‘Salí de la cárcel, pero ¿cómo recuperar los abrazos perdidos con mi familia?’: Fernando Álvarez

Hace unos días, el 19 de septiembre, una jueza de la república dictó sentencia absolutoria a favor de Fernando Álvarez, exsecretario de Movilidad de Bogotá. Así puso punto final a un drama que comenzó hace ocho años, cuando fue imputado por supuestos delitos contra la administración pública.

Este economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano –quien en los años de su proceso penal estudió derecho y se hizo abogado– había sido un intachable servidor público durante casi tres décadas.

El proceso lo llevó a prisión en medio de un auge mediático que lo señaló como protagonista del carrusel de la contratación, uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia de Bogotá. Sin embargo, las adiciones al contrato interadministrativo por las que lo investigaron, no tenían nada que ver con ese caso. Su hijo, Juan Álvarez, publicó en 2024 el libro Recuperar tu nombre, en el que expone los errores del sistema de justicia, de la Fiscalía y de los medios en contra de un inocente. Ambos se sentaron a conversar con CAMBIO sobre una historia que, dicen, nunca debió ocurrir. 

CAMBIO: El libro de su hijo se titula Recuperar tu nombre. ¿Usted cree que ya lo recuperó?

Fernando Álvarez: Esto es un proceso. Cada día doy pasos firmes en ese propósito y con esa convicción.

Juan Álvarez: Cuando mi padre fue enviado a la cárcel aparecieron titulares en todos los medios. Todos lo señalaron. Ahora que existe una verdad judicial que confirma su inocencia, confiamos en la honradez de esos mismos medios para otorgarnos el derecho a réplica y que registren la noticia de su absolución en la misma proporción en la que titularon su envío a la cárcel en detención preventiva.

CAMBIO: ¿Cómo empezó esto?

F.A.: Cuando estaba en la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá me abrieron una investigación penal relacionada con la estructuración del SITP, el Sistema Integrado de Transporte Público.

CAMBIO: ¿Con cuál alcalde? 

F.A.: Samuel Moreno. 

CAMBIO: ¿Era amigo suyo? ¿Militaban en el mismo partido político?

F.A.: No. Yo comencé a trabajar en el distrito en la alcaldía de Lucho Garzón como consultor para la formulación del Plan Maestro de Movilidad. Durante el proceso electoral lo conocí a través de Óscar Molina, su director programático; él sabía que yo había estudiado a fondo ese tema, y cuando ganó las elecciones me pidió que lo acompañara como gerente de TransMilenio al igual que a varios de los técnicos que trabajamos en el Plan Maestro de Movilidad. Luego hubo una crisis con el sistema de semáforos, el secretario de Movilidad renunció y me pidió que asumiera la Secretaría de Movilidad.

CAMBIO: ¿Y qué pasó ahí?

F.A.: En la investigación encontraron un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Al principio no sospeché nada raro, porque desde 2009 la Secretaría de Movilidad tenía convenios similares con otras universidades públicas: la Distrital, la de Cundinamarca, la Pedagógica y también con la Unad. Pero el proceso siguió y un fiscal, Jaime Alonso Zetien Castillo, un buen día decidió que ese contrato no reunía los requisitos legales.

J,A.: Había pasado cinco años. Esa investigación nunca prosperó. Todo cambió cuando llegó Néstor Humberto Martínez Neira a la Fiscalía General de la Nación y montó su plan ‘Bolsillos de Cristal’, que presentó como metáfora de transparencia en su supuesta persecución de los corruptos. 

CAMBIO: Pero, ¿la Fiscalía estaba haciendo su trabajo?

J.A.: Querían mostrar resultados, pero fue haciéndose evidente que se trató de una lucha contra la corrupción más mediática que real. Hay muchas pruebas al respecto que presento en Recuperar tu nombre. 

CAMBIO: ¿Cuándo lo imputaron? 

F.A.: En julio de 2017. El fiscal Zetien resolvió imputarme, ya no solo por el delito que supuestamente investigaba, sino que sumó otro, peculado por apropiación en favor de terceros. El argumento de la Fiscalía era que el contrato no cumplía con los requisitos, y que por tanto no se podían transferir recursos a un particular. Pero eso es un error: nunca se firmó un contrato con un particular, sino con una universidad pública. 

CAMBIO: Pero, ¿jurídicamente sí podría interpretarse así?

F.A.: Es una interpretación errada. Detrás del error hubo mala intención. Alegaban que se debía abrir una licitación en vez de un contrato interadministrativo. Pero uno de los principios de la contratación pública es la economía procesal, y por eso era más eficiente adicionar el contrato existente, el 1229, que iniciar una nueva licitación.

