La tutela de Álvaro Uribe contra la emergencia económica declarada por el Gobierno de Petro: ¿qué tan viable es?

La propuesta de tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe abrió un nuevo capítulo en la controversia alrededor del decreto de emergencia económica firmado por el Gobierno de Gustavo Petro. Mientras el país debate la legalidad y los alcances de la medida, el exmandatario respaldó una nueva acción legal para ponerle freno a posibles cargas tributarias adicionales.

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Dos noches antes de la celebración de Navidad, el Ministerio de Hacienda presentó el decreto en el que declaró emergencia económica por 30 días para adoptar medidas tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Con ese mecanismo, el Gobierno de Gustavo Petro espera recaudar parte de los 16,3 billones de pesos del presupuesto de 2026 que permanecen en veremos.

El decreto está bajo control automático de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que será la responsable de revisar si cumple con los requisitos formales y materiales para su validación. Sin embargo, los magistrados del tribunal salieron a receso desde el pasado 16 de diciembre y se mantendrán fuera de sus funciones judiciales hasta el próximo 10 de enero.

En medio de la polémica por el decreto, la Corte Constitucional detalló que no podría iniciar el control de oficio durante el periodo de vacancia judicial. Los togados deliberaron durante varias horas y decidieron, finalmente, que en enero iniciará el proceso de reparto, la posterior petición de pruebas y el análisis de fondo de las razones que motivaron la declaratoria.

Ante la decisión del alto tribunal, congresistas del Centro Democrático confirmaron que interpusieron una acción de tutela para solicitar un control inmediato sobre el decreto firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Según los miembros de esa colectividad, la acción legal buscaría impedir efectos irreversibles del estado de excepción.

El alcance de la tutela, respaldada por Álvaro Uribe, para frenar efectos de emergencia económica

El exmandatario sostuvo que el mecanismo jurídico promovido por miembros de su partido busca limitar los decretos relacionados con nuevas cargas tributarias anunciadas por el Gobierno nacional durante la vigencia del estado de emergencia económica. “A la protección de los derechos ciudadanos no se le puede aplicar la vacancia”, afirmó Uribe.

Fabio Enrique Pulido, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, explicó a CAMBIO que en la acción de tutela se tendría que demostrar una afectación directa, inminente y grave a derechos. En ese caso, los accionantes podrían argumentar vulneraciones a la participación democrática, la seguridad jurídica y el debido proceso.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, detalló que la tutela promovida pretende frenar las medidas tributarias contempladas durante la declaratoria de emergencia. Según el congresista antioqueño, la acción legal se centrará en plantear que la medida excepcional no está motivada en situaciones graves e imprevisibles.

“La Corte Constitucional actuó conforme a la jurisprudencia basada en los límites a los estados de excepción que se establecieron en la Constitución. Se debe aceptar y acatar su decisión así no se comparta. De las carreras no queda sino el cansancio”, explicó a CAMBIO el profesor Gustavo Zafra, miembro de la Asamblea Constituyente de 1991.

David Suárez Tamayo, abogado especialista en Derecho Público, enfatizó en que la acción de tutela no estaría pensada para el control de un decreto en el que se declara una emergencia económica. Su visión es compartida por otros juristas, quienes consideran que será la Corte Constitucional la que decida sobre el futuro de la declaratoria tras su regreso de la vacancia.

¿Qué se revisará en la acción de tutela sobre la emergencia económica?

Juan Manuel Charry, abogado especializado en Derecho Constitucional, explicó a CAMBIO que la Corte Constitucional podría considerar que el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Senado resulta insuficiente como motivo para originar la emergencia económica. Con una decisión en ese sentido, el alto tribunal tumbaría la declaratoria y las medidas tributarias promovidas bajo ese mecanismo.

Para el jurista, el rechazo de la reforma tributaria resulta insuficiente para adoptar medidas con fuerza de ley ante situaciones imprevistas que perturban el orden económico del país. No obstante, Charry reitera que la procedencia de la tutela depende de la posibilidad de demostrar supuestas vulneraciones directas, concretas e inminentes a derechos específicos.

El abogado Francisco Bernate, por su parte, reiteró que la Corte Constitucional tiene que revisar de oficio el decreto de la declaratoria de emergencia. Para el jurista, una tutela resultaría improcedente debido a que el alto tribunal es el encargado de estudiar directamente la constitucionalidad del decreto y de determinar posibles medidas para suspender su alcance durante la revisión de fondo.

Los constitucionalistas consultados coinciden en que el proceso de revisión del decreto podría tomar varias semanas, e incluso meses. El Gobierno tendrá que justificar la decisión que motivó acudir a ese mecanismo, mientras la Corte Constitucional revisa el cumplimiento de requisitos formales y considera los conceptos presentados por la Procuraduría.

A menos de dos semanas para el fin de la vacancia judicial a nivel nacional, la tutela podría perder fuerza debido a que la Corte ya estableció la fecha para realizar su reparto y avanzar en su revisión formal. El alto tribunal tiene la posibilidad de suspender los efectos del decreto durante el plazo requerido para su revisión, pero constitucionalistas advierten que lo más probable es que la decisión definitiva se conozca después del fin de la emergencia económica y esté orientada a revertir los impuestos decretados durante ese periodo.