Estados Unidos designa al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera: ¿qué implica para el proceso de paz?

La apuesta del Gobierno nacional por consolidar un proceso de sometimiento del Clan del Golfo enfrenta un nuevo revés. En medio de las negociaciones adelantadas como parte de la política de Paz Total, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó en la mañana del 16 de diciembre a ese grupo armado ilegal como una organización terrorista extranjera. 

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El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que la medida se adoptó tras considerar que la organización ilegal tiene como principal fuente de ingresos el tráfico de cocaína hacia diferentes países del continente. En su designación, el funcionario también señaló que se trata de una estructura criminal, poderosa y violenta, integrada por miles de combatientes.

La administración de Donald Trump detalló que el Clan del Golfo ha sido vinculado a la ejecución de ataques terroristas en contra de funcionarios públicos y unidades de las fuerzas armadas. Según el Departamento de Estado, los recursos destinados a realizar atentados contra la población civil han sido generados mediante el envío de cargamentos de estupefacientes.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Nos comprometemos a negar financiación y recursos a estos terroristas”, explicó el secretario de Estado.

La medida permite activar un régimen internacional más severo de persecución financiera, judicial y diplomática contra la organización, considerada por la Casa Blanca como una estructura criminal transnacional. La designación también buscaría reforzar la capacidad de Estados Unidos para bloquear activos, sancionar a personas vinculadas al grupo y ampliar la cooperación internacional para su eventual desarticulación.

¿Nuevo obstáculo para la negociación?: las implicaciones de la medida de Estados Unidos contra el Clan del Golfo

La designación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera introduce nuevas tensiones al proceso de sometimiento que adelanta el Gobierno. Aunque desde la mesa de negociación se ha insistido en que se trata de un mecanismo para reducir la violencia y desarticular la estructura criminal, la decisión de Washington refuerza la caracterización internacional del grupo como una estructura narcotraficante sin estatus político.

Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno con esa organización, explicó a CAMBIO la semana pasada que el proceso cuenta con mecanismos de verificación y acompañamiento internacional impulsados por la participación de países mediadores y de la OEA. Además, destacó que la creación de Zonas de Ubicación Temporal permitiría facilitar una transición gradual hacia el desmonte del grupo.

El más alto representante del Gobierno Petro en la mesa de diálogos también sostuvo que la mediación de Catar, Noruega, Suiza y España ha permitido consolidar pilotos para disminuir los índices de violencia e iniciar transformaciones territoriales. De hecho, Jiménez reveló que la conformación de las Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó terminaría de concretarse en marzo de 2026.

En diálogo con CAMBIO, Luis Felipe Vega, miembro del grupo de investigación Estado, Conflictos y Paz de la Universidad Javeriana, explicó que la reciente designación del Clan del Golfo introduce un factor de presión adicional sobre el proceso y puede limitar el margen de maniobra del Gobierno. Para el académico, la medida podría obstaculizar el establecimiento de un trato diferenciado ante posibles tensiones con compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“El Estado enfrenta entonces un dilema de soberanía. Para mantener su autonomía en el diseño de políticas de paz y seguridad, tendría que asumir las implicaciones de contravenir designaciones de su principal aliado en materia de seguridad. Funcionarios, negociadores o incluso instituciones que participen en diálogos podrían exponerse a sanciones individuales”, explicó Vega.

Las tensiones legales y diplomáticas tras la designación del Clan del Golfo como organización terrorista

El Departamento del Tesoro también decidió incluir al Clan del Golfo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Por eso, las recientes decisiones del Gobierno Trump plantean cuestionamientos sobre el alcance del proceso de sometimiento en medio de una negociación que podría entrar en contradicción con el endurecimiento del cerco financiero y judicial impuesto por Estados Unidos.

El delegado del Gobierno nacional en la mesa de negociación ha reconocido que el Clan del Golfo se financia del narcotráfico y de la minería ilegal. Sin embargo, destaca que la negociación es un paso clave para reducir la violencia armada en sus zonas de influencia, avanzar en el fortalecimiento institucional y ejercer un mayor control sobre economías ilegales.

El vocero Álvaro Jiménez explicó en su momento a CAMBIO que el próximo reto sería conformar las zonas en las que los combatientes iniciarán su retorno a la vida civil, como parte de los puntos acordados en Doha. Además, el representante ha sostenido que el proceso iría más allá de la firma de compromisos formales, debido a que su objetivo es consolidar transformaciones territoriales a largo plazo.

Andrés Felipe Ortega, miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, planteó que la designación del Clan del Golfo impacta directamente la legitimidad internacional del proceso de sometimiento. Según explicó, cuando un actor es catalogado bajo ese rótulo, los Estados que acompañan la negociación pueden reevaluar su participación para no contravenir sus propias legislaciones internas ni los compromisos globales en la lucha contra el terrorismo.

“La decisión podría poner nuevos palos en la rueda de la negociación. Donald Trump ha acusado a Colombia de ser el principal productor de cocaína a nivel global y ha vinculado al presidente Gustavo Petro con una supuesta permisividad frente a las economías ilegales, lo que endurece el contexto político y diplomático en el que se desarrolla el proceso de sometimiento con el Clan del Golfo”, explica Ortega.

Los nuevos desafíos para el proceso de sometimiento del Clan del Golfo

En la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, ambas partes acordaron medidas para respetar los derechos de los menores, evitar interferir en procesos electorales y promover el desminado humanitario. Por eso, una eventual fractura de la negociación pondría en riesgo los avances alcanzados desde septiembre pasado.

Luis Felipe Vega, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig, explica que la negociación debe garantizar el cumplimiento de cuatro puntos fundamentales para obtener resultados concretos: desmantelamiento verificable de capacidades militares, sometimiento a la justicia, reparación efectiva a víctimas y garantías de no retorno a la ilegalidad.

“Estados Unidos ha manifestado históricamente que considera como incompatibles con sus intereses las concesiones otorgadas a grupos armados en mesas de negociación, cuando hay delitos que afectan a su territorio y ciudadanos. La designación refuerza esta posición: el mensaje implícito es que no debe haber beneficios para terroristas”, explica el docente universitario.

Para el investigador Andrés Felipe Ortega, el principal desafío del proceso será sostener su legitimidad en un escenario de creciente presión internacional y desconfianza. Según señaló, el Gobierno deberá demostrar que el sometimiento del Clan del Golfo no deriva en escenarios de impunidad, sino en un desmonte real de la estructura armada con resultados concretos en seguridad y control territorial.

Finalmente, los expertos consultados reiteran que el Estado conserva autonomía para mantener el avance del proceso de sometimiento, pero advierten que podrían presentarse nuevas sanciones internacionales que complicarían su desarrollo. Además, subrayan que la continuidad del diálogo no está asegurada, puesto que un cambio de Gobierno en las elecciones de 2026 podría interrumpir el proceso en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.