CAMBIO: ¿Y lo mandaron a la cárcel?

F.A.: Sí. La imputación vino acompañada de una medida de aseguramiento intramural. Querían guardarme en la cárcel y producir el titular a como diera lugar. 

CAMBIO: En su opinión, esa decisión, ¿no era necesaria? 

F.A.: No solo innecesaria, sino un abuso de poder. Por eso ganamos la apelación, pero esta falló seis meses después, cuando el daño ya me lo habían hecho. Mi abogado siempre sostuvo que no había razón para detenerme: no representaba peligro para la sociedad, no iba a huir del país y no podía obstruir la justicia, ya que el contrato estaba liquidado desde 2010 y los documentos, discutidos por la Fiscalía, los habían recogido años atrás.

CAMBIO: Cuando fue trasladado a la cárcel, ¿cómo fue ese momento?

F.A.: Fue estremecedor. Ingresé el 27 de julio de 2017. Al llegar, sufrí una caída en la terraza de las celdas de paso del antiguo DAS y me fracturé el húmero.

CAMBIO: ¿Lo atendieron? ¿Lo enviaron a otro espacio por ese accidente? 

F.A.: No. Solicitamos una medida humanitaria para recuperarme en casa, pero el fiscal Zetien se opuso. Por mi condición física tuve que dormir durante varias semanas en una silla. El dolor era terrible, sumado a la indignación de saberme inocente y al hacinamiento.

CAMBIO: Juan, ¿qué edad tenía usted cuando su padre entró a la cárcel? 

J.A.: Tenía 38 años. Mi hermano, Juan Diego, abogado, es seis años menor.

CAMBIO: ¿Cómo es esa ruptura con los hijos?

F.A.: Es muy duro. Pero, a pesar de ir a la cárcel, hubo dos cosas que me salvaron: haber aprendido a meditar, lo que hacía todas las madrugadas al despertar, y el hecho de que ninguno de mis hijos dependía ya económicamente de mí. Cuando te encierran, y hay un ser querido afuera que espera tu ayuda económica, eso te destroza.

CAMBIO: ¿Y usted? Ya era un escritor con reconocimiento, tenía varios libros publicados y había ganado algunos premios. ¿Qué pensaba de esa situación?

J.A.: Fue una condena mediática sin tregua. En todos lados lo señalaban como responsable del carrusel de la contratación. Eran hechos distintos, pero los medios publicaban señalamientos sin sustento y era imposible contestar a esa matriz mediática. Justamente por eso lo asociaron al carrusel. Hizo parte de la estrategia retórica miserable de un sujeto como el fiscal Zetien. 

CAMBIO: ¿Cree que la prensa es responsable? 

J.A.: No puedo generalizar. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Hasta ese momento yo solo había escrito ficción; cuando decidí escribir Recuperar tu nombre me puse el reto de trabajar como periodista: contar hechos comprobables, cotejables, verificables, un ejercicio que requiere tiempo y cuidado.

CAMBIO: ¿Y lo logró? ¿A qué conclusión llegó?

J.A. : En el libro cada afirmación está sustentada. Aprendí mucho sobre el poder del relato mediático y cómo puede construir o destruir realidades. Tener ahora el fallo judicial a nuestro favor refuerza la verdad íntima y la contestación a la verdad mediática que nos propusimos con el libro. Buena parte de los periodistas que en su momento hicieron aquel despliegue debieron haber hecho mejor su tarea. 

CAMBIO: ¿Cuándo se veían con su padre? 

J.A.: Los sábados. Íbamos a visitarlo a La Picota al patio Ere-2 de servidores públicos, que estaba repleto, en su mayoría, de policías y soldados jóvenes y pobres. 

CAMBIO: ¿Por qué?

J.A. : Creo que su presencia allí refleja otra cara de la estructura del Estado. Ellos son los primeros a quienes señalan de cometer delitos, sobre quienes más fácil recaen las responsabilidades del servicio público.

CAMBIO: Con la presión mediática y los señalamientos del aparato de justicia, ¿en algún momento dudaron ustedes de la inocencia de su padre? 

J.A.: Cuando terminó la audiencia de imputación y lo guardaron, mi hermano y yo fuimos con el abogado a su oficina y recuerdo muy bien mi sensación: esto es más grave de lo que pensábamos. Acababan de presentarlo como un “cabecilla” del carrusel. Esa palabra Zetien la repetía una y otra vez. En ese momento no se lo dije a mi hermano, pero sí pensé: ¿será que el viejo se equivocó y se dejó meter en los líos de esa gente? Fue horrible haber dudado del viejo. No creo que la conciencia de un tipo como Zetien esté tranquila luego de haber hecho lo que hizo de manera premeditada. 

