Colombia en vilo a la espera de la crucial decisión de Trump
Gustavo Petro y Donald Trump. Crédito: Reuters - Colprensa.
Mientras Daniel García-Peña, embajador en Washington, afirma que la descertificación “beneficiaría a la economía ilegal”, organizaciones respetadas como WOLA explican cómo el uso de esta herramienta de la Casa Blanca es “anticuada, contundente y contraproducente que no debería existir”. Análisis.
Por: Armando Neira
El país espera con expectativa la nota que anunciará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los esfuerzos de la administración Petro en la lucha contra las drogas ilícitas: ¿certificación o descertificación?
Aunque es poco probable, algunos sectores confían en que se opte por una solución intermedia, como la de los estudiantes que pasan raspando.
En las últimas horas, la actividad ha sido intensa. Colombia ha desplegado una ofensiva diplomática con reuniones bilaterales, visitas de altos funcionarios y mensajes por todos los medios dirigidos a convencer a la Casa Blanca de los esfuerzos realizados en una guerra que muchos analistas consideran perdida.
En una columna publicada en el diario The Washington Post, el embajador Daniel García-Peña aseguró que descertificar a Colombia “solo beneficiaría a quienes se lucran con las economías ilegales”.
Para el diplomático, esta medida podría debilitar la economía colombiana, así como afectar la interceptación marítima y aérea de drogas y obstaculizar el flujo de información de inteligencia.
“Colombia continuará su lucha contra los carteles de la droga, ya que hacerlo redunda en nuestro interés nacional. Pero sin la participación de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán insuficientes”, afirmó.
Ofensiva en todos los frentes
En el marco de la agenda adelantada, al embajador lo acompañaron el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, y el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides. Con ellos hubo reuniones con congresistas de comités clave y con funcionarios del Departamento de Estado.
Así, por ejemplo, hubo una cita con John James Mackenzie, miembro mayoritario del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del Comité de Seguridad Nacional de la misma corporación, donde se abordaron esfuerzos conjuntos frente a organizaciones criminales y se destacó la importancia de reforzar la cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos.
Posteriormente, en un encuentro con el congresista Greg Landsman, integrante del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, se presentó el enfoque integral de Colombia en la lucha contra las drogas que combina acciones de seguridad con programas sociales y cooperación internacional.
El embajador subrayó que se trata de un abordaje sostenible para reducir tanto la producción como el tráfico de estupefacientes.
En este contexto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) realizó un análisis titulado ‘La herramienta equivocada: por qué descertificar a Colombia sería un gran error’.
En este documento se explica que la práctica estadounidense, vigente desde hace décadas, de juzgar y castigar a otros Estados por un desempeño antidrogas supuestamente deficiente mediante la “descertificación”, es, dice textualmente, una herramienta de política exterior anticuada, contundente y contraproducente que ya no debería existir.
“La Casa Blanca no debe usar la descertificación para castigar al pueblo de Colombia, un país aliado desde hace mucho tiempo que ha sido el mayor productor mundial de cocaína desde la década de 1990 y que ahora enfrenta crecientes desafíos de seguridad. (Colombia no es una fuente importante de fentanilo, metanfetamina ni otras drogas sintéticas)”, señala el documento.
Los problemas de gestión de Petro
WOLA sostiene que, si bien el Gobierno de Gustavo Petro no ha alcanzado sus propios objetivos de seguridad y gobernanza —incluidos los relacionados con la producción ilícita de drogas—, esto obedece más a problemas de gestión y liderazgo que a una voluntad de favorecer a los narcotraficantes.
“Una sanción unilateral por parte de Estados Unidos, cortando la ayuda y el crédito, agravaría el daño en un momento delicado, dificultando aún más el logro de los objetivos estadounidenses en Colombia”, advierte.
Aun así, la organización admite que existe una línea de pensamiento que considera probable la descertificación. Es posible que la administración Trump retire la certificación a Colombia por su incumplimiento demostrable de las obligaciones antidrogas.
“Esta sería la primera vez que una administración estadounidense descertifica a Colombia desde 1997. Desde entonces, solo Bolivia y Venezuela han recibido esta sanción en América Latina, a diferencia de Colombia, que mantiene relaciones cordiales con Washington. (Guatemala y Haití fueron descertificados brevemente a inicios de la década de 2000, pero las sanciones fueron levantadas)”, agrega el documento.
La Sección 490 de la Ley de Asistencia Exterior, aprobada en 1987 y enmendada en 2002, establece un proceso anual en el que el presidente de Estados Unidos debe enumerar todos los principales países de origen y tránsito de drogas ilícitas, y luego seleccionar cuáles deberían enfrentar sanciones por “no cooperar demostrablemente” con las obligaciones internacionales.
Estas sanciones incluyen un recorte del 50 por ciento en la asistencia de Estados Unidos y un voto automático de “no” a los préstamos y créditos de los bancos multilaterales de desarrollo.
WOLA recuerda que la última vez que Colombia fue descertificada, en 1996 y 1997, el entonces presidente Ernesto Samper fue acusado de recibir fondos ilícitos del narcotráfico para su campaña.
