
Un día para conmemorar a las víctimas de los ‘falsos positivos’: el pedido de las familias al Congreso
En una carta púbica, más de 50 organizaciones que representan a familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales le pidieron al Congreso hacer el reconocimiento. Detalles.
Abuelas, madres, padres, hermanos. Los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ se encargaron, con su labor incansable, de limpiar el nombre de sus seres queridos y decirle al país que ni eran criminales, ni habían sido abatidos en operativos con el Ejército: eran civiles que fueron reclutados y ejecutados, sin más, por las tropas en una lógica macrocriminal que abarcó todo el país. Hoy, estas familias, apoyadas por 52 organizaciones sociales, le están pidiendo al Congreso que le rinda un homenaje a las víctimas y decrete, por ley, un Día Nacional por la Memoria y la Dignidad de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En una carta abierta, las organizaciones indicaron que este es el momento de hacer un homenaje amplio y periódico a las más de 6.000 personas que, desarmadas, fueron sistemáticamente engañadas y llevadas a la fuerza para ser asesinadas y presentadas como “bajas” en combates simulados por el Ejército.
“El Estado y la sociedad colombiana tienen el deber de recordar –y contarle a las nuevas generaciones– estos graves crímenes para que no se repitan nunca más. En su labor legislativa, instamos a que declaren el 4 de octubre de cada año como el ‘Día Nacional por la Memoria y la Dignidad de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales’”, indicaron.
La decisión de escoger el 4 de octubre de 1984 se tomó de manera colegiada. Ese fue el día en que el joven estudiante de sociología Luis Fernando Lalinde fue torturado, desaparecido forzadamente y asesinado en Jardín (Antioquia) por integrantes del Batallón de Infantería Ayacucho. Su madre, Fabiola Lalinde, dedicó toda su vida a la que denominó ‘La Operación Cirirí’ para encontrar a su hijo y se convirtió en un ícono nacional por su tarea.
Fernando Quiroga, de la Comisión Colombiana de Juristas, le dijo a CAMBIO que el caso de Lalinde es emblemático, entre otros, por ser el primero en donde se declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por una desaparición forzada cometida por integrantes de la fuerza pública.
“Es un caso hito que puso sobre la mesa la práctica de la desaparición forzada. Se envía un mensaje potente en el sentido de que si bien hubo un periodo de mayor intensidad de la política de facto de las desapariciones forzadas de civiles para ser presentados como combatientes abatidos tuvo mayor intensidad en el periodo 2002-2008, es claro que se trata de una dinámica de agresión en el marco de la violencia sociopolítica que antecede a ese periodo. El caso sirve para mostrar eso”, explicó Quiroga.
La carta de las organizaciones sociales señala que si bien se ha intentado desvirtuar y revictimizar a las voces que claman justicia, "el país ha escuchado las declaraciones de decenas de integrantes del Ejército, incluyendo altos mandos, que han reconocido responsabilidad o han sido imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y condenados por la justicia ordinaria. Las víctimas siempre han dicho la verdad, enfrentando amenazas a su vida y falsos señalamientos. La historia que conozcan las presentes y futuras generaciones debe escribirse con esa verdad”.
Las víctimas siempre han dicho la verdad, enfrentando amenazas a su vida y falsos señalamientos. La historia que conozcan las presentes y futuras generaciones debe escribirse con esa verdad”
En días pasados, al emitir la primera condena sobre ‘falsos positivos’ perpetrados por el Batallón La Popa de Valledupar, la Jurisdicción Especial para la Paz exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que, precisamente, se cree un día nacional para conmemorar a las víctimas, “en memoria de quienes fueron asesinados, desaparecidos forzadamente, torturados y perseguidos por agentes del Estado y posteriormente presentados falsamente como muertos en combate, con el objeto de rendir un reconocimiento público a las víctimas y sus familias, dignificar su memoria, reafirmar el compromiso estatal con las garantías de no repetición y fortalecer la memoria histórica de la Nación”.
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