CAMBIO: Desde dentro, ¿cómo vive la prisión un inocente?

F.A.: Es muy fuerte, muy traumático. Yo tenía más de 25 años de carrera en el servicio público. Sentirme injustamente detenido fue muy doloroso. Es una experiencia que nadie debería vivir.

CAMBIO: ¿Creen que su caso sirvió para ocultar otros escándalos del momento?

F.A.: No tengo duda. Mi caso y el de otros inocentes sirvió para eclipsar el escándalo de Odebrecht, que era un escándalo de enormes proporciones para Colombia en ese momento. Se trató de una política de titulares: perseguir personas con reconocimiento, incluso sin pruebas de corrupción. En mi caso no hubo ni coimas ni desfalcos, solo una interpretación errada que dio apariencia de lucha contra la corrupción cuando en realidad se encubrían otros intereses.

J.A.: Yo tampoco tengo duda: el plan ‘Bolsillos de Cristal’ abusó del aparato acusatorio del Estado. Sirvió, junto con otros mecanismos como torpedear a la JEP, para desviar la atención del caso Odebrecht, donde todo el país conoce que Néstor Humberto Martínez Neira tenía –tiene– intereses comprometidos. Esto no lo digo yo, lo dice la prensa de investigación más importante del país. Ellos saben que Martínez Neira le debe aún muchas respuestas al país.

CAMBIO: A propósito, ¿usted conoció a Jorge Enrique Pizano, quien murió en extrañas circunstancias? 

F.A.: Lo conocí muy bien. Fue colega mío de gabinete; trabajamos en la misma administración e incluso lo conocía de antes. Era un gran ser humano, muy serio, un profesional excepcional, y nunca tuve la menor reserva ética hacia él. 

CAMBIO: ¿Cómo recibió la noticia de su muerte?

F.A.: Fue brutal. Me dolió mucho. Él fue víctima de enormes presiones y de una persecución implacable que me contó personalmente en un funeral al que asistimos.

CAMBIO: ¿Qué le dijo?

F.A.: Me abrazó y me dijo: “Fernando, la Fiscalía está haciendo algo perverso: quieren enlodar mi nombre e imputarme cargos por el caso de PTAR Canoas Es perverso lo que intentan hacerme”. Resulta que se trató del mismo fiscal, Jaime Alonso Zetien Castillo.

CAMBIO: ¿Durante todos estos años qué hizo usted? 

F.A.: Perdí el trabajo; querían destruirme. Pero decidí no permitirlo. Me puse a estudiar y terminé la carrera de derecho. 

CAMBIO: Tras seis meses en la cárcel, sale y, ¿qué hace?

F.A.: Luego de salir en libertad en enero de 2018 porque un juez de segunda instancia falló nuestra apelación a favor, igual quedé en un limbo porque nadie me contrataba para trabajar. Ahí fue que me puse a estudiar derecho y acabé haciéndome abogado.

CAMBIO: ¿Cuándo le informaron que era inocente?

F.A.: En la primera semana de julio de este año tuvimos audiencia de alegatos finales. Allí el procurador Henry Bustos presentó un alegato claro, en el que explicó que el contrato sí cumplía los requisitos. El 19 de septiembre, la jueza dictó sentencia absolutoria, muy sólida. La Fiscalía ni siquiera apeló. El caso es cosa juzgada. Fueron ocho años de pesadilla. 

CAMBIO: Colombia ha sido escenario de horrores como los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron la vida de 6.402 jóvenes humildes a los les pusieron camuflados. ¿Ven alguna similitud, en el sentido de montar un proceso para mostrar un éxito?

J.A.: En el libro digo que no se pueden comparar. Los falsos positivos son un fenómeno de dolor social, cultural y político en Colombia y por respeto a las madres que perdieron a sus hijos nosotros no podemos usar esa denominación. Quizás se trató más de lo que el exdirector anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera –el que ventiló el cartel de la toga, nombrado por Martínez Neira en la Fiscalía– llamó “sicariato judicial”. Él habló de la Fiscalía de Martínez Neira como un lugar donde se esperaba que los fiscales con casos de connotación nacional hicieran caso. 

F.A.: Nosotros no apelamos a esa categoría, pero sin duda se trató de un abuso del poder, de una arbitrariedad de una oficina específica de la Fiscalía que decidió hacer caso. Aún hay muchas preguntas sin respuesta.

CAMBIO: ¿Quién le responde por los años perdidos? 

F.A.: Nadie. El dolor más grande fue ver el rostro de mis hijos cada sábado en la cárcel. Eso no se repara. Salí de la cárcel, pero ahora, ¿cómo recupero los abrazos perdidos con mi familia?