Planear y ejecutar operaciones con 'paras': la grave imputación de la JEP contra el general (r) Alejandro Navas

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de 34 personas, incluidos exguerrilleros de las Farc, exintegrantes del Ejército Nacional, y exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba, detalla la magnitud del conflicto armado que azotó a la región del Urabá, el Bajo Atrato y el Darién entre 1986 y el 2002. 

Este megacaso incluye episodios tan dolorosos como recordados como la operación Génesis, que realizaron tropas al mando del coronel Rito Alejo del Río de Ejército Nacional entre el 24 y 27 de febrero de 1997, supuestamente contra las Farc; así como la operación Cacarica, que de manera simultánea hicieron las Autodefensas de los hermanos Castaño por la cuenca del rio Cacarica en la que fueron asesinadas 86 personas. Entre las víctimas estaba Marino López, quien fue desmembrado, y con cuya cabeza los paramilitares jugaron fútbol, según los testimonios de los sobrevivientes.

En más de 1.500 páginas, la Sala de Reconocimiento de Verdad detalló la violencia sufrida que incluyeron múltiples homicidios, violencias basadas en género, desplazamiento y desaparición forzada, despojo de tierras, entre otros, para un universo aterrados de 54.673 víctimas, de las cuales 808 son individuales y el resto corresponden a 132 sujetos colectivos como los pueblos indígenas Emberá Dóbida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Guna Dule, Wounaan y Zenú, así como en el Pueblo Negro y Afrocolombiano de Urabá, Bajo Atrato y Darién.