En 2017, durante el primer año del Gobierno de Donald Trump, la certificación a Juan Manuel Santos estuvo a punto de ser retirada debido al aumento en la producción de coca, pero diplomáticos de alto rango persuadieron a Trump de no hacerlo para evitar socavar la cooperación con el principal receptor de ayuda estadounidense en el hemisferio.
El daño de una descertificación
WOLA insta encarecidamente a la administración Trump a no descertificar a Colombia en 2025. “Una descertificación perjudicaría directamente al pueblo colombiano y reduciría la capacidad del Gobierno de Colombia para protegerlo de grupos criminales e insurgentes violentos. Además, dificultaría que el gobierno estadounidense persiga otros intereses en el tercer país más poblado de América Latina”, subraya.
La organización advierte que si la Casa Blanca no levanta las sanciones, nuevos recortes reducirían la ayuda estadounidense a Colombia a sus niveles más bajos en décadas, probablemente desde los años ochenta.
Esto afectaría prioridades humanitarias y de desarrollo, así como los objetivos de aumentar la presencia estatal en zonas rurales, reducir la impunidad e implementar el Acuerdo de Paz de 2016. Incluso podría impactar la cooperación militar, privando a las fuerzas de seguridad colombianas de recursos para el mantenimiento de equipos obsoletos.
Aunque cualquier recorte adicional se vería mitigado por las reducciones ya aplicadas por la administración Trump a la asistencia exterior, el daño acumulado sería considerable. A principios de año, las congelaciones y revisiones de la ayuda ya habían provocado recortes profundos en América Latina, con impactos especialmente graves en Colombia.
Si bien WOLA no cuenta con cifras exactas, estima que la ayuda estadounidense a Colombia en 2025 podría caer a menos de 100 millones de dólares, frente a un promedio superior a 550 millones de dólares anuales en el siglo XXI.
Impacto financiero
El impacto de un voto automático de ‘no’ en los bancos multilaterales de desarrollo es más difícil de medir. Aunque el porcentaje de votos de Estados Unidos en el Banco Mundial (15,8 por ciento) y en el Banco Interamericano de Desarrollo (30 por ciento) no otorga poder de veto, sí puede reducir la liquidez disponible.
La Cámara Colombo Americana, AmCham, calcula que la pérdida podría oscilar entre 431 y 517 millones de dólares anuales en el peor escenario.
De hecho, AmCham Colombia elaboró un modelo de riesgo que evalúa cinco dimensiones: reducción de cultivos ilícitos, interdicción (acciones de intercepción de cargamentos), extradiciones y justicia, compromisos internacionales y voluntad política.
En reducción de cultivos ilícitos, el desempeño es crítico: en 2023 se registraron 252.572 hectáreas de coca, con un incremento del 9,8 por ciento frente a 2022 y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, un aumento del 53 por ciento.
La erradicación forzosa cayó a mínimos históricos, con apenas 1.509 hectáreas eliminadas a junio de 2025 frente a una meta de 30.000, mientras que la aspersión aérea sigue suspendida.
En contraste, los resultados en interdicción y control del tráfico son más positivos: en 2024 se incautaron 960 toneladas de cocaína, un récord histórico que refleja la coordinación con Estados Unidos y otros socios. No obstante, el aumento sostenido de la producción reduce la eficacia relativa de estas incautaciones.
Lo que más molesta en la Casa Blanca
En materia de extradiciones y justicia, Colombia mantiene un flujo anual de más de 60 entregas, acompañado de juicios y condenas a narcotraficantes, lo que refuerza la cooperación judicial. Sin embargo, la pausa en solicitudes durante 2025 y las sospechas de contactos políticos con estructuras criminales debilitan este indicador, dice AmCham.
Aunque no los menciona explícitamente, se trata de hombres dedicados al narcotráfico y cuyas extradiciones están en pausa por encontrarse en conversaciones en el marco de la Paz Total. Este es un punto que, dicen en círculos bien informados de la Casa Blanca, que más inquietud causa.
En compromisos internacionales, añade AmCham, el país muestra un cumplimiento sólido de tratados de la ONU y acuerdos bilaterales, alcanzando una de las calificaciones más altas.
En voluntad política, en cambio, la percepción es débil: la reducción drástica de metas de erradicación, la apertura de negociaciones con el Clan del Golfo —catalogado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO)— y el respaldo a regímenes como el de Venezuela generan dudas sobre el compromiso real del Estado colombiano.
Según AmCham Colombia, con base en los cinco criterios evaluados, el Índice de Cumplimiento Compuesto se ubica entre 34,5 por ciento y 44,5 por ciento, lo que representa un nivel bajo de desempeño y una probabilidad de descertificación de entre 55 por ciento y 70 por ciento.
“Desafortunadamente, los éxitos alcanzados en la incautación e interdicción de droga están siendo opacados por el aumento en la siembra de coca. Colombia debe plantear una meta alcanzable y verificable en los próximos doce meses. De igual forma, se requiere avanzar en cooperación judicial y reforzar mecanismos como la extradición. Las decisiones de no extraditar no son una buena señal para Estados Unidos y tampoco han contribuido a la construcción de paz en nuestro país”, indicó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.
Entre tanto, el país aguarda la decisión, justo cuando Trump ha decidido lanzar su poderosa máquina de guerra en el Caribe para enfrentar a los narcotraficantes, su enemigo declarado, frente al cual no piensa hacer concesiones.
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