El video que pone en aprietos a Mauricio Cárdenas: ¿hubo delito?

En plena contienda por llegar el próximo año a la Casa de Nariño, Mauricio Cárdenas puso el acceso a la vivienda en el centro del debate político con una propuesta que priorizaría a quienes se inscribieran en una plataforma digital promovida por su campaña. El anuncio, sin embargo, abrió una discusión sobre los límites entre la oferta programática y la posible captación indebida de apoyo electoral.

Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre

En un mensaje video en sus redes sociales, que borró un par de horas después, el precandidato presidencial anunció que 400.000 personas que ganaran un salario mínimo o menos podrían tener acceso a vivienda sin cuota inicial. Uno de los requisitos para acceder al programa, que implementaría en caso de ser elegido, sería inscribirse en una plataforma coordinada por su equipo: ‘MiCasaYa2’.

El precandidato Luis Carlos Reyes fue el primero en cuestionar la legalidad del anuncio en el que Cárdenas confirmó que a partir del 31 de octubre se habilitará el ‘Registro Nacional de Vivienda’. Para el exdirector de la Dian, la priorización de acceso a viviendas de interés social a quienes siguieran las directrices de la campaña del exministro podría constituir un ofrecimiento de beneficios particulares a cambio de respaldo electoral.

En diálogo con CAMBIO, Reyes indicó que la Fiscalía debería investigar las publicaciones de Cárdenas para establecer si existe una violación al Código Penal y determinar si la priorización de acceso a vivienda podría estar condicionada a apoyo electoral. En ese sentido, enfatizó en que durante la campaña a las elecciones de 2026 es posible que otras candidaturas incurran en conductas similares.

“Las prácticas de beneficios a particulares para lograr su voto es muy común, pero generalmente no se hace de forma pública y tan documentada. Es un problema porque no genera cambios estructurales, sino posibles beneficios clientelistas. Es preocupante que candidaturas que presumen de su carácter técnico incurran en esas prácticas”, explicó el aspirante presidencial.

¿Mauricio Cárdenas podría enfrentar procesos por su propuesta?

El abogado Hollman Ibáñez, experto en derecho electoral, explicó a CAMBIO que la propuesta en la que Cárdenas abrió inscripciones para un programa de su eventual gobierno podría configurar una práctica ilegal debido a interpretaciones sobre un posible condicionamiento de acceso a un beneficio estatal a la adhesión o apoyo a una campaña política.

El jurista reiteró que la iniciativa podría asociarse a la práctica de corrupción del sufragante. En el artículo 390 del Código Penal se detalla que ese delito se presenta en caso de prometer u ofrecer algún beneficio particular en favor de un ciudadano habilitado para participar en el proceso electoral con el propósito de garantizar su respaldo en las urnas a un determinado candidato o partido.

Andrés Jaramillo, director de la firma Total Jurídica y miembro del Colegio de Abogados Penalistas, explicó que los responsables del delito de corrupción al sufragante podrían incurrir en penas de prisión de entre cuatro y ocho años. Además, podrían ser sancionados con multas de hasta 1.000 salarios mínimos, correspondientes a más de 1.400 millones de pesos.

“No importa si el beneficio finalmente se entrega o si el votante efectivamente vota según lo inducido: la sola conducta de ofrecer o pactar la dádiva con esa finalidad electoral ya consuma el delito, y así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se estaría promoviendo el voto mediante un incentivo particular, lo que trasciende una mera propuesta programática y se acerca al intercambio ilícito de voto por beneficio”, explicó Jaramillo.

El abogado especialista en derecho penal y administrativo Miguel Sánchez, subrayó que en algunos casos también podría presentarse conductas como constreñimiento o fraude al sufragante. Según el jurista de la firma Themis, en este caso particular, la existencia de estas conductas dependería de cómo se realizaron las promesas y de su intención de incidir sobre la autonomía de los votantes o el resultado de la decisión electoral.

Para el abogado Jaramillo, en una conducta como la de Cárdenas no se configuraría como constreñimiento al sufragante, debido a que esa práctica requiere coerción o amenaza sobre el elector. “A menos de que estuviera acompañada de alguna presión indebida. Por ejemplo, se presentaría en caso de que el candidato sugiera que, si no se inscriben en la plataforma, no recibirán ciertos beneficios a los cuales tienen derecho”, plantea.   

La frontera entre propuestas y captación indebida de apoyo electoral

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas confirmó este 29 de octubre que continuará con su iniciativa de acceso a vivienda, como una de sus propuestas clave de campaña para las elecciones presidenciales del próximo año. El exministro destacó que su objetivo es presentar soluciones concretas para familias vulnerables, pero la inscripción en su plataforma mantiene los cuestionamientos sobre posible influencia indebida en el voto.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que la corrupción al sufragante es un delito que, a menudo, pasa desapercibido entre delitos electorales identificados con mayor facilidad durante los comicios. Sin embargo, para la plataforma, las promesas a cambio de beneficios particulares constituyen un riesgo claro de influencia indebida sobre el voto y deben ser vigiladas de cerca para garantizar la transparencia del proceso electoral.

En su informe sobre irregularidades y delitos electorales, la MOE destaca que la pena por el delito aumenta en caso de que quien prometa los beneficios sea un servidor público o lo prometido sea financiado con recursos públicos. En ese sentido, ofrecer acceso a programas financiados por el Estado podría agravar la responsabilidad penal en ciertos procesos.

El conjuez del Consejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez, explicó a CAMBIO que la línea entre presentar propuestas de gobierno y cometer captación indebida de apoyo electoral puede ser muy fina. El abogado detalló que el análisis jurídico debe centrarse en la intención del ofrecimiento y en la expectativa que genera entre los ciudadanos, ya que eso determina si se trata de una propuesta legítima o de una práctica sancionable.

“Es claro que no toda propuesta de campaña constituye un riesgo legal. Es necesario evaluar si el ofrecimiento crea una expectativa de apoyo electoral a cambio de un beneficio particular por el sufragio. Cuando existe esa intención, aunque no se exprese de manera explícita, la conducta puede configurarse como indebida. Cada caso requiere un análisis detallado de la intención y del contexto en el que se hace el ofrecimiento”, explicó Ibáñez.

Acceso a vivienda: una deuda pendiente que deberá asumir el próximo Gobierno

Un reciente estudio de Corficolombiana reveló que en el país cuatro de cada diez familias viven en arriendo y persisten las dificultades para acceder a casa propia. Por eso, más allá de las implicaciones legales de la promesa de Cárdenas, el tema evidencia la necesidad de políticas públicas sólidas que faciliten el acceso a vivienda digna para los sectores con menores ingresos.

En el Congreso anual de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), celebrado la semana pasada, el gremio de los edificadores advirtió que el país requerirá en la próxima década la habilitación de 4,1 millones de viviendas. Por eso, uno de los retos del próximo Gobierno será promover el desarrollo de un sector afectado por la decisión de cerca de 30.000 hogares que desistieron de comprar casa en el último año.

La propuesta del precandidato Mauricio Cárdenas corresponde a la reactivación del programa ‘Mi Casa Ya’, que se inició durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2015. Según el exministro, en la versión 2.0 de la iniciativa se facilitan las condiciones de acceso para madres cabeza de familia, jóvenes y hogares con ingresos mensuales reducidos.

Cárdenas explicó que los hogares beneficiados no tendrán que asumir la cuota inicial, debido a que el Gobierno se encargará de pagar los primeros 30 millones de pesos del crédito. Una vez desembolsados esos recursos, las familias tendrán cuotas de 650.000 pesos mensuales destinados directamente a la compra de su vivienda, en lugar de continuar pagando arriendo cada mes.

El precandidato Luis Carlos Reyes, por su parte, plantea que se deben establecer medidas específicas para atender las dificultades de créditos hipotecarios para personas con mayores dificultades económicas. “Las restricciones de la normatividad impiden acceder a la vivienda. Programas como ‘Mi Casa Ya’ han sido remedios a una situación cuya causa estructural está en el corazón del sistema financiero. Hay que curar los síntomas, pero también la enfermedad”, explicó a CAMBIO.