Gustavo Petro y la Corte Constitucional: un 2025 agridulce y el desafío de la emergencia económica
Gustavo Petro y la Corte Constitucional. Fotoilustración: Yamith Mariño y Colprensa.
En el 2025, las relaciones entre el presidente Petro y el poder judicial no sanaron, sino que continuaron agrietándose. El decreto de emergencia económica llega en un momento álgido con la Corte Constitucional, que sigue sin tomar una decisión de fondo sobre la reforma pensional. El balance es un claroscuro y hay retos cruciales. Análisis.
El Congreso le dijo ‘no’ a una ley de financiamiento y el presidente Gustavo Petro respondió, desafiante, con la declaratoria de Estado de Excepción. La emergencia económica que le permite al jefe de Estado crear impuestos, un asunto que en principio le corresponde al legislativo, tiene profundas implicaciones sociales y constitucionales que prometen, desde ya, convertirse en un nuevo caballito de batalla entre él y la Corte Constitucional, justo en plena campaña presidencial.
Petro arrancó su gobierno diciendo que respetaría las decisiones de las Cortes, pero lo cierto es que lleva todo su mandato en una discusión política con el poder judicial cuando este toma decisiones que el presidente no comparte. Además, el tono no ha ayudado: Petro convierte los desacuerdos en ataques al calificarlos de “golpes blandos” o “golpes de Estado”. Por otra parte, hay reacciones institucionales que buscan proteger la autonomía judicial, pero que tampoco ocultan la molestia que algunos magistrados tienen con el presidente, un desacuerdo que existe, aunque lo nieguen de manera fehaciente.
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