre del capítulo de las AUC por decreto”, sostuvo la defensora del Pueblo.

Finalmente, el organismo hizo un llamado para que el discurso público y los mecanismos de reparación otorguen un mayor protagonismo a las víctimas del conflicto armado. Por ello, la defensora Marín pidió al Congreso y al Gobierno garantizar que los procesos de los excombatientes se adelanten dentro del marco judicial al que se sometieron cuando se desmovilizaron.