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El ministro Eduardo Montealegre, el 20 de julio, en la radicación del proyecto de ley para avanzar hacia la paz total.
Poder

Así se confeccionó el proyecto de paz total que impulsa Eduardo Montealegre

La iniciativa ha recibido críticas por cuanto abre la puerta a beneficios de la justicia transicional para el Clan del Golfo, una agrupación criminal que carece de estatus político y a la que el Gobierno reconoce como la de mayor “poder desestabilizador”. Esta es la historia del proyecto de ley radicado el 20 de julio y de la organización internacional que estuvo detrás de su confección.

Por: Ana María Cuesta

En la recta final del Gobierno, y ad portas de un año electoral, el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, radicó un proyecto de ley que pretende materializar la paz total prometida por el presidente de la república, Gustavo Petro, a través de reglas para desmantelar a las estructuras armadas ilegales que siguen generando muertes y profundos daños en Colombia, con un tratamiento diferencial para todas ellas.

El proyecto, que tiene 54 artículos y también lleva la firma del ministro del Interior, Armando Benedetti, pretende el sometimiento de las bandas criminales de alto impacto sin carácter político, incluidos sus financistas y colaboradores. También les ofrece la posibilidad de que se queden con el 12 por ciento de los bienes que entreguen y obtengan rebajas de entre el 40 por ciento y el 60 por ciento, siempre que cooperen con la justicia, no reincidan y revelen la verdad.

La iniciativa también plantea beneficios jurídicos para las estructuras al margen de la ley consideradas actores del conflicto armado interno: como una pena alternativa de prisión de entre cinco y ocho años para los máximos responsables, de dos a cinco años de prisión para los mandos medios, y de ocho a diez años para quienes hayan sido excluidos de otros procesos de paz. El ministro Montealegre aseguró que este componente cobijaría al ELN, a las disidencias de las disidencias de las Farc y, explícitamente, al Clan del Golfo, una agrupación que hoy no tiene un reconocimiento político o de beligerancia y sobre la que se abre una controversia jurídica